Lilia Arellano.
“Yo veo un México con hambre y sed de justicia”: Luis Donaldo Colosio
• Caras del fracaso
• Ejecutados, desaparecidos, fosas clandestinas
• Fuerzas Armadas expuestas y sin marco legal
• Derechos humanos: “crisis persistente”: CEM
• Violencia: culpa Segob a estados y congresos
• Olvida EPN defensa de la soberanía nacional
• PAN y PRD: PRI congela leyes de seguridad
• Quintana Roo: continúa el drama del Tribunal
Ciudad de México, 5 de mayo de 2017.- El fracaso de la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado está a la vista: más de 95 mil muertos acumulados en este sexenio; más de 30 mil desaparecidos, entre los cuales destacan los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; más de 800 fosas clandestinas con mil 584 cuerpos y miles de fragmentos óseos; bloqueos y enfrentamientos en diversos municipios, particularmente en Tamaulipas, Puebla y Guerrero; éxodo de poblaciones enteras ante las amenazas de grupos delincuenciales; alteración de centros poblacionales por la disputa entre cárteles; Fuerzas Armadas desgastadas, agotadas y desafiadas por criminales; una persistente y severa crisis de derechos humanos; y toda una próxima generación en riesgo por la incontenible ola de violencia.
Persiste la desconfianza y los ciudadanos viven en un ambiente de temor constante, el cual fácilmente se transforma en terror al generarse más violencia en poblaciones y localidades. “Las desapariciones forzadas son un grave problema que ni la autoridad, ni la Iglesia, ni la sociedad civil pueden ignorar, por lo que para atender este problema no bastan las buenas voluntades”, advirtió recientemente la Conferencia del Episcopado Mexicano en el estudio Los desaparecidos nos faltan a todos, avalado por los 134 obispos del país, donde exponen su visión de este profundo problema.
En lugar de un mea culpa, el presidente Enrique Peña Nieto, en su burbuja cercada por el Estado Mayor Presidencial, y el responsable de la seguridad interior, Miguel Ángel Osorio Chong, cómodamente culpan a los gobiernos estatales y locales e incluso al Congreso de la Unión y los Congresos locales, de no hacer la tarea, en lugar de asumir sus responsabilidades. Solo por citar una de ellas: penales federales. Ni siquiera se han dado a la tarea de construir las áreas de retención suficientes para quienes son catalogados extremadamente peligrosos y, su reclusión en cárceles estatales, municipales, ha provocado llegar al auto gobierno, fugas, motines, operación de los cárteles rodeada de seguridad.
Gobernar mediáticamente no es efectivo. De nada sirven montajes espectaculares como la detención de capos como Joaquín El Chapo Guzmán; o su presunto sucesor, Dámaso López, El Licenciado, en donde lo evidenciado es precisamente la falta de inteligencia al servicio de la justicia. No funcionan las acciones extra legales diseñadas para el cine o la televisión como las presuntas capturas de ex gobernadores corruptos, por cierto del mismo partido en el poder federal, las cuales lo único que generan es más desprestigio al inquilino de Los Pinos y a los integrantes de su gabinete. Las extradiciones sin la existencia de un juicio llevado a cabo en el país, como mínimo ejemplo de respeto a las leyes y en justa respuesta a las víctimas, resultan otra clara muestra de la incapacidad existente para controlar a quienes permanecen en espacios de 2 x 2. ¿Por eso el país les queda grande?
Continuar utilizando a las fuerzas armadas en labores policíacas sigue siendo una actuación del titular del Ejecutivo Federal al margen de la ley y de la Constitución, la cual juró cumplir y hacer cumplir. Los militares y marinos realizan labores de seguridad que no les corresponden, al menos hasta que se modifiquen las leyes correspondientes para hacer legal su actuación. Además carecen totalmente de garantías para su propia seguridad personal, como se evidenció en la agresión sufrida en la población de Palmarito Tochoapan, Puebla, por parte de ordeñadores de gasoductos de combustibles y el posterior cierre y bloqueo de la carretera México-Veracruz.
