Entre las promesas no cumplidas por esta Cuarta Trasformación de la Nación esta sin duda alguna, la eliminación de la corrupción y de la errónea aplicación de la ley en el medio de procuración de justicia. No es sino la consecuencia de la creciente fuerza que ha adquirido el neoliberalismo. Lejos de haber sido derrotado o menguado, el poder de la indignidad ha logrado definir a la justicia como un coto de su propiedad.
El proceso para lograr ello ha sido y continua siendo descarnado. De las promesas de una justicia transparente, digna y decente, en la que las fiscalías participarían de manera directa a fin de procurarla, se paso a una realidad indeseable, producto en un principio de la corrupción heredada por el neoliberalismo. Entre el pueblo soberano y la burocracia de los siervos de la nación dedicados a procurar justicia no debería de existir un fenómeno intermedio como lo es el de la corrupción. Además, esos servidores públicos representantes de la ley deberían estar sujetos al mandato imperativo inserto en la Constitución Política de obsequiar justicia gratuita. Para que no se incline la balanza a favor de las injusticias, si no de los intereses generales del pueblo y de la República.
Como siempre ha venido sosteniendo el Foro Independiente de la República por conducto de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A. C., nunca ha sido mas violada y pisoteada una regla constitucional. El neoliberalismo heredado ha conducido a una realidad indeseable e incompatible con las raíces esenciales de la llamada Cuarta Transformación de la República: el Primer Magistrado de la Nación ha sido sometido a la disciplina ferrea del partido que lo presento como candidato y del grupo parlamentario que se integro a la llamada transformación. Con ello la justicia quedo a la deriva y dejo de brindar esa justica digna, transparenté y decente que hoy en todos sus confines exige México.
Los juristas hemos traducido esta corrupción de la justicia de manera muy objetiva exponiendo en relación a ello: que cualquier fenómeno de corrupción es indigno, reprobable, criticable, exasperante, repugnante, pero los fenómenos de corrupción dentro del ámbito de procuración, administración e impartición de justicia, son vergonzosos, denigrantes, deshonrosos, ofensivos, vejatorios, indignantes e intolerables. La justicia es el primordial pilar, puntal, soporte y apoyo de la soberanía del estado, en dicho ámbito se ejerce el control y constitucionalidad de las leyes y de los actos de la autoridad. Por ello resulta imprescindible, obligatorio, necesario e indispensable que los servidores públicos, que los funcionarios, que los siervos de la nación, que la procuran administran e imparten honren la toga que se les impone, que la porten con decoro para enaltecer la función de la justicia, a fin de contribuir con ello al enaltecimiento de tan digna virtud JUSTITIA VIRTUTUM REGINA.
Por desgracia no siempre sucede así, existen fenómenos de corrupción reprobables los cuales le han acarreado grandes desventuras a nuestro México, como los vinculados en la época del neoliberalismo con la alianzas creadas con los narcotraficantes para descender aviones cargados con polvo de clorhidrato de cocaína en Llano de Víboras, Estado Libre y Soberano de Veracruz y en los que se pretendió enlodar, ensuciar y vilipendiar el uniforme de combate del muy glorioso ejercito mexicano.
La actitud del poder político, del imperio del neoliberalismo, del influjo de la narco política ante la justicia por esos reprobables hechos ha sido sustancialmente la misma; impedir , obstaculizar, estancar, vetar, obstruir e imposibilitar la investigación de tan aberrantes acontecimientos, pretendiendo eliminar pruebas, ocultando o encubriendo al narco político responsable de ello, aduciendo secretos y reservas de estado por causas de seguridad nacional, pretendiendo prevalecer fueros y privilegios y, en ultima instancia, atacando a la voz de acusación. Siempre con la seguridad de estado como pretexto.
Una de las obsesiones mas fuertes, mas contundentes de la narco política ha sido invocar secretos oficiales, no colaborando en absoluto con las investigaciones para encarcelar al verdadero responsable de los hechos, el responsable político, el responsable real, el responsable intelectual, el responsable penal. Toda una antología de cinismo, corrupción y cadena de complicidades a fin de obsequiarle impunidad al responsable de tan criminales hechos, según ellos nunca se podrá demostrar nada, lo cual constituye una ofensa al sentido común y a las exigencias del Estado de Derecho implícitas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un grave insulto a la democracia y a nuestro México.
Ese triste espectáculo de pisotear nuestra Carta Magna por togados e instituciones cuya finalidad esencial es defender a la justicia, es una realidad de oprobio que no debe permitir la Cuarta Transformación de la Nación.
Solo en este clima de secretos fue posible perpetrar las grandes desgracias de la Nación. Y solo el secretismo ha permitido la infamia de la narco política. Ya es la hora de que la transparencia y el control del poder substituyan al secreto, a la cadena de complicidades, al encubrimiento y a la injusticia de ver a México sometido al yugo de la narco política.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A. C.,
