Soy Lilia Cortés García, ex funcionaria pública cesada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por negarme a trasferir 750 mil millones de pesos a ramos y partidas diferentes a las autorizadas por el Congreso de la Unión, lo que ocasionó mi despido y recibir amenazas de muerte, entre otras agresiones.
Inicié un juicio laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde obtuve dos laudos a mi favor. La SHCP interpuso amparos por conducto de su apoderado legal Jaime Loe Rangel, quien presentó 19 instrumentos legales ante el Poder Judicial en el juicio para impedir que se me hiciera justicia; sin embargo, este personaje siniestro nunca hizo estudios de licenciatura en Derecho, por lo cual no tiene cédula profesional, y para acreditarse como abogado encubierto por Hacienda falsificó con su nombre, desde 1991, la cédula profesional de la contadora pública María de Lourdes Corona Guerrero, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Esto obliga a que todas las acciones legales en donde participó Loe Rangel desde hace 27 años, deben ser anuladas y en consecuencia muchos trabajadores despedidos en Hacienda debe ser reinstalados.
Por su parte la Secretaría de la Función Pública ordenó una inhabilitación, mediante Exp. PAR-478/2013, en contra de Jaime Loe Rangel, quien nunca se presentó ante esa dependencia para defender su caso y, por el contrario, ese ex apoderado legal de Hacienda no está localizable.
Al no tener personalidad jurídica en alrededor de 28 mil juicios llevados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), porque Loe Rangel no es abogado, para el Gobierno Federal significa un daño patrimonial de aproximadamente 50 mil millones de pesos.
Lo más grave es que quienes acreditaron a Jaime Loe Rangel como apoderado ante el TFCA, fueron los entonces secretarios de Hacienda, José Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo, Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña, quienes firmaron personalmente los poderes para acreditarlo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ante tantas irregularidades legales, presenté denuncia penalmente ante la Procuraduría General de la República en contra de esos ex secretarios de Hacienda por desacato, abuso de autoridad y los delitos que resulten.
Solicito a los candidatos a la Presidencia de la República, incluido al involucrado Meade Kuribreña, que se investigue este penoso caso y se empiece a hacer justicia en nuestro país tan golpeado por la corrupción y la impunidad.
En sus discursos de campaña todos los candidatos prometen combatir la corrupción e impunidad y este es un caso que reúne las pruebas suficientes para actuar en consecuencia.
Basta ya de tanta corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias e impunidad promovida y protegida por las autoridades federales en turno.
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