Héctor Calderón Hallal
Hay un caso muy particular dirimiéndose en nuestro actual de sistema de justicia penal federal, que es, como muchos otros, una muestra de ineficacia, de perversión y de abuso de autoridad en el México de nuestros días.
Es el caso del desaforado alcalde de Ahome, Sinaloa (Los Mochis), Gerardo Vargas Landeros, por el actual gobernador Rubén Rocha Moya, político ya de triste referencia en el plano nacional y hasta internacional.
El pasado 2 de mayo de 2025, el Congreso de Sinaloa selló el destino de Gerardo Vargas Landeros, alcalde en turno (reelecto de hecho), de extracción morenista incluso, mediante el ya multicitado y célebre Acuerdo 80 de la actual Legislatura Local, al retirarle el fuero tras las presiones de la Fiscalía Estatal, por el supuesto delito de ejercicio indebido de la función pública, al ponderar el Ministerio Público local que la adquisición de 171 patrullas por la vía del ‘grinleasing’, constituyó la causal del tipo delictivo aludido, precisamente estando en tiempos de alta incidencia delictiva en aquella entidad y donde las estimaciones entre comprar las unidades motrices y adquirirlas por la vía novedosa del arrendamiento ‘a cuenta’, arrojó que resultaba más racional y provechoso, hacerlo por este última vía, pues las unidades al entregarse al Gobierno Municipal, ya contemplaban instrumental policial instalado (sirena, estrobos, videocámaras, radiocomunicación, etc….), evitando muchos días de inactividad del equipo mientras se instalaba uno por uno de los diferentes dispositivos a cada patrulla…. Y el precio, en términos generales, resultaba más conveniente incluso que adquirirlo individualmente cada insumo para cada una de ellas.
Pero la disposición de Rocha Moya y su staff de incondicionales, todos ellos sin experiencia en la función gubernativa, ya habían asumido la consigna: buscarle por cualquier lado a Gerardo Vargas, alcalde de Ahome… para descarrilarlo en su proyecto hacia la candidatura de Morena en 2027 a la gubernatura.
El acuerdo asumido en aquellos días por la Legislatura del Congreso de Sinaloa, fue uno tan sui-géneris, que ni el mismísimo Diputado Ricardo Monreal Ávila, titular de la Jucopo en la actual Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, ha recurrido a esas ‘formalidades’… porque es propia de tiranos y no de demócratas.
Y vaya que el doctor Monreal le sabe al tema legislativo; es uno de los maestros eméritos de la materia Constitucional Legislativa en la Maestría y el Doctorado de la UNAM.
Fue mediante una sesión secreta, de esas donde la unanimidad “huele a consigna”.
La narrativa jurídica resultante… la resolución pues, al final parecía inamovible: el alcalde debía separarse del cargo.
Hoy, el balón está en la cancha del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
El pasado martes 3 de marzo de 2026 deambuló en los solemnes pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ánima de una reivindicación histórica, justa, además.
Se iba a deliberar sobre la situación jurídica del alcalde desaforado Vargas Landeros. Algo que se perfilaba como el desenlace inminente para el futuro del munícipe, terminó diluyéndose en un silencio calculado.
El expediente, que aguardaba en el sexto turno, fue desplazado ‘misteriosa y súbitamente’ al punto 16, para finalmente quedar “en lista”. Para la población del municipio de Ahome, el mensaje es nítido: la incertidumbre es el nuevo estado de sitio.
El proyecto del ministro Guerrero García, contiene una tesis demoledora: invalidar el desafuero por un error procedimental. El argumento es que el Congreso “no tocó a la puerta correcta”; notificaron al Ayuntamiento como ente colegiado, pero omitieron la notificación personal al “agraviado”, en este caso, al propio Vargas Landeros.
Es la justicia suspendida por un tecnicismo; el destino de una alcaldía pendiendo de lo que parece un simple error de mensajería. De avalarse el proyecto, la Corte ordenaría la restitución inmediata, obligando al Congreso y al Ejecutivo a dar marcha atrás a su pretensión.
Desde el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, se lanzaron embestidas de última hora: alegan que Gerardo Vargas sigue vinculado a proceso y que su regreso “desafiaría la ética pública”.
Este señalamiento es por demás hilarante, porque la clase política encumbrada en el poder actualmente en Sinaloa, no conoce la ética política… ni muchos otros valores del hombre en sociedad.
Y, además, seamos honestos: las carpetas abiertas huelen a pólvora política diseñada para sacar a Gerardo de la jugada. No es casual que el ataque arreciara justo cuando alzó la mano
Muy en ello se ‘lava las manos’ el gobernador Rubén Rocha Moya y apela a la “autonomía” de la Fiscalía y la ASE, esos órganos que en Sinaloa -y en general en todo el país- parecen independientes solo en el discurso.
Vargas, hasta hoy, es un indiciado que goza de la presunción de inocencia. Atributo salvaguardado por el Artículo 20 constitucional; no es una sugerencia; es un mandato para evitar que el Estado aplaste al individuo antes de probar su falta.
Más allá de la resolución técnica, el proceso funciona como una plataforma de sobrevivencia. Para personajes como Vargas, el ruido jurídico es una herramienta contra el olvido. Al igual que sucedió con Jesús Estrada Ferreiro, el también exalcalde de Culiacán -desaforado por Rocha Moya por atreverse a aspirar a sucederlo en el cargo- la verdadera batalla no solo está en los expedientes, sino en la agenda pública.
“El Trébol”, que es el grupo político de Vargas Landeros, busca mantenerse vigente para 2027; le interesa estar en la boleta, y en política, se vale.
La justicia sigue “en lista”. Los grandes árbitros se reunirán en los próximos días mientras el municipio de Ahome habita un limbo jurídico que, por ahora, decidió alargarse un poco más.
Todo lo anterior ha generado en lo personal al suscrito, un estado de ánimo ‘colérico’, de profundo enfado, que habrá de influir en las siguientes líneas, apreciado lector… por lo que agradezco de antemano su paciencia al acompañarme con su lectura.
Debo advertir antes, que esta mañana no escribo desde la comodidad de la indiferencia.
Tampoco les escribo con tecnicismos legales, ni para analizar leyes que, aunque bellas en el papel, a menudo parecen tinta muerta en la realidad de nuestras calles.
Les escribo desde el oprobio… desde la vergüenza, desde el dolor que produce ver a nuestra tierra herida y, desde la indignación que causa la injusticia disfrazada de orden.
Les escribo con la voz de la impotencia, esa que es igual a la de una madre que busca a su hijo desaparecido; a la del comerciante extorsionado; y a la del trabajador que ve cómo el corrupto camina libre, mientras el inocente purga penas inmerecidas.
Nos han dicho que la justicia es ciega. Pero aquí, en nuestro país, parece que la justicia no solo es ciega, sino que a veces es sorda, selectiva y paralítica.
Aparentemente la venda que porta en su rostro, es una muy apretada y también es una ‘venda vendida’, cuando el delincuente viste de traje y tiene conexiones.
Pero se despoja sin pudor de esa venda para castigar a quien no tiene ascendencia con el poderoso, es decir, a quien no tiene ‘palancas’ o no es “amigo” del poderoso en turno y debe defenderse sólo con la ‘ley en la mano’…
¿Cuántos expedientes más se llenarán de polvo en los escritorios de la indiferencia? La mala aplicación de la justicia no es un error de procedimiento; la mala aplicación de la justicia es un crimen contra la dignidad humana.
Se reitera una vez más… ¡Escribo desde el coraje que da a cualquier ‘mexicano bien nacido’, sentir cómo el gobierno pretende ‘verle la cara’ a los ciudadanos y tratar de ‘vendernos por bueno’ a un país con un sistema de justicia pervertido y podrido, como si fuese el paradigma mismo de la transformación y la gobernanza ante el resto de las naciones del mundo!
Y tan no es este, un país con un gobierno paradigmático, que México empieza a ser relegado en eventos convocados por países como los Estados Unidos de América, nuestro principal socio comercial y que tienen que ver con la defensa de nuestra seguridad hemisférica.
¿Por cuánto tiempo más tendremos que callar ante las injusticias -de cualquier tipo y magnitud- que se cometen contra cualquier clase de ciudadanos, del nivel y la clase social que sean?… ¿Hasta cuándo seguiremos los mexicanos fingiendo demencia mientras vemos cómo se desmantela brutalmente nuestra dignidad y nuestra seguridad jurídica?
¿Hasta cuándo nos seguiremos callando, al ver tanta miseria humana paseándose en oprobiosos vehículos para la realidad económica nacional… hasta cuándo seguir ignorando tanta impunidad en calles y poblados de México?
Los mexicanos de las últimas generaciones fuimos educados (¿o sometidos?) con razonamientos dogmáticos sustentados en falacias como: “¡Si no es contra ti, no te metas!” … “¡Aquí no pasa nada, es contra el vecino!” … “¡Que se haga la voluntad del gobierno… pero en los bueyes de mi compadre!” …
¿Cuál solidaridad, cuál fraternidad del pueblo mexicano?… ¿A qué amistad, a qué buena vecindad se refieren en el extranjero cuando nos dibujan orgullosamente como un pueblo unido en sus valores y sentimientos?
Empiezo a dudar de esos ‘atributos’… empiezo, como mucha gente, a pensar que somos más bien un pueblo ‘cobarde’… convenenciero e individualista.
Espero que no tenga que pasarnos una tragedia en lo personal o en nuestro entorno para que nos decidamos a actuar con indignación, en cada acto de injusticia del que tengamos noticia en lo sucesivo.
Cada vez que callamos ante un acto de corrupción, estamos firmando el acta de defunción de nuestros derechos. Cada vez que ignoramos la tragedia del trato del gobierno a nuestro vecino, estamos avalando un futuro de ‘incertidumbre jurídica’ y de ausencia de paz a nuestros hijos.
Porque, ciertamente, un mal gobierno no se sostiene por la fuerza de sus armas (sic)…
Se sostiene por la ‘fuerza de sus abrazos’ a los delincuentes…
Se sostiene por la cobardía de nuestra inacción, de nuestra miserable actitud, de pretender hacer caso omiso a la inmisericorde realidad de tener una tiranía disfrazada de ‘gobierno transformador’… No, nosotros somos los que sostenemos a este gobierno… no nos hagamos los ‘inocentes’.
Porque nos prometieron libertad… y nos han dado censura, opacidad, desinformación…
Nos prometieron bienestar para todos por igual… y nos dieron ‘divisionismo’ ‘pleito entre hermanos’, procurando bienestar sólo a su clientela electoral.
Nos duele a muchos, la patria. Pero no a todos, por lo visto…
Me duele ver cómo los valores que hicieron grande a nuestra nación son hoy despreciados… por los mismos individuos que “juraron defenderlos”.
¡Ya basta! La esperanza no debe ser una espera pasiva… la esperanza es una acción valiente.
Hoy, mediante este texto, se convoca a los mexicanos a romper el silencio. A denunciar el mal gobierno, a señalar el robo, a denunciar el abuso. No hay por qué tener miedo. El silencio solo protege a la injusticia… sólo hace más grandes a aquellos cobardes que disponen del poder temporalmente.
Cuando el sistema de justicia se infiltra por las mafias, cuando la impunidad se vuelve la norma y la verdad se compra, no solo estamos perdiendo casos; estamos perdiendo la paz, la tranquilidad y el futuro de nuestra nación.
No es normal que el miedo sea nuestro compañero de diario… ni el menú de todos los días. Ni en Sinaloa ni en ninguna región de México.
Tal y como no es justo que el acceso a la justicia sea un lujo para quienes pueden pagarla y, un laberinto de burocracia para el pueblo trabajador… así también es un enorme injusto, que esté garantizada una justicia diáfana, pronta y eficaz para quienes comulgan políticamente con el régimen político actual… o para quienes sí sean políticamente “bien vistos” y convenientemente afines a los intereses de gobernadores y oligarcas políticos empoderados de hoy en nuestro país… pero que deplorablemente, para los “mal vistos”, para los críticos y para los que no caben en los planes de corrupción y proliferación en el futuro del actual gobierno, solo hay una justicia que ‘pone barreras’; sólo hay misteriosos y desconocidos acuerdos firmados exprofeso para obstaculizar, retardar y afectar la justicia que buscan con legitimidad aquellos ciudadanos que también tienen derecho a ejercer sus haberes políticos y cívicos.
Para los aliados, los cortesanos, los cómplices, los panegiristas y correligionarios, solo virtud y gracia en el discurso de la ley; pero para los honestos que se atrevan a expresar la verdad aun con el riesgo de ser reprimidos; para los que luchan anteponiendo su capacidad y su esfuerzo a cualquier forma de zalamería, complicidad o “sinvergüenzada” … para ellos sólo hay violencia en el discurso y en la pretensión punitiva misma del gobierno…
A quienes imparten justicia, a quienes juraron proteger nuestra Constitución: recuerden que su deber no es con el poder en turno, sino con el pueblo que padece la ausencia de esa justicia.
Un juez que calla ante la injusticia es cómplice de ella.
Se alza la voz -que quede claro- no para destruir, sino para reconstruir.
Se exige una justicia pronta, completa e imparcial, no por decreto, sino por definición misma de esa categoría filosófica llamada justicia… de ese lenguaje abstracto llamado derecho.
Queremos un país donde la justicia sea el escudo de los vulnerables y no la espada de los poderosos. Porque un país sin justicia es un país sin alma. Y toda nuestra gente sin excepción, merece vivir en paz… y en el marco de la justicia.
¡Justicia, y solo justicia!… por lo menos, es lo que demandamos.
Autor: Héctor Calderón Hallal
@pequenialdo;
@CalderonHallal1