Soldados y marinos realizan una labor sin un marco legal que los proteja. A pesar de ello, siguen siendo utilizados por el Ejecutivo Federal para apoyar a los estados del país, los cuales requieren su auxilio para enfrentar la delincuencia. De continuar esta tendencia, todos los militares y marinos serán insuficientes para suplir la deficiente labor de las autoridades civiles en los tres niveles, federales, estatales y municipales. Es necesario apuntar la carga negativa depositada en los militares a raíz de encontrarse en situaciones mucho peores las entidades en donde se han instalado. Ello, nos dicen, debido a representar un reto para quienes ya se sentían amos y dueños de las plazas. Es entonces cuando se generan violentos y sangrientos enfrentamientos.
SEGOB REPARTE CULPAS
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob y aspirante del PRI a la candidatura presidencial aún no descartado, elude su responsabilidad, justifica el incremento de la inseguridad y culpa a la debilidad de las instituciones policiales en estados y municipios; además, señala a la desarticulación de las bandas del crimen organizado, las cuales se han quedado sin sus capos principales; y arremete contra el Congreso por la falta de legislación en materia de seguridad.
Ante la falta de un marco legal adecuado para atender el tema de la inseguridad en el país, la Federación tiene que actuar, justificó en una entrevista radiofónica, en donde culpó a estados y municipios de no cumplir con el fortalecimiento de sus instituciones de policía, por lo que, advirtió, ahora se les condicionará el apoyo. “Si nos piden (estados y municipios) renovación de convenio para que las Fuerzas Armadas estén en sus estados, sí los vamos a firmar a partir del compromiso de formación de instituciones. Si no hay compromiso, no firmamos. No es un acto de irresponsabilidad, sino al contrario”, intentó convencer al auditorio radiofónico.
Y nuevamente recurrió a la estadística: en 2 mil 450 municipios, existen solamente mil 800 corporaciones de seguridad; de éstas, 900 tienen menos de 20 policías y, según sus datos, en la actualidad solamente 50 instituciones municipales podrían hacerse cargo de la responsabilidad de la seguridad.
También culpó al Congreso de la Unión y dijo: el tema de la seguridad se ha politizado. No han podido ser aprobadas las legislaciones en materia de modelo policial y de seguridad interior, entre otras. Lo que no señaló es la responsabilidad de su propio partido, el PRI, en dicha situación. Los presidentes de la Comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos (PAN) y Guadalupe Acosta (PRD), respectivamente, emplazaron a Peña Nieto y a Osorio Chong a actuar con congruencia y llamar a los legisladores priístas a aprobar la reforma sobre el mando policial.
Panistas y perredistas señalan al PRI como el responsable de obstaculizar la aprobación del mando mixto policial en el Palacio de San Lázaro. La iniciativa fue presentada por el propio titular del Ejecutivo Federal en 2014. La minuta, de acuerdo con los legisladores de oposición, conserva más del 70 por ciento de la iniciativa de Peña Nieto.
Jorge Ramos adelantó distribuirá el lunes el proyecto de dictamen a los integrantes de las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales, a fin de convocar a su discusión y votación a mediados de este mes. “Es la última oportunidad del Poder Legislativo para obligar al presidente Peña Nieto a sacar una reforma de seguridad pública consensuada, no a capricho como lo quiere hacer el PRI ahorita en la Cámara de Diputados”, subrayó el legislador del PAN.
A su vez, Guadalupe Acosta demandó a Peña Nieto llame a los diputados del PRI para destrabar esa iniciativa y darle certeza, “darle facultades a cada una de las instancias para que entremos a un proceso de mayor colaboración, con mejor eficacia en materia de combate a la delincuencia”. El perredista lamentó que el PRI tenga congelada la iniciativa del Presidente, no obstante haber sido aprobada por el Senado hace más de un año.
