Lilia Arellano
“La verdad existe. Sólo se inventa la mentira”: Georges Braque
● Caso Ayotzinapa: aún sin resultados
● “Son seis años y no tenemos nada”: dicen padres a AMLO
● Gobierno de EPN ocultó la verdad, concluye Gertz Manero
● Murillo Karam y Omar García cobijados por la impunidad
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2020.- . Al cumplirse seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aún no se conoce qué sucedió con ellos ni con su paradero. Pese al tiempo transcurrido y a las órdenes giradas por dos expresidentes para aclarar este caso, siguen vivas las mismas interrogantes y exigencias. El viernes anterior, al rendirse el informe prometido por el presidente, se confirmó la versión dada a conocer desde hace años por los Estados Unidos en la cual se liga el secuestro de estos jóvenes a las acciones de bandas de narcotraficantes operando en Guerrero. Sobresale se dejen de lado, se hagan muy pequeñas, las denuncias en contra del hidalguense Jesús Murillo Karam, creador de la “verdad histórica”; se hable de pagos a Tomás Zerón; se mencionen muchos nombres, pero no el del directamente responsable de las indagatorias y mucho menos del delegado federal en esa entidad, el hoy habilitado de secretario de Seguridad en la capital del país.
Los familiares de los normalistas pidieron a López Obrador “apriete” más las investigaciones al tiempo de lanzar un llamado a las autoridades involucradas para continuar la búsqueda, las detenciones, y obtener declaraciones de quienes aún no las han presentado, como es el caso de los miembros del Ejército, mismos nombrados a cada paso de la supuesta indagatoria. Aún se espera lleven a cabo aprehensiones clave que conduzcan a conocer el destino final de éstos jóvenes. La reunión del tabasqueño llevada a cabo en Palacio Nacional con los familiares de los jóvenes desaparecidos, todos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, obtuvo como compromiso no precipitar el cierre del caso.
Padres y madres de los normalistas manifestaron su preocupación por la intentona de construir una nueva narrativa, con una “nueva verdad histórica” derivada de la filtración de un testigo de identidad reservada, aún no corroborada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa. La declaración es la de un presunto integrante de Guerreros Unidos, quien dijo fue la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando integrantes de un grupo rival al suyo se habrían infiltrado entre los estudiantes; aseguró, la detención la operaron militares, policías municipales, estatales y federales; reveló: los jóvenes fueron asesinados, destazados e incinerados en el crematorio de una funeraria; los restos fueron esparcidos cerca de Iguala y quien coordinó el operativo fue asesinado en 2018.
María Martínez Zeferino, a nombre de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijo a AMLO: “Yo se que está en la mejor disponibilidad y se le agradece. Nos da gusto ver es más ser humano que los anteriores, pero si pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy, 26, con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada”. La mujer subió al presídium con un cartel con la imagen de su hijo y la leyenda “Toño Vive”, la cual colocó sobre el podio durante su intervención. También portaba una camiseta con los 43 jóvenes estampados. Advirtió que tras seis años de búsqueda, no dejarán de salir a las calles a manifestarse y exigir la localización de sus hijos. “Dicen que parecemos locos, tal vez sí, pero locos de dolor, señor, porque cargamos ese dolor. ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué hacemos con este dolor que lo cargamos acá? ¿Cómo podemos hacerle como padres?…”.
AMLO SE DISCULPA
En esta reunión se rindió un informe sobe los avances de la investigación en presencia de los padres de los desaparecidos. El escenario fue literalmente aprovechado por el primer mandatario para, de nuevo, justificar el fracaso de sus investigaciones, lo nulo en respuesta de su participación para culpar a los de antes, a los del pasado, aseguró no se protegerá a ningún implicado, incluyendo al Ejército al señalar ya se está actuando en contra de algunos miembros de las fuerzas armadas y existen, aseguró, ordenes de aprehensión en su contra. “Quiero ofrecer disculpas en nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado y tiene que entregar buenas cuentas y hacer justicia y ese es nuestro compromiso”.
Para Santiago Aguirre Espinosa, representante de los familiares de los normalistas y director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la forma tan desaseada cómo se llevo a cabo la investigación por parte de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), “no permite reconstruir con precisión momento a momento qué es lo que ocurrió; ante esos huecos que todavía hoy tenemos, lo peor sería forzar una narrativa para llenarlos”, dijo en una entrevista con Proceso. Insiste en que “un caso como este no puede cerrarse, solucionarse, ponérsele fin, hasta que no esté determinado el paradero de las víctimas”. La prioridad, agregó, es “avanzar en las detenciones” de personajes que pudieran estar involucrados en la desaparición, así como en la manipulación de la investigación, en particular del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien tiene una orden de aprehensión y es buscado por la Interpol. Según AMO, Zerón se encuentra en Israel.
