Hace unos días, se difundió la noticia de que 42 personas se intoxicaron con cannabis. Y hasta ahí puede que no parezca muy ‘escandaloso’; sin embargo, la nota fue que este hecho se produjo en una escuela primaria y la mayoría eran estudiantes de sexto grado.
Esto no es más que consecuencia de la falta de regulación. El Senado está revisando una ley para legalizar el consumo adulto del cannabis, y aunque se aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, los diputados hicieron varios cambios y la regresaron a la Cámara alta, pero fue archivada.
Después, en diciembre pasado, un grupo de senadores de diversas fracciones presentaron la iniciativa para crear la Ley Federal para la Regulación del Cannabis Psicoactivo, pero aún la aprueban. De hecho, todavía las comisiones encargadas de su revisión no tienen un dictamen para llevarlo al pleno.
Así, además de no regular en un tema que es necesario y hasta prioritario, el Congreso de la Unión está incumpliendo con el llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No olvidemos que la Corte declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Salud que prohibía el uso adulto del cannabis, y de ahí llamó a los legisladores a que modificaran la ley, imponiéndoles un plazo, que fue cambiado varias veces e incumplido.
Esta declaratoria también incluyó la petición para que se armonice el Código Penal Federal, así como regular el mercado y la comercialización de cannabis por medio de la discusión y aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.
Pero todo se ha quedado en el tintero legislativo y hechos como el de estos estudiantes nos muestra que un mercado negro está vigente y que los menores de edad tienen acceso a él. De ahí, que la legalización y regulación es un tema urgente.
El Congreso está incumpliendo con una legislación y mientras la ley sigue prohibiendo el consumo adulto del cannabis, pese a que la Corte, en dos ocasiones, ha determinado que esa ley es contraria a lo que establece la Constitución en materia de derechos.
Pero más allá, los legisladores tienen que resolver un gran pendiente que se desprendió de la resolución de la Corte: legislar porque la prohibición es inconstitucional y transgrede algunos derechos, como el del libre desarrollo de la personalidad.
No hay que olvidar también que con una ley se puede combatir ese mercado negro y proteger a niñas, niños y jóvenes. Esta también es una de las prioridades que los legisladores no deben olvidar.
