Lilia Arellano
“La pobreza, para ser pintoresca, debe ser rural”: Anthony Trollope
● Campo, falla de la 4T
● Predominan subejercicios y recortes al sector agropecuario
● Resiente diversas amenazas la propiedad agraria en México
● EPN impune, pese a las 177 denuncias de la ASF a su gestión
Ciudad de México, 4 de marzo de 2020.- El campo, la producción agropecuaria, la soberanía alimentaria, son otros de los grandes pendientes del régimen de la auto denominada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todo indica no está entre las prioridades de su administración. Se suma así a la desatención a la inseguridad pública del país, convertido en un verdadero cementerio e imperio de la impunidad; a la parálisis económica, sin acciones eficaces del gobierno para garantizar certidumbre jurídica indispensable para generar riqueza en el territorio nacional; a la desatención de la salud y el desarrollo social, pues los recursos se concentran en programas de rentabilidad electoral. La estrategia de la administración obradorista se encuentra basada en programas asistencialistas y no logran aumentar la producción o mitigar las múltiples carencias de la población rural, mucho menos podrán alcanzar el objetivo de rescatar al campo y obtener la autosuficiencia alimentaria. La ineficacia administrativa predomina, sobre todo en el campo, en donde no sólo se recortan recursos a las actividades agropecuarias, sino los aprobados no se ejercen eficazmente ni en su totalidad. Mucho por hacer queda en este rubro fundamental para al sano desarrollo de la Nación.
El caos prevaleciente en la gestión del tabasqueño se puso nuevamente de relieve con el caso del programa “Sembrando Vida” y la renuncia del amigo del presidente, Javier May, subsecretario y titular de dicho programa. También se exhibió su ignorancia sobre lo que sucede incluso al interior de su propio gabinete. Debió de intervenir el tabasqueño para que el subsecretario se reintegrará a sus labores y giró instrucciones a fin de publicar un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación y dejar sin efectos el publicado el pasado viernes, en el cual la Secretaría se adjudicaba todas las funciones desempeñadas hasta ese momento por May. La justificación para el cese del titular de “Sembrando Vida” es la falta de resultados. El programa tenía previsto la siembra de 575 millones de plantas en 2019, pero solamente logró sembrar 80 millones, un porcentaje muy por debajo de lo programado.
El desinterés en el campo, en el sensible rubro de la producción de alimentos, del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha registrado a lo largo de su administración, así como el incumplimiento de sus promesas a los campesinos en el sentido de que “rescatará al campo mexicano” e invertirá para lograr la autosuficiencia alimentaria. El presupuesto público del año pasado, elaborado en gran parte por la administración de Enrique Peña Nieto todavía, concentró los recursos públicos para el sector rural y su población en el anexo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación llamado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).
De acuerdo a la información reportada por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el mes pasado, en relación a las finanzas públicas de 2019, destaca el subejercicio en el PEC, el cual ascendió a casi 25,400 millones de pesos. Es decir, de lo originalmente presupuestado no se ejerció esa cantidad, la más grande de 2012 a la fecha. Además, dentro de los recortes al presupuesto el año pasado encontramos diversos programas muy importantes que dentro de sus objetivos están fomentar la producción y productividad del sector como: Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Productividad y Competitividad, entre muchos otros.
En esa situación se encuentran incluso programas considerados como prioritarios por AMLO. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran cuatro programas prioritarios del presidente y dos de ellos se ubican entre los subejercidos: Crédito Ganadero a la Palabra, que dejo de ejercer 3,025 millones de pesos, el 76% de su presupuesto original; y Fertilizantes, que subejerció 423 millones de pesos, que equivalen al 28% del presupuesto original. Los dos programas registraron diversas irregularidades en su aplicación. En cuanto a los programas que si cumplieron la meta de su presupuesto, hay muchas observaciones: Producción para el Bienestar, herencia de lo que fue Procampo, un subsidio en efectivo entregado a los productores para “sembrar efectivamente y utilizar las mejores prácticas agroecológicas”. El promedio de este proyecto resulta cerca de 6,000 pesos anuales, por lo cual es un monto insuficiente y los productores, en su mayoría, no utilizan esos recursos para producir.
Y el segundo programa, Precios de Garantía, paga un sobreprecio a los pequeños productores de hasta 20 hectáreas, en productos como maíz, frijol, arroz, leche y trigo panificable, con la intención de incentivar a producir alimentos que consideran estratégicos. No obstante, los productores se quejan de que es muy difícil vender a SEGALMEX, la empresa estatal encargada de comprar los productos, debido a que exige altos estándares de calidad y reduce el volumen (y por lo tanto el pago) de las cosechas que recibe. Además, este programa termina beneficiando a grandes productores debido a que son ellos quienes terminan vendiendo sus cosechas con prestanombres y obteniendo los beneficios del programa. También, este programa puede generar externalidades como menor producción de productos con mayor valor comercial, mayor consumo de agua, arbitraje, entre otros.
RECORTES AL CAMPO
Y este año la situación no sólo no se corrige sino se empeora la orientación de los recursos públicos al campo. Desde la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2020 del gobierno federal a la Cámara de Diputados, se mostró un incremento de 4.4% con respecto al autorizado en el 2019, sin embargo en lo referente al campo se estableció un recorte. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el gasto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) sería de 46,253 millones de pesos, casi 20,000 millones de pesos menos frente a los 65,434 millones de pesos que fueron aprobados para el 2019.
