Javier Peñalosa Castro
Finalmente llegó a su fin la gestión de Arely Gómez al frente de la Procuraduría General de la República, y si bien no se anotó un solo éxito, hizo lo necesario para que perdieran volumen los reclamos populares para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la matanzas de Tlatlaya, Tanhuato – Ecuandureo, Apatzingán y un sinnúmero de expedientes de crímenes de Estado que se añejaron en los cajones del escritorio de Gómez, quien hoy es premiada con la secretaría resucitada por el régimen para hacer el caldo gordo y justificar las trapacerías de Peña y su camarilla, y al frente de la cual estuvo, mientras fue de utilidad, Virgilio Andrade, el pelele de los ricitos en la frente que sirvió de tapadera en los escándalos de corrupción protagonizados por Peña y de su otrora lugarteniente, Luis Videgaray.
Arely Gómez, Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia en tiempos de Fox, promovida al Senado sin más mérito que el de ser hermana del entonces vicepresidente de Noticieros de Televisa, Leopoldo Gómez, fue ungida como procuradora para sustituir a un cansado Jesús Murillo Karam, a quien le explotó el caso Ayotzinapa, y luego de haber tratado de imponer su “verdad histórica”, se le enredó hasta provocar su retiro, tras una breve escala en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El que releva a Arely Gómez en la Procuraduría General de la República es otro de los incondicionales de Peña Nieto. Su operador jurídico; su incondicional en el Congreso y su hombre de confianza para tratar de salvar la cara en el contexto de la persecución del gobernador con licencia de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, supuestamente buscados por una larga lista de delitos patrimoniales, y a quienes, por más que se llegue a meter a la cárcel, difícilmente se les hará regresar un solo centavo de lo sustraído de las arcas de los estados que saquearon a mansalva.
A Duarte, en especial, habría que juzgarlo también por los asesinatos de periodistas cometidos durante su mandato, investigar los asesinatos múltiples de presuntos narcotraficantes que tuvieron lugar durante su administración, así como por el florecimiento de delitos como el secuestro, la violación y los “ajustes de cuentas”. Pero si es muy poco probable que se le llegue a molestar con el pétalo de una incautación de lo robado, menos aún es de esperarse que el nuevo procurador lo procese por estos delitos graves, por los que tendría que pasar el resto de su vida en la cárcel.
Y hasta ahora hablamos sólo de los casos más sonados. Aquellos en los que existe alguna posibilidad de escarmiento. Pero ahí siguen los casos de exgobernadores y gobernadores en funciones con una larga lista de trapacerías en su haber a quienes no existe siquiera la intención de investigar, como Humberto Moreira, de Coahuila, Rodrigo Medina, de Nuevo León, César Duarte, de Chihuahua, Roberto Borge, de Quintana Roo, Rafael Moreno Valle, de Puebla, Manuel Velasco, de Chiapas, Rubén Moreira, de Coahuila, y Gabino Cué, de Oaxaca, entre muchos otros.
Todos estos políticos impresentables y algunos más pertenecen a distintos partidos. Sin embargo, tienen algo en común: la complicidad con el peñismo, la incapacidad para gobernar y la codicia sin límites para despojar a la hacienda pública de sus fondos y a los mexicanos de su patrimonio.
Seguramente con la intención de crear expectativas, apenas llegó a la PGR, Cervantes hizo correr el rumor de que estaba próxima la captura de Javier Duarte y de Guillermo Padrés. Tal afirmación no hace sino despertar sospechas en el sentido de que se habría pactado con ambos para que se presten a ser chivos expiatorios a cambio de condenas muy inferiores a las que deben aplicárseles, y que ahí parará, en los hechos, el supuesto furor anticorrupción que han asumido como estandarte Peña y su grupito de validos.
Otra de las tareas que tiene a la vista este par de recién llegados es la de cubrir las espaldas del grupito que malgobierna al País en vísperas del temido —por la ciudadanía e incluso por las arcas, si fueran capaces de albergar sentimientos— “año de Hidalgo”, que se perfila como el peor de los seis que le tocaron a Peña y su camarilla, por el grado de rapiña y despojo que se habrá de vivir, empeorado por un entorno macroeconómico desolador y la incapacidad manifiesta de este grupo para, siquiera, “nadar de muertito” sin provocar una catástrofe.
Y, por supuesto, la encomienda de salir al paso en los medios cuando se presenten nuevos escándalos como los de la Casa Blanca de Peña y la finca de Videgaray en Malinalco, y el pago del predial del condominio de Angélica Rivera de Peña en Miami, en los que intervino como comprador, vendedor, arrendador o mero patrocinador, el grupo Higa, parapeto empresarial de los enjuagues del grupo Atlacomulco, que ha acompañado permanentemente a Peña y su pandilla a su paso por el poder.
Sólo falta por ver si, en aras de la credibilidad, Cervantes y Gómez ofrecen un chivo expiatorio medianamente creíble, o si pretenden seguir dando atole con el dedo a los mexicanos.
