No Pasa Nada
Por: Jesús Solano Lira
El caso de Paloma Nicole Arellano Escobedo, la adolescente de 14 años, que murió el 20 de septiembre en una clínica privada de Durango, abre una serie de interrogantes sobre quienes ejercen las cirugías estéticas en México.
No basta con la promesa de los legisladores de fortalecer los controles para este tipo de procedimientos en menores de edad, sino fortalecer al gremio médico y al sector Salud, para que casos como el de Paloa Nicole no vuelvan a ocurrir.
El asunto va más allá de una legislación, y destapa la grave corrupción que impera en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), como lo denunció en la presentación del libro “Cédula en Jaque”, el Doctor Luis Fernández de Córdova y Río de la Loza, quien fue más allá, al revelar que en México hay más de 20 mil cirujanos plásticos que ejercen sin certificación ni regulación. Puro chanchullo.
Egresado de la Universidad de Westhill, con especialización en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva por la Universidad Federal do Estado do Rio de Janeiro, precisó que en México, solo existen 2;690 Cirujanos Plásticos certificados. La razón: la (AMCPER) impide que los médicos cirujanos aprueben sus exámenes profesionales.
Es lamentable que en ese gremio, la AMCPER se haya convertido en el “club de Toby”, que se mueve por amiguismos y sólo apoya a quienes pagan sus cuotas, y se prestan a presiones para que especialistas no certificados abran clínicas.
Para el especialista, urge que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SSA), sean los responsables de avalar a los médicos cirujanos en México, así como contar con una legislación que proteja a los cirujanos plásticos certificados de organismos gremiales como el AMCPER.
Escándalo en la SEP
Donde no paran los escándalos, es en la Secretaría de Educación Pública. Nos hacen llegar un caso que evidencia que su titular, Mario Delgado Carrillo, encubre irregularidades y actos de corrupción en la Dirección General de Profesiones (DGP) de la dependencia.
La denuncia plenamente documentada, evidencia conflicto de interés, uso indebido de funciones y corrupción institucional, encabezado por Israel Jerónimo López, actual director de Autorización y Registro Profesional, ante la omisión del titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina.
Las pruebas revelan un patrón de irregularidades que incluye uso de títulos no registrados, cédulas obtenidas en orden inverso a los estudios cursados y gestionado de sus propios registros.
En su Constancia de Situación Profesional, Israel Jerónimo López, aparece con un grado de Maestría fechado en 2002 y un grado de Licenciatura en 2004, un orden cronológicamente imposible y, a pesar de ello, el funcionario que también fue subsecretario de Educación Media Superior en el Estado de México, ha mantenido ambos títulos como válidos y simultáneos, sin que la SEP haya iniciado investigación alguna por estas irregularidades.
Aún más grave: en documentos oficiales del Gobierno del Estado de México fechados el 22 de septiembre de 2022, el funcionario firmó como “Dr. Israel Jerónimo López”, cuando se desempeñaba como subsecretario de Educación Media Superior.
Sin embargo, el portal oficial de la SEP indica que su Doctorado en Educación (cédula 14084392) fue expedido hasta abril de 2024, dos años después de haberse ostentado con ese grado.
Ahhhh, pero las irregularidades no terminan ahí. Las cédulas de Maestría y Doctorado del funcionario fueron emitidas precisamente por el área de Autorización y Registro Profesional, la cual encabeza desde el 16 de febrero de 2024 (https://acortar.link/n7bjk4).
Las cédulas profesionales de Jerónimo López fueron emitidas justo cuando ya ocupaba el cargo de director de Autorización y Registro Profesional, lo que refuerza la sospecha de auto-beneficio institucional porque las fechas lo delatan.
El caso, sin duda, plantea un desafío directo a los titulares de la SEP y de la DGP, quienes tienen mucho que explicar del cómo desde una oficina bajo su mando, se hayan manipulado tiempos, grados y procesos académicos en beneficio del propio funcionario a cargo, evidenciando la impunidad y opacidad con que opera una de las áreas más sensibles de la educación pública en México, aplicando el No Pasa Nada.
Estas irregularidades, de confirmarse, podrían constituir un acto de corrupción administrativa y violación de la legalidad en una de las áreas más sensibles de la educación pública: la que certifica la autenticidad de los títulos en México.
