Por Alejandra del Río |
Campeche se ha convertido en el laboratorio dictatorial del Palacio Nacional, La gestión de Layda Sansores exhibe, en escala local, lo que podría convertirse en el modelo de las “dictaduras del siglo XXI” a la mexicana: concentración de poder, persecución política y decretazos que sustituyen la deliberación democrática.
La gobernadora ha hecho de la falta de libertad de expresión, una política de Estado. Los críticos son hostigados, la prensa es presionada y la oposición se convierte en enemigo interno, echar un vistazo al caso del periodista Jorge González lo dice todo, a sus 72 años ha tenido que abandonar su carrera y cerrar el medio que dirigió, como medida cautelar en el proceso penal iniciado por la gobernadora Layda Sansores que lo denuncio por “delito de odio” se trata de sofocar cualquier voz disidente, tal y como se ha querido hacer a nivel federal con cientos de periodistas perseguidos, Carlos Loret quiza el que más, haciendo gala de los vericuetos del nuevo sistema judicial o habria que llamarlo SU sistema Judicial, con la denuncia de Pío López Obrador, que no contento con ser captado recibiendo sobres de sobornos que venian directito desde Chiapas para granjear voluntades, todavía demandó a Loret al exhibirlo por la módica cantidad de 200 millones de pesos…vaya ahora resulta que la pregunta diaria de ¿Cuánto ganaba Loret? del hermanito de Don Pío, ¡Era para estimar la suma que le iban a robar!
La Guía práctica para establecer dictaduras latinoamericanas, que es como suelo llamar al Foro de São Paulo, comienza con la narrativa del pueblo primero, para apropiarse de todo a largo plazo, pasando por la satanización del neoliberalismo, la persecución política, la eliminación de la libertad de expresión, la generación del encono social, las expropiaciones y nacionalizaciones a empresarios, industriales y políticos enemigos del regimen y la legitimación del abuso en nombre de los devalidos, mientras en realidad se ignoran las causas sociales y se genera una nueva casta de privilegio.
El ejemplo extremo es la expropiación de terrenos de la familia del Senador Alejandro Moreno Cárdenas, Presidente del PRI, ex-Gobernador de Campeche y principal rival político de Layda Sansores. No es un acto de interés público transparente, sino una revancha personal disfrazada de política social, orquestada desde Palacio Nacional junto con denuncias de peculado que la misma Presidenta de la República hace falsamente ante los medios de comunicación en la mañanera, sabiendo que lo que acusa ya fué juzgado y el Senador Moreno fué exonerado, pero la Presidenta simplemente monta el discurso, sin importar que haya dictamenes de la Corte y que el caso no pueda volver a ser juzgado.
Tal es la molestia que ha causado que el Presidente del PRI acusara ante organismos internacionales y ante instituciones norteamericanas a los políticos morenistas encabezados por López Obrador, de formar parte del que Moreno llamó “El Cartel de Macuspana” de tener lazos con el crímen organizado y de saquear al pueblo de México; lo que lo convirtío ya en el mayor perseguido político de este régimen, un día lo amenazan con el desafuero, al día siguiente lo acusan de peculado, al día siguiente le expropian propiedades a su madre, las medidas recuerdan a las tácticas chavistas: el Estado que despoja para doblegar, no para redistribuir, los ataques dirigidos a acallar.
A esto se suman los decretos unilaterales con los que Sansores intenta gobernar sin contrapesos, anulando en los hechos la función del Congreso local y subordinando a la judicatura. Cada resolución sienta precedente para legitimar el abuso de poder bajo la coartada de la “voluntad popular”.
El riesgo de Campeche es simbólico y real: allí se ensaya lo que podría ser la primera dictadura formal en México, no en el discurso, sino en la práctica. Cuando la crítica es silenciada, la propiedad privada vulnerada y los poderes subordinados, el régimen deja de ser democrático, aunque conserve la apariencia electoral.
La pregunta es si el resto del país mirará hacia otro lado, como ocurrió en Venezuela cuando los primeros pasos parecían anécdotas locales, o si advertirá a tiempo que Campeche no es un caso aislado, sino un espejo incómodo del futuro.