CRISIS DE DESCONFIANZA Y TEMOR: CEM
Hace algunos años, los casos de desapariciones eran aislados; sin embargo, actualmente hay personas desaparecidas en casi todos los lugares y a todos los niveles”, que van desde hijos de empresarios, profesionistas, migrantes, campesinos, deportistas, sacerdotes, policías, militares y funcionarios públicos; “aunque los más vulnerables son los primeros en ser lacerados por la injustica y la violencia”, señala el estudio Los desaparecidos nos faltan a todos, realizado por el Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
“La incertidumbre que acompaña a los familiares no desaparece de sus vidas hasta que den con el paradero de sus parientes. Y aquellos que están viviendo esta experiencia esperan un pronunciamiento que los acompañe en su indignación”, señala el documento firmado por Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM.
Muestras de la “delicada” situación de violencia por la que atraviesa el país son la fosa clandestina en Veracruz, la de Jojutla, así como los 4 mil fragmentos óseos hallados en Torreón, Coahuila, subraya el CEM y destaca también: la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado 57 mil 861 casos de desaparecidos en 20 años, mientras que en los últimos 10 años las autoridades han encontrado al menos 855 fosas clandestinas con mil 584 cuerpos.
“Nos encontramos en una crisis de desconfianza y de temor” pues la lista de estados en los que se han encontrado fosas clandestinas es, señaló, “penosamente más amplia” que las de las entidades en las que no las hay. Las personas desaparecidas “son victimas de la trata, del tráfico de órganos y secuestros por el narco. Las fosas clandestinas son un nuevo método para desaparecer abiertamente a personas en masa. Estos actos de violencia representan al más grande descaro y la mayor crisis de la legalidad”, aseveró la CEM.
En su estudio se califica como “grave” que el número de restos identificados es “reducido” en comparación con el número de cuerpos encontrados, por lo cual “la desaparición forzada es uno de los delitos lacerantes que afectan a la sociedad por las violaciones múltiples a los derechos humanos”.
OLVIDADA LA SOBERANÍA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO
Cercado por una gruesa burbuja militar en el Campo Marte, el presidente Enrique Peña Nieto no se tomó la molestia de acudir a la entidad gobernada por Antonio Gali, y además en su discurso olvidó los conceptos de soberanía nacional y la defensa del territorio mexicano, los cuales se conmemoran el 5 de Mayo con la Batalla de Puebla entre los Ejércitos de la República Mexicana, al mando del general Ignacio Zaragoza, y del Segundo Imperio Francés, comandado por Charles Ferdinand Latrille, durante la Segunda Intervención Francesa en México en 1862.
Frente a los titulares de las fuerzas armadas del país, representantes de los poderes de la Unión, otros integrantes de su gabinete, militares de diversos grados y cadetes del Servicio Militar Nacional, el mexiquense centró su intervención en la muerte de militares ocurrida el jueves en Puebla por acciones de las bandas de robo de gasolina; envió condolencias a familiares y compañeros de los soldados ultimados; y expresó su más enérgica condena ante esos “cobardes actos de agresión contra el personal del Ejército”.
Peña Nieto ofreció que todo el peso de la ley se aplicará a los responsables de esos hechos y dijo haber girado instrucciones a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda, a la PGR y a la dirección de Pemex para hacer frente a esta modalidad de la delincuencia, a través de una estrategia integral. “La delincuencia organizada engaña y utiliza a la población para cometer el ilícito”, y frente a ello, sostuvo: la mejor acción para combatir el robo de combustible es la denuncia ciudadana. ¿Y, cómo garantizará la seguridad de los denunciantes? Es pregunta.
En tanto, tras el ataque de huachicoleros en la localidad de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, el Ejército mostró el músculo en la capital poblana con armamentos y vehículos, durante el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla. Se exhibieron decenas de unidades equipadas con armamento, como transporte de artillería, con cañones sin retroceso calibre 106 mm, los cuales son capaces de tirar en contra de unidades blindadas y antitanques.