El director del Centro Prodh lamenta la falta de colaboración de “las cabezas del Ejército o que estaban en posiciones importantes en Guerrero durante la anterior administración, y todavía está pendiente la investigación de miembros del 27 Batallón vinculados con la delincuencia organizada, un tema en el que hay que seguir insistiendo, dado que hoy tenemos un Ejército muy empoderado”. No obstante, dice, hay avances relevantes: el hallazgo y posterior identificación del resto óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, producto de búsquedas en las que participaron representantes del Centro Prodh y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el cual confirma que el basurero de Cocula no fue el paradero final de todos los estudiantes como lo había dicho la anterior administración.
También las detenciones efectuadas este año, entre ellas la de Blanca Bernal Castillo, quien fue agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación en Materia de Secuestro, que “validó retenciones ilegales, falsificó documentos, dio fe de la recolección de restos en el basurero de Cocula y en el río San Juan, cuando está probado que se encontraba en la Ciudad de México; validó la tortura y no la denunció”. Asimismo, la formal prisión de quien fue director de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, identificado en un video como quien dirigió la tortura de uno de los acusados de participar en el caso Ayotzinapa, Carlos Canto. En marzo fueron sometidos a proceso tres servidores públicos acusados de tortura: el marino Isidro Junco Barajas y los policías ministeriales federales Ezequiel Peña Cerda y Ariel Agustín Castillo Reyes.
GOBIERNO DE EPN TRATÓ DE OCULTAR LA VERDAD: FGR
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, sostuvo: en el caso Ayotzinapa “los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala. Ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”. Al participar a través de una videoconferencia en el acto que se realizó en Palacio Nacional, el funcionario señaló en cuanto a lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, “la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenía presencia en el lugar.
En el informe elaborado por la FGR y con base en las investigaciones realizadas, “se demuestra que con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esta lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos, lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes. Tanto a nivel federal como local se tuvo conocimiento a través del sistema de comunicación C-4 de lo que estaba sucediendo, pero resulta que con las investigaciones realizadas las cámaras dejaron de funcionar parcialmente”, cuando en ellas se debió registrar lo que estaba sucediendo y permitiría identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas y a los centros de justicia de otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con las autoridades.
Gertz Manero puntualizó: “autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal de Iguala”, por lo que integrantes del Poder Judicial de Guerrero deben rendir cuentas al respecto. En cuanto al Ejecutivo federal se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado en cuanto a las acciones en las que se detuvo y torturó “masivamente a miembros de corporaciones locales, consignando ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir los policías y a las autoridades federales”. En cuanto al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, Tomás Zerón, “se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades”. Refirió que el ex funcionario “tuvo un pago: él cobro y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR, que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución, y con la anuencia de sus superiores como pago de sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo”.
Por lo que toca al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, “este se convirtió en encubridor y vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles (…) ¿Es esto suficiente? ¿estos señalamientos caerán en un juicio de valor o, al comprobarse se llevarán a juicio y no precisamente por solicitud de los padres de las víctimas sino por la estricta aplicación de la ley? Se atreverá AMLO a solicitar a los padres otorguen un perdón con el cual podrían vivir en paz y recordar a sus hijos? Porque recordemos el amor y paz, el abrazos y no balazos, el no soy vengativo y la labor pastoral dominical respaldada por el adoctrinamiento de los servidores de la Nación, de los que dan pan con rezo.
“Los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad, los juicios fraudulentos del pasado han sido resueltos en lo posible imputando a quienes los cometieron, que también deben ser castigados”, puntualizó Gertz Manero. “Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión de las cuales se han cumplimentado 34, tanto por delincuencia organizada como tortura, se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la PGR que fueron los principales operadores de esa mentira histórica y el líder de los narcotraficantes está en prisión, sujeto a proceso. La búsqueda –de los 43 normalistas- habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible”.
DE LOS PASILLOS
Al dar la bienvenida a la generación 2021-2025 de la facultad de derecho de la UNAM, el ministro presidente de ls Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, calificó de delicado el momento que vive el país al hacer referencias sobre la pandemia y la crisis económica. Al abrir el nuevo ciclo dijo a los jóvenes: “escucharan muchos discursos y elocuciones en relación al rema de la justicia, pero lo importante es no perder de vista, qué es la visión de justicia social. Entender el derecho no como un obstáculo, sino como un objeto de transformación Tenemos múltiples carencias, con pobreza, injusticia, corrupción, ustedes no pueden ser parte del problema, deben ser parte de la solución, nunca olviden sus orígenes, su compromiso con los que menos tienen, con los desprotegidos; lo más importante del derecho es servir a la gente porque si no es así, realmente sirve de muy poco. Impartir justicia es, a partir de ser juez, el punto donde se defienden los derechos humanos de todas las personas. El derecho debe ser el instrumento de movilidad social que va más allá de la retorica, conecta con el sufrimiento y el dolor de la gente. “La de Igualdad de Género” es el nombre de esta generación, y ustedes son la esperanza del cambio y de la transformación del país”.
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