Décimo Junio Juvenal, romano de prosapia, a finales del siglo I, con voz de trueno y en sátira decía: “los mismos delitos hallan a veces una suerte distinta; hay quien paga la pena con el patíbulo y quien, por el contrario, es premiado con una corona”.
En nuestro México aseguramos los abogados que la democracia que hoy se dice aplicar, tiene que huir por igual de la narco-política que permeo durante el periodo neoliberal y del egocentrismo autoritario del actual Poder Ejecutivo. La primera época degradó por mucho a la política nacional. La segunda, representa la continuidad del envilecimiento y la negación al hecho de existir el fenómeno de la corrupción. Nuestra Constitución exige que se castigue a la delincuencia de ambas eras, ello resulta permisible si se aplican fuertes correcciones aplicando el Código Penal Federal que contiene al igual que la Carta Magna, preceptos y principios de innegable abolengo democrático. Ningún Siervo de la Nación debe desconocer ello.
No sólo porque las autoridades vienen obligadas, como todos los demás poderes públicos, al triunfo efectivo de la justicia y de la ley, removiendo —no reforzando— cualquier traba o impedimento que dificulte la plenitud del Estado de Derecho. No sólo porque deben de interpretar y respetar nuestras normas al servicio del principio de legalidad, acatando y haciendo obedecer, ante todo, los derechos inviolables que sean inherentes a la dignidad de México.
Cierto es que nuestra Ley de Leyes consagra una actitud jurídica que no admite que se mal interpreten sus afirmaciones, opiniones o preceptos. Los derechos consustanciales contenidos en ella, protegen la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía del mercado. Pero es cierto también que una aplicación leal y de buena fe del texto y espíritu de la Carta Magna conduce, necesariamente, a la exigencia de una economía social carente de corrupción.
Como viene reiterando la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la Carta de Carranza se encuentra muy por arriba de nuestro entorno político y de nuestra realidad invadida por esa corrupción derivada de la narco-política. Nada tiene que ver con aquella infeliz doctrina aplicada en la época del neoliberalismo, la cuál consideraba los efectos prácticos de esa corrupción. Esa política sin principios y carentes de legalidad sólo nos condujo a la pérdida de dignidad en nuestras instituciones.
Como es conocido en Derecho, nada tiene que ver con todo ello nuestra Carta Magna. Ese Pacto Federal exige un Derecho contrario al que vivimos, un Derecho que se oponga a aquél que legitima la injusticia, la impudicia y el cual garantiza consecuentemente la impunidad de la delincuencia narco-política. Nuestra Carta de Carranza exige un Derecho absolutamente diferente. Lo redactado en Querétaro en el 17 debe de ser respetado.
México no debe de tratar a los delincuentes de forma distinta, los infractores de la ley deben de pagar sus penas con la cárcel y no por el contrario premiándolos con nombramientos y confianzas.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
