La justicia es una virtud muy complicada. Pero al propio tiempo, con un enorme poder atractivo. El Derecho siempre se ha ocupado de que sean respetados sus estatutos jurídicos, que es la premisa para mantener un sobrio y sabio Estado de Derecho. La política es otra cosa también muy complicada. Y no lo es por casualidad. Es que, con sus comportamientos y ocurrencias partidistas, que al parecer son la promesa para lograr destruir a la justicia, han servido para obtener en tiempos de la Cuarta Transformación de la Nación, cosas repudiables para nuestro renombrado Estado de Derecho.
Lo que extraordinariamente resulta ser singular, es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes secundarias en sí marcan, condicionan e imprimen la forma y términos en el que debe ser interpretada la ley para proveer justicia, con independencia de sus características esenciales. La triste realidad en el México por el cual hoy transitamos, es que la política no muestra respeto, ni solidaridad con la justicia.
Y llegó el caso de la Reforma Judicial. Y ahí por desgracia se aguanta y persiste. Cuando el rigor de la ley, con apoyo en la Constitución Política Republicana ordena y consigna dar inicio para que se esclarezcan algunos hilos básicos de la inconstitucionalidad y arbitrariedad de las autoridades legislativas y del Poder Ejecutivo para promover y obtener mediante su trama de ilegalidad la inadecuada aplicación de la mencionada reforma, muchos abogados pensamos que por fin y por ventura, se iba a concluir la mala gobernanza de la Cuarta Transformación de la Nación, la cual decidió organizarse para confrontar a la justicia y no respetar con esa organización, las decisiones emitidas por el Poder Judicial Federal.
En concepto profundo de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México esa manera de gobernar, legislar e interpretar las leyes es una repugnancia. Basta que el Poder Judicial Federal se proponga hacer que se cumpla la ley a toda costa, más allá y más arriba de la forma de pensar de legisladores y ejecutivo, para que la razón de Estado y seguridad de Estado, conviertan a la política en algo superior a la justicia, malogrando con ello, la Separación de Podres que debe prevalecer en nuestro Estado de Derecho.
México busca justicia y no demagogia, ya que la primera juega una parte substancial del prestigio democrático de la separación de poderes inserto en el espíritu de nuestra Carta Magna, toda vez que desde una óptica legal y constitucional, la Suprema Ley está consciente de la sinrazón del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal, al haber decretado esa anticonstitucional Reforma Judicial.
Para postre, Alejandro Gertz Manero, en su carácter de Fiscal General de la República –conmovedor paladín de la impunidad-, permanece estático para indagar a la narco-política.
Es cuánto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