Ante la cuestionada Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobernador Antonio Gali Fayad, el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco, y Javier Lazano, jefe de la oficina de la gubernatura, desfilaron desde el Museo del General Ignacio Zaragoza, 20 agrupamientos de Arma Blindada, de Artillería, así como un equipo dedicado a atender el Plan DN-III-E. También marcharon mil 535 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea y 63 guardias rurales, además de 140 soldados del Servicio Nacional Militar. La columna de la milicia se completó con 121 vehículos militares, 23 caballos y cuatro binomios canófilos. La columna civil fue conformada por 4 mil 736 estudiantes de 30 instituciones educativas, además de 10 carros alegóricos, junto con 150 charros montados.
SIGUE EL DRAMA DEL TRIBUNAL
Siendo los Tribunales Superiores de Justicia la instancia a la cual la ciudadanía debería tenerles confianza, consideraciones de aplicar correctamente la ley, capacidad para corregir cualquier error cometido por quienes integran el Poder Judicial en posiciones menores a las de los magistrados, la realidad demuestra todo lo contrario. Una vez llegados los expedientes a esa instancia, los abogados deben contar con las relaciones suficientes para poder esquivar componendas, hacer de lado recomendaciones cuyo final conocen por anticipado: injusticia. El caso que nos ocupa, el del señor Aurelio Quiam, tiene registro de falsificaciones, falsedad en declaraciones emitidas por Elio Achach, cuñado de Fidel Villanueva, presidente hasta el mes de agosto del TSJ quintanarroense.
Las consecuencias de responder a los intereses personales y perjudicar a terceros al momento de no aplicar lo consignado en la ley, de recurrir a interpretaciones a modo, de atender instrucciones sobre cómo dictaminar sobre cada caso, han terminado, incluso, en tragedia. Aurelio Quian, propietario del predio del cual le hemos enterado en líneas anteriores, murió el 14 de julio del 2014. Poseía tres inmuebles y en su testamento fue explícito al repartir el considerado como más valioso otorgando a su segunda esposa, Reyna Pérez, y a la hija de ambos, Mercedes Quiam, el 50 por ciento y la otra mitad a Guadalupe López, su primera esposa.
Con estos antecedentes es fácil imaginar lo sucedido después. Los tres vástagos del primer matrimonio: Esther, Enriqueta y Aurelio Quiam López impugnaron el testamento bajo la consideración de una falsa firma, lo cual mereció se aclarara a través de tres dictámenes periciales. Con el resultado en la mano la juez familiar declaró improcedente la impugnación. Estando pendientes los siguientes dictámenes, Elio Achach y doña Enriqueta Quiam se dieron a la tarea de, con un actuario, ir local por local para cerciorarse de las condiciones de renta y tomar posesión de los vacíos.
Entra la promoción de amparos, los dichos de Achach señalando ser arrendatario de 2 locales más, es decir un total de 3 al agregarse Eliocopias, se contradicen inclusive con las declaraciones sobre contar con un local arrendado, como se lo comentamos por 10 años y sin incremento en las rentas. Estando esta propiedad en un punto clave en Playa del Carmen, don Aurelio, según don Elio, le rentó en tan sólo mil pesos cada local y presentó a las autoridades contratos y hasta recibos de pago de renta con firmas falsas.
Ya entrados en el terreno de las falsedades nos encontramos un contrato firmado por doña Enriqueta Quiam en el cual se declara como arrendataria de todo el inmueble y por un largo tiempo, otra vez 10 años. Pero si todas estas acciones tuvieron lugar una vez fallecido don Aurelio, estando en vida promovieron un juicio mercantil lo suficientemente amañado para que no se enterara de su existencia y como doña Enriqueta era la administradora del inmueble, ocultó citatorios. Por fortuna su padre se enteró y promovió el juicio de nulidad. La determinación fue reponer todo el proceso.
Fue grande la sorpresa al enterarse que el fundamento del juicio ejecutivo mercantil estaba basado en 3 pagarés, cada uno por 450 mil pesos con intereses moratorios del 6 por ciento mensual y cuyos vencimientos se programaron para julio, agosto y septiembre del 2011. Curiosamente don Aurelio recibió –supuestamente como préstamo- esta fuerte suma el 18 de junio de ese mismo 2011 y solamente se otorgó 30, 60 y 90 días para su liquidación. Otra vez la burra al trigo. Se demostró era falsa la firma. Pero como para algunos personajes mentir no requiere por lo menos de cuidado, presentaron otros pagarés, ahora por 850 mil pesos. La historia se repite y la perito Alicia Reynoso determina: firmas falsas. Es de suponer que esta cadena de falsificaciones tiene una ruta: la penal. Inaplicable en cualquiera de sus vertientes por tratarse del acusado, del cuñado del presidente del TSJ, personaje intocable, por supuesto.
