Lilia Arellano
“Es mejor no ofrecer ninguna excusa que una mala”: George Washington
● Cancelar el NAIM, “Fobaproa” de la 4T
● “No hay error” en costo de cancelación: Agustín Caso
● Depósitos en Andorra asestan KO al PRI y a Beltrones
● Los “Manueles” acordaron más deuda para Quintana Roo
Ciudad de México, 10 de marzo de 2021.- A pesar de la furibunda arremetida del aparato de Estado, encabezada por el presidente López Obrador, contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque las auditorías y reportes sobre la cuenta pública de su primer año de gestión invalidan el discurso de austeridad y combate a la corrupción, el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, responsable de la revisión relacionada con los costos de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la cual estimó en 331 mil millones de pesos y luego reconoció “hubo inconsistencias” en la cuantificación del monto, defendió ante los miembros de la Comisión de Vigilancia la fiscalización a su cargo, y sostuvo “no hubo un error” en el dictamen, sino ópticas distintas de análisis, igual de válidas. El origen de la confusión, subrayó, es que la inhabilitación del aeropuerto “no está cerrada (…) Se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos que pueden concretarse hasta en 26 años”.
Se presenta en el más claro panorama el Fobaproa de la 4T, la “transformación” de una decisión, cancelar la obra, en deuda pública. Al señalar Caso Raphael se conocerá la suma total hasta pasadas dos décadas, no es difícil plantear se trata de los plazos de liquidación de los bonos e inversiones hechas por grupos extranjeros y el monto irá creciendo conforme se apliquen los intereses acordados, independientemente de la existencia de probables retrasos en las liquidaciones merced a la situación económica por la cual atraviesa el país. El escándalo se detonó el mes pasado al informarse por parte de la ASF la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) ordenada por AMLO, le costó al erario más de 331 mil 996 millones de pesos, una cantidad que le permitiría al gobierno federal construir 4 aeropuertos como el de Santa Lucía, con una inversión –hasta el momento- de 82 mil 136 millones de pesos.
De acuerdo con la entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública del 2019, la suspensión del proyecto aeroportuario en Texcoco no fue de 100 mil millones de pesos como lo afirmó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entonces dirigida por Javier Jiménez Espriú -quien renunció a la 4T el pasado mes de julio-, sino que el costo habría superado en 232 por ciento las previsiones de la administración del tabasqueño. La ASF reveló hasta 2019, la cancelación del NAIM supuso costos no recuperables por 70 mil 497 millones de pesos; la terminación anticipada de contratos por 7 mil 629 millones de pesos; los costos derivados del esquema de financiamiento (Fideicomiso MEXCAT) por 34 mil 27 millones de pesos, además de los costos legales derivados de la cancelación de proyectos por 498 millones de pesos, hasta el momento. El costo puede aumentar debido a la caída en la calificación del soberano, pues está pendiente la liquidación del 70 por ciento de los bonos emitidos para financiar el proyecto. O sea la base de ese multimillonario endeudamiento el cual deberá ser liquidado por los mexicanos, por todos, a causa de la determinación de uno sólo, de quien resulta imposible pedir razonamiento cuando de cumplir caprichos se trata.
Caso Raphael está separado de su cargo tras la embestida en su contra coordinada desde Palacio Nacional, mientras se desarrolla una investigación sobre posibles tintes políticos de trasfondo en el dictamen que tantas molestias ocasionaron a López Obrador. El auditor especial sostuvo: está área (ASF) es ajena a discusión partidista. Destacó en 50 años de trayectoria nunca ha sido señalado o sancionado por alguna irregularidad. Ante los legisladores, declaró: “manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política en el equipo auditor”, y negó cualquier tipo de presión. “Nunca he sido presionado por nadie en mi carrera, no por agentes externos ni por agentes internos, porque la ASF no responde a intereses o influencias ajenas a las estrictamente señaladas en la ley”.
El Auditor Especial de Desempeño de la ASF explicó: “No vengo a defender a capa y espada, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan con igual validez, dos ópticas distintas”. Precisó que en el informe presentado el pasado 20 de febrero, en el cual se dio a conocer costó 331 mil millones de pesos la cancelación del NAIM, pero que después, ante el embate presidencial y del gabinete, se reconoció en una carta que hubo “inconsistencias” en la cuantificación del monto, la auditoría contempló datos de “costos futuros”, es decir, recursos que no han sido pagados, instrumentos financieros que no se han cancelado, y la carga financiera que implicará la recompra de bonos que se materializará en un futuro”. De esta forma, los 331 mil millones que presuntamente costó la cancelación del NAIM se divide en dos montos: 165 mil 540 millones que ya fueron erogados hasta 2019 y 168 mil 455 millones de “costos adicionales”, que se prevé se generarán en los próximos años.
Caso Raphael señaló en la comparecencia: “No es la intención de su servidor pretender imponer una cifra sobre otra, no sólo por su origen y naturaleza distinta, sino porque son hipótesis que se habrán de materializar en el momento en que concluya el proceso de cancelación del aeropuerto que aún está en proceso, y por tanto sería inadecuado en este momento establecer cifras definitivas y más aún si el proceso de auditoría aún se está desarrollando”. Explicó en el mismo diseño de la auditoría se aclara que la revisión de cumplimiento financiero no corresponde a un solo año, sino se valoran los tres tipos de costos de un proceso iniciado hace siete años, así como estimaciones de costos a futuros “que pueden concretarse o no”.
Al ser cuestionado sobre la publicación de la carta aclaratoria, Caso Raphael justificó no podría dar información al respecto, pues está sujeto a un proceso administrativo que se lo impide. “No es pertinente en este momento procesal dar una cifra nueva que quiera establecerse como una verdad inamovible, además me encuentro imposibilitado para manifestarme al respecto, ya que actualmente se lleva a cabo una investigación y debo de ser respetuoso del debido proceso”, señaló. En cuanto a los cuestionamientos hechos por el gobierno federal y la bancada de Morena, sobre dicha auditoría, Caso indicó que en ésta no hay algún señalamiento hacia algún servidor público, así como petición de promoción de sanciones por conductas graves o no graves, y “al no tener algún elemento punitivo con estos elementos queda claro que no existió ninguna intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal o algún ente o algún gobierno”.
Para responder a una pregunta de la diputada de Morena, Sandra Paola González, sobre la objeción del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, a la información difundida por la ASF en dicha auditoría, Caso Raphael reiteró: “No hay error, hay una metodología que arroja una serie de cifras; es muy respetable la posición del secretario de Hacienda y desde luego sus consideraciones y su análisis serán debidamente tomadas en cuenta en el proceso de seguimiento de la propia auditoría”. Consideró injusto que por un informe individual dentro de mil 400 “se ponga en tela de juicio la credibilidad de una institución tan seria como la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”. Insistió en que nadie está mintiendo, no hay dicotomía sobre si una visión y otra es la correcta. Concluyó las auditorías de desempeño están sujetas a un proceso muy riguroso de verificación, el cual está fundamentado en las normas, eso permite dar certidumbre que las auditorias están bien hechas”.
DE LOS PASILLOS
Suenan fuerte los tambores dentro del PRI. Se preve otra guerra interna cuyo desenlace podría ser el fin de esa organización. No se trata, obviamente, de la detención del líder del tricolor en la capital del país, aunque también cuenta, sino de Manlio Fabio Beltrones, uno de los políticos emblemáticos de esa organización. Su hija, Sylvana Beltrones, senadora, según lo publica el diario El País, hizo depósitos millonarios en Andorra. El reportaje es suficientemente amplio y detallado. Sería esta una más de las cuentas decomisadas por el banco de ese país. Al respecto la legisladora mandó una carta aclaratoria a los medios de comunicación y también al informativo español en la cual intenta dar una amplia explicación presentando una justificación o deslinde mucho más difícil de creer o por lo menos de entender. El golpe va directo a dos partidos políticos, al tricolor y al Verde. En el fondo aparece la separación de Pablo Escudero del grupo de Roberto Gil Zuarth y las relaciones de todo ese grupo con el escándalo de Odebrecht. ¿Tiene Lozoya algo que ver en este “descubrimiento”? ¿Solamente Luis Alejandro Capdevielle, tiene responsabilidad sobre el depósito de 10.4 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra?… Aparentemente muy tranquilo, por la vía telefónica Beltrones sostuvo: “Tengo más de 40 años de privilegio de servir públicamente. Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate político, hay una investigación. No será la primera vez ni la última que se investiga a un político”… No cabe duda, como dice el tabasqueño, son tiempos electorales y… no se vale lanzar acusaciones… ¿Qué opinión le merecerá ahora el diario El País al mandatario? … ¿Adjetivará a conveniencia? Y, relacionado con ese país, todavía le faltan otros políticos, todos por cierto, de oposición…
Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas bloquearon este miércoles diversas avenidas, accesos y paraderos de la Ciudad de México, para exigir al gobierno capitalino mejoras laborales y el aumento de dos pesos a la tarifa de microbuseros, camionetas y autobuses concesionados. Al escribir estas líneas, los transportistas bloqueaban las avenidas Tacubaya, Observatorio, Tláhuac, Taxqueña, Doctor Gálvez, Coyuya, Constitución de 1917, Indios Verdes, Martín Carrera y Periférico Oriente, colapsando la circulación en la CDMX. Fue cerrada, en ambos sentidos, la circulación de la carretera México-Pachuca, a la altura de la salida a Ticomán, así como el cruce de la avenida Insurgentes e Indios Verdes. Desde la semana pasada anunciaron los transportistas se llevaría a cabo esta manifestación luego de no haber alcanzado acuerdos con el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, en las mesas de trabajo sostenidas. El secretario de Movilidad de la capital de la República, Andrés Lajous, descartó en una entrevista radiofónica la posibilidad de aumentar el precio del pasaje exigida por los transportistas. Recordó que en la reunión sostenida con la FAT se dialogó sobre las recientes afectaciones económicas al sector transporte, pero, también, se enfatizó el efecto sobre la economía de las familias de usuarios de estos servicios en particular, de quienes menos tienen…
Empiezan a salir los acuerdo tomados durante la visita a Quintana Roo del primer mandatario. Los medio tocayos: Andrés Manuel y Carlos Manuel, platicaron en corto y no por mucho tiempo. Requería el gobernador la aprobación de un crédito por 820 millones, se requiere garantizar el compromiso adquirido con el inversionista y constructor del famoso puente de la ciudad a la zona hotelera, un capricho presidencial más. Gustoso, el mandatario supo del respaldo del tabasqueño a las alcaldesas y empezó a darse ese lenguaje en el cual las sonrisas, los asentamientos de cabeza, el toque en el hombro y la tomada de brazo son las formas con las cuales se construye todo un fondo. Todos contentos y tal felicidad la trasladaron a la mañanera en donde el presidente recordó su medio tocayo no intervino en las elecciones del 2018. En ese templete, se ha comprobado, nada es gratuito.