Por rubros: el Programa Especial Concurrente (PEC), que involucra a 13 secretarías y ramos generales, tuvo una propuesta de asignación de 331,433 millones de pesos; el cual es un decremento de 20,636 millones de pesos, lo que representa 5.86 por ciento menos con lo aprobado en 2019. Dentro de los programas que tienen reducciones significativas se encuentran: el Programa de Concurrencia y Actividades Productivas, el Programa de Competitividad Agroalimentaria, el Programa de Fomento Ganadero y el Programa de Sanidad e Inocuidad, y resultó particularmente preocupante la falta de financiamiento al seguro agrícola, el encargado de enfrentar las consecuencias del cambio climático y de la sequía.
A quienes les quitaron totalmente los fondos para su operación a escala nacional están: agromercados sociales y sustentables, el de capitalización productiva agrícola, estrategias integrales de política pública agrícola, paquetes productivos, pesqueros y acuícolas, de concurrencia con las entidades federativas, de fomento ganadero, de energías renovables y el de adquisición de leche a productores nacionales.
Nuevamente, los más beneficiados con un incremento considerable en su presupuesto fueron: Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y Producción para el Bienestar, programas eminentemente asistencialistas.
Indudablemente, el recorte al campo afecta la productividad del sector. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), externó en su momento su extrañeza y preocupación por el recorte de recursos al campo: “Y no sólo nos preocupa el recorte al presupuesto sino también la eliminación y disminución de programas que son vitales para el desarrollo del sector agroalimentario, programas cuyo enfoque es elevar la productividad, mejorar la infraestructura y en algunos casos tratar de disminuir las asimetrías entre los pequeños, medianos y grandes y poder competir con nuestros principales socios comerciales”, destacó.
Desde esa ocasión, el dirigente agropecuario advirtió la disminución de recursos en programas productivos, investigación y sanidad, ponen en riesgo la producción y las exportaciones nacionales este año. También destacó será imposible lograr la autosuficiencia alimentaria bajo este escenario, ya que se tendrán que importar más granos como maíz, trigo, soya y arroz, cuyo porcentaje de importación el año pasado se ubicó entre 30, 46, 94 y 100 por ciento, respectivamente.
En resumen, la política agropecuaria de la 4T rompió el ritmo y dinamismo del sector: “El sector agroalimentario ha venido creciendo y presentando un gran dinamismo en estos años, para el primer semestre de este año la economía en su conjunto creció 0.3% y el sector agroalimentario lo hizo en 3.6%; en el empleo en sector agropecuario a junio del 2019 creció 5%, cuando el nacional lo hizo en 2.2%; las exportaciones agroalimentarias al primer semestre están rompiendo récords, estamos hablando de 20,000 millones de dólares y también rompiendo récord el superávit de exportaciones con más de 7,000 millones de dólares, estamos estimando cerrar este año con 9,800 millones de dólares en superávit”, destacó Bosco de la Vega en octubre del año pasado.
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario recordó la competencia no está entre los productores nacionales, sino entre éstos con los del extranjero, pues, resaltó, México tiene firmados 13 tratados comerciales con 50 países.
PROPIEDAD SOCIAL AMENAZADA
La Revolución Mexicana impulsó la reforma agraria. A lo largo de un extenso período se entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio mexicano y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con lo que se establecieron cerca de 30 mil ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Pero la reforma no logró el bienestar perseguido y los campesinos a los que llegó viven hoy en pobreza, en muchas ocasiones extrema. El deterioro paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se pretendió reorientar el desarrollo rural. Pero la reforma agraria quedó inconclusa, y sus objetivos sociales y económicos no se alcanzaron.
Más de la mitad de la propiedad agraria en México es todavía de campesinos, más de 100 millones de hectáreas son tierras comunales, son ejidos, pequeñas propiedades. La propiedad social se ha mantenido en México, pese a que, en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, se modificó el marco legal con una intención privatizadora de las tierras. Sin embargo, las tierras bajo propiedad social siguen enfrentando actualmente amenazas: la parcelación de áreas comunes, da paso a la privatización de esas parcelas; el otorgamiento de concesiones mineras; la presión para que las comunidades cedan sus territorios para instalar mega proyectos energético, turísticos, inmobiliarios, agroindustriales y de infraestructura, bajo diversos esquemas pseudolegales, incluyendo consultas viciadas; renta de tierras; e individualización de los apoyos al campo.
Pero, lamentablemente, la atención de esta problemática no está entre las prioridades de la Cuarta Transformación.
DE LOS PASILLOS
La armadura de impunidad del ex presidente Enrique Peña Nieto le sigue funcionado perfectamente pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 117 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos de recursos y otras irregularidades cometidas durante el sexenio del mexiquense. Este número se incrementará en los próximos meses debido a que la ASF aún no presenta las correspondientes a la Cuenta Pública de 2018, cuyo último paquete de auditorías fue entregado a la Cámara de Diputados el pasado 20 de febrero…
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias penales entre 2019 y 2020, que amparan operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 281 mil millones de pesos en retiros y ha bloqueado 12 mil cuentas con recursos por 4 mil 554 millones de pesos… Las pesquisas incluyen un fraude en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y operaciones ligadas a la pornografía infantil por parte del grupo religioso La Luz del Mundo, informó Santiago Nieto, titular de la UIF, quien precisó se trata de recursos asociados a narcotráfico, secuestros, trata de personas y defraudación fiscal vía empresas factureras, entre otras actividades ilícitas.
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