Cicuta
Jaime Flores Martínez
Viernes 27 de junio del 2025- Obstinados en mantenerse en el poder político sin importarles el costo, los jerarcas de la 4T están dispuestos incluso a legalizar lo ilegal con tal de mantenerse en el poder.
El pasado lunes 16, el actual director general del Infonavit Octavio Romero Oropeza, anunció el lanzamiento del programa “Vivienda para el Bienestar”, que contempla un esquema de regularización de inmuebles ocupados de forma irregular. Es decir, aquella persona que invada una vivienda abandonada, podrá acceder a un modelo de renta con opción a compra con precios “muy económicos”, sin que el Infonavit proceda a desalojar, según explicó Romero.
Resulta inexplicable que en propio titular del Infonavit sea quien exponga una justificación retrógrada: en lugar de aplicar la ley y recuperar el patrimonio de los trabajadores, se opta por premiar a quienes la transgreden.
¡Premiar a los delincuentes!
Esta es —sin duda— una visión que socava el estado de derecho; resulta inconcebible que la autoridad legitime lo ilegal.
Romero dijo que se han censado más de 933 mil viviendas “emproblemadas” —así las denominó — por motivos de litigio, abandono o adeudo. De ese total: 131 mil están en “juicios masivos” legales que están actualmente suspendidos, 216 mil fueron adjudicadas tras juicios irregulares sin que Infonavit pueda escriturarlas, 497 mil cuentan con créditos vencidos que, en muchos casos, apuntan a créditos impagables.
Existen más de 845 mil viviendas que están abandonadas, vandalizadas u ocupadas irregularmente y este universo es gestionado mediante un censo con ayuda de la Secretaría del Bienestar.
Este cúmulo de cifras —933 mil “viviendas emproblemadas”, más 845 mil con ocupación irregular— revela la magnitud del problema: cerca de un millón y medio de viviendas públicas están comprometidas por mala gestión y abandono. Confundir esa realidad con una oportunidad inmobiliaria es una burla a los derechos de miles.
El programa Vivienda para el Bienestar parece una maniobra para maquillar responsabilidad institucional o un plan para mantener su clientela electoral.
En lugar de reforzar los mecanismos jurídicos para recuperar y reasignar legalmente estos inmuebles, se opta por ofrecerlos a quien los ocupa ilegalmente.
La consecuencia directa será alentar la invasión como estrategia de acceso a la vivienda.
Pareciera que el gobierno envía un mensaje claro: tumba el cerco, ocupa y, eventualmente, podrás adquirir lo que no te pertenece.
Esto no resuelve el problema de fondo: la profundidad de los fallos en el origen de vivienda social, los créditos impagables y la corrupción (más de 40 denuncias por juicios irregulares) están en curso.
Ni la justicia ni las víctimas de esos fraudes saldrán favorecidas.
El saldo: un precedente que normaliza lo irregular, destruye la confianza pública y pone en riesgo el patrimonio de los trabajadores acreditados.
Cómplices
Resulta inconcebible que los policías de Tijuana simplemente no acudan al llamado de emergencia de los ciudadanos.
Recientemente Cicuta conoció al menos dos casos de personas que fueron víctimas de delincuentes a plena luz del día y los policías “no sus luces”.
Pareciera que el director de la corporación David García Barraza cumple a la perfección su papel de “pisa papeles”, pues se tiene la impresión que no sirve ni de adorno.
Los policías bajo su mando hacen cualquier cosa menos cumplir con su responsabilidad.
Es inconcebible que los “monta choques” y las bandas de delincuentes centroamericanos operen impunemente, mientras los policías no saben dónde están.
Resulta inconcebible que García Barraza solo sepa cobrar su salario y quien sabe si también cuotas a sus subalternos.
Da la impresión que están coludidos.
Bueno, no deben ser todos.
Cantón
Unos cuantos días bastaron para que el presidente de la Comisión de Administración de la Cámara de Diputados de Baja California, diputado Jaime Cantón Rocha, “desapareciera” 17 millones de pesos destinados al rubro de Comunicación Social del Congreso.
El pasado lunes 9 Cicuta refirió que el diputado Cantón traía la intención de apoderarse de esos 17 millones de pesos y se aludió a su “enemigo” el también diputado morenista Juan Manuel Molina (alias el Chango) quien “filtra” todos los errores de Cantón.
En ese texto se aludió que Cantón pretendía apoderarse del presupuesto de Comunicación Social.
15 días después ya no hay “un centavo” de ese dinero, y a Cantón le vale verdura.
Su peón Armando Lemus, a quien impuso como jefe de prensa, no ha sido capaz de presentarse con la presidenta de la Comisión de Comunicación Social del Congreso diputada Araceli Geraldo.
Pareciera que Jaime Cantón Rocha será el enésimo rata morenista. Y el cinismