Joel Hernández Santiago
En la película “El Apando”, de Felipe Casalz ocurre una escena muy fuerte. María Rojo quien hace el personaje de la mujer de un detenido, acude a Lecumberri para visita. Previo tiene que ser revisada para saber si lleva droga o cualquier otra cosa.
Una celadora –interpretada por Ana Ofelia Murguía- se apresta a hacer la revisión. La mujer ya desnuda se dispone a ser revisada. La policía se pone unos guantes de látex y comienza a “revisar” las partes genitales de la visitante. Se sugiera un tocamiento de tipo sexual. La cámara fija la cara de la celadora quien sudorosa disfruta el “tocamiento”… Ahí el director denuncia lo que ocurría con algunas mujeres que tenían que ver a sus esposos o compañeros encarcelados.
Por supuesto la escena de esta película mexicana de 1975 es impactante, pero sobre todo por la denuncia de un hecho criminal que tiene que ver con la dignidad y la integridad de la mujer. Y también porque esta denuncia puso en entredicho los sistemas carcelarios mexicanos.
Pero, bueno. Todo esto viene al caso porque está en el aire un tema que ha causado conmoción y que al mismo tiempo nos pone en entredicho para saber quién tiene, o no, la razón en lo ocurrido en Tlapa, Guerrero.
La historia está mil veces contada: la activista de derechos humanos Yndira Sánchez Sandoval denunció públicamente que el 16 de septiembre, durante una detención en la comisaría del lugar, fue violada por una mujer policía. Acusación grave, por supuesto.
Dice haber presentado una denuncia ¿en Chilpancingo? capital del estado de Guerrero y señala a la oficial Claudia Juárez Gómez de presunción de “la violación”.
En cuanto se conoció la noticia, las redes sociales estallaban en indignación porque el agravio a una promotora de los derechos humanos atentaba, precisamente, a sus derechos humanos y cometía el delito una agente de policía del gobierno, de por sí y desprestigiados. Y comenzó el grito fuerte de feministas y grupos afines a derechos humanos “Todos somos Yndira”.
Un día después de la denuncia pública de violación, aparecieron como por arte de magia unos videos tomados durante la detención de la señora Sánchez Sandoval. Ahí aparece ebria. Y con palabras fuertes insultaba a los policías que la detuvieron y acometía contra todo eso que dice defender: los derechos humanos de los uniformados.
El tema causó sorpresa porque nadie esperaba esta ‘filtración’ de videos. Y de pronto la opinión pública se dividió entre quienes “ya sabes cómo son en la policía: ¡cabrones!” Y: “Pero cómo si estaba hasta las manitas de borracha esta señora”…
En todo caso, dice la abogada Rosa Eugenia Báez, es indispensable que se lleve a cabo el procedimiento de investigación para llegar al punto de verdad en lo ocurrido y que el proceso se lleve del tipo oral, para que las involucradas, con sus pruebas de defensa y acusación las presenten y se dirima de forma pronta, abierta y cara a cara lo que ocurrió esa noche.
Por su parte la señora Sánchez Sandoval ha dado conferencias de prensa avanzando en el tema de la violación y, según dijo el 25 de octubre “está siendo violada por el Estado.”
En una mesa de mujeres con el sello de Cencos, la acusadora dice que tiene forma de probar sus dichos y que sí, en efecto, estaba en estado inconveniente, pero eso no quita que se hubiera –dice-cometido un grave delito en su persona. Aun así no hay que olvidar que en algunos casos estas agrupaciones defensoras son extremadamente politizadas.
Por su parte, la policía Claudia Juárez Gómez envió un mensaje en su cuenta de facebook defendiéndose y acusando racismo y agravios de su acusadora, no sólo a ella sino a los policías que estaban ahí presentes. Ha pedido el amparo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Así que en los dimes y diretes está el tema. Es indispensable que en estos casos los señalamientos de inocencia o culpabilidad procedan de un proceso justo y transparente. En ese momento podríamos conocer la verdad y por supuesto, quien haya cometido delito pague lo que en ley procede:
Si se prueba y hubo tal violación deberá cumplirse lo que marca la ley. Pero si no la hubo, entonces la parte acusadora podría ser demandada por difamación, daño y lo que se acumule, lo cual también merece una condena, que en este caso sería doble, por la comisión del delito y porque agraviaría a los derechos humanos que dice defender, lo que le generará un descrédito fenomenal.
Pero eso: antes de declarar inocencia o culpabilidad habremos de esperar los resultados de la investigación que merecen una especial atención y esmero, imparcialidad y transparencia, por lo que significa para la seguridad pública y las leyes del país.
