Por Aurelio Contreras Moreno
Luego de más de un mes desaparecido, este miércoles fue hallado asesinado el locutor radiofónico Fidel Ávila Gómez en los límites entre los estados de Michoacán y Guerrero.
Ávila Gómez era presentador y gerente de la radiodifusora “La Ke Buena” en el municipio de Huetamo, Michoacán, enclavado en la violenta zona conocida como Tierra Caliente de esa entidad, donde no hay más ley que la de los traficantes de droga que desde hace años, literalmente gobiernan y hacen su voluntad sin que autoridad alguna, de ningún nivel, les haga frente.
Con este homicidio suman 12 los comunicadores asesinados en México en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a quien esta situación no le inmuta y, como él mismo afirmase hace pocos días, mucho menos le quita el sueño.
Tan no se lo quita, que todos los homicidios de reporteros que se han cometido en el país desde que asumió el poder en diciembre de 2018 permanecen en la más absoluta impunidad. Igual que antes, dirán los defensores oficiosos del régimen de la autodenominada “cuarta transformación”.
No les falta razón. De acuerdo con las cifras de la asociación civil Artículo 19, desde el año 2000 hasta agosto de 2019, habían sido asesinados 131 periodistas y trabajadores de la información en México. La absoluta mayoría, sin que haya quien pague por esos crímenes.
En ese mismo periodo, Veracruz -y nunca estará de más recordarlo y machacarlo- se convirtió en la entidad más letal para los periodistas: 27 asesinados en los últimos 19 años, de los cuales 17 –según este organismo no gubernamental, aunque también se llegan a contabilizar 19- fueron ultimados durante el violento y criminal sexenio de Javier Duarte de Ochoa. El más reciente, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en el primer año de los gobiernos de Cuitláhuac García Jiménez y de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, todo es igual que antes, a pesar de las promesas de que las cosas iban a cambiar. Que habría respeto y protección a la libertad de expresión y se detendría la espiral de violencia que ha colocado a los periodistas en México en el mismo nivel de riesgo que los que desempeñan su labor en Siria, en función del número de bajas registrado. A fin de cuentas, aquí también se vive en estado de guerra, aunque el gobierno jure que eso “ya se acabó”.
Aunque sí han cambiado varias cosas. Hoy tenemos un presidente que diariamente injuria a la prensa que no lo adula ni se pone de rodillas –por decirlo suavemente- frente al nuevo poder omnímodo del Ejecutivo. Que ante las críticas alienta a sus huestes a linchar –digitalmente por ahora- a quien exhibe los excesos y miserias de la reciclada clase gobernante. Y que incluso auspicia medios creados ex profeso para la adoración permanente de su figura y la defensa abyecta de cualquiera de sus decisiones.
Y mientras la cuenta sangrienta de comunicadores inauguraba el 2020, en la conferencia mañanera del presidente una mercenaria –porque es un insulto darle categoría de periodista- residuo del echeverrismo demandaba en público y sin pudor –porque vergüenza nunca ha tenido- “chayote” para su pasquín digital, exigiendo además –en medio de las presidenciales risas- el regreso del “no pago para que me peguen”, apotegma pusilánime para controlar a los medios de otro López.
Uno no muy diferente –salvo por su nivel intelectual- del que gobierna 40 años después.
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