Columna de opinión
Camionetas blindadas, togas de lujo y retratos de la vanidad
José Luis Parra
José Luis Parra
La nueva Suprema Corte, nacida del vientre del obradorismo y criada bajo el cobijo de la 4T, llegó con la espada de la austeridad en alto y la promesa de no repetir los vicios del pasado. En septiembre tomaron protesta los primeros ministros electos y, como buenos actores en su debut, arrancaron la función con un gesto simbólico: bajarse el sueldo. Bien por ellos. Lo malo es que el show duró lo que un aplauso educado.
Tres días después, devolvieron nueve camionetas blindadas que habían comprado para su flamante arribo. No las necesitaban, dijeron. O más bien: no las podían justificar sin quedar como hipócritas. En el México pos-AMLO, los gestos valen más que los hechos, y cuando esos gestos se contradicen con compras de 300 mil pesos en togas o contratos de 35 mil pesos para retratos que ni se pintan, la indignación ciudadana se enciende como pasto seco.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar —que no es Hugo Aguilar el excomandante sinaloense, aunque parezca que sí por la escolta— había dicho en su toma de protesta que “no puede haber justicia con privilegios”. Casi suena a frase tallada en mármol. Y como todo lo que se talla en mármol, pesa. Ahora le rebota.
El asunto de las camionetas es apenas una escena en este sainete judicial que pretende disfrazarse de revolución moral. Primero las compraron, luego las regresaron, después las reasignaron a jueces de alto riesgo. Muy bien. Pero entonces, ¿quién las necesitaba realmente? ¿Los ministros en su torre de marfil o los jueces que caminan a diario por el filo de la navaja?
El Órgano de Administración Judicial había advertido de “riesgos previsibles” al justificar la compra. Pero al reasignarlas, esos riesgos, ¿ya no aplican para los ministros? ¿O aplican solo cuando conviene? El problema de predicar con el ejemplo es que hay que vivir como se predica. Y eso, en México, duele más que recortarse el aguinaldo.
Y a eso súmele la licitación para un retrato institucional de la ministra Lenia Batres. Nunca se hizo, dicen. Pero se pagó, o al menos se tramitó. A eso le llaman “registro histórico”. Pero si de historia se trata, hay mejores formas de ser recordado que posando en óleo con toga nueva.
La ciudadanía ya no traga entero. Las redes sociales no perdonan y la presidenta Sheinbaum, siempre en modo directora de escuela, ya les jaló las orejas: “Es una nueva Corte, debe haber una visión distinta”. Austeridad no como performance, sino como convicción.
Y en eso están. En el intento de parecer lo que aún no son. En decir que sí al ideario del régimen mientras compran con tarjeta ejecutiva. En navegar en aguas turbias donde ya no hay salvavidas discursivo que flote. La Corte se convirtió en símbolo, pero no por su justicia: por sus incoherencias.
Dicen que los símbolos son importantes. Pero más importante es que no se contradigan. Porque cuando el mensaje es de austeridad, pero el mensajero huele a blindaje, toga bordada y pincel caro, el mensaje se anula. Y el mensajero, se vuelve caricatura.
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