Presumiendo ser los próximos propietarios absolutos del inmueble, doña Enriqueta y don Elio unieron a su causa a un tercero, a don Felipe Solís quien según el contrato de arrendamiento mostrado a la autoridad puede permanecer arrendando el local Kodak hasta el 2018. Entre todos los entretelones de este caso, quienes resultaron herederas del 50 por ciento de esa propiedad, la segunda esposa y la hija de ambos, no reciben las rentas que les corresponden. En cuanto hicimos del conocimiento ciudadano este caso se apersonaron empleados del Poder Judicial en el inmueble y comenzaron a tomar medidas del inmueble y por ende a generar temor entre los ocupantes, excepto, claro, en don Elio.
Según entendemos y por lo visto y revisado, existe relación directa provocando beneficios entre Fidel Villanueva y Elio Achach. En esta asociación se incluye a doña Enriqueta y su hermana Esther. María José Santos Tejero, juez tercero civil, y su secretario Eduardo Alba Martínez dejan en entredicho sus actuaciones, lo cual los hace sujetos de poder recurrir a instancias en donde éstas son revisadas por autoridades obligadas a obedecer el mandato de quien se ha comprometido a garantizar limpieza y rectitud en las actuaciones de los jueces.
Sólo dando cumplimiento al dicho: favor con favor se paga, es explicable la intervención favorable y a ciegas de la actuario Adriana Alejandra Turriza Novelo, de la juez mercantil Nancy Medina Chan, del magistrado Juan García Escamilla, a quien por cierto se le menciona como probable sucesor de don Fidel Villanueva.
Al titular del TSJ, en medios de comunicación escritos, le han enlistado propiedades. ¿Son adquiridas mediante acciones coma la descrita? Es pregunta, porque resulta sumamente extraño los intereses y el respaldo otorgado a quienes se pretende beneficiar haciendo de lado un legado testamentario. Tejer redes de complicidades en la impartición de justicia provoca reacciones de todo tipo y muchas de ellas terminan en tragedias, con muertos de por medio y, finalmente, no se encuentra a nadie culpable, más aun cuando éstas fueron generadas desde los despachos de la misma autoridad. Pueden ser, como en este caso, herencias, predios, pero también y tal como sucedió hace poco tiempo en Yucatán, separaron a una madre de sus hijos, otro influyente, un tabasqueño y, pese a los reclamos y pruebas entregadas a las autoridades, el resultado final fue: dos huérfanos de madre y una abuela que sigue exigiendo justicia. Ningún cargo se asienta en contra de quienes se prestaron al objetivo de un marido resentido capaz incluso de verse involucrado en un crimen y manejaron la Ley a su antojo.
DE LOS PASILLOS
Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exculpó al presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios de su gabinete tras haber difundido diferentes spots de programas sociales en pleno proceso electoral en el Estado de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó cancelar la difusión de tres promocionales del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador en Veracruz y Oaxaca por “la aparición preponderante” del político tabasqueño…. En la Comisión de Quejas y Denuncias, las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela se pronunciaron, como lo pidió el PRI, por cancelar en radio y televisión la difusión de los spots “Hagamos historia” y “Espuma” en Veracruz, porque hay “centralidad del sujeto”, en referencia al líder de Morena… También se canceló la transmisión de otro anuncio difundido en Oaxaca para las elecciones extraordinarias en Santa María Xadani, igualmente por la aparición “protagónica” de López Obrador… En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue exculpado de utilizar propaganda en redes sociales para hacerse promoción personalizada… Como se registra, no hay “piso parejo” hacia el 2018…
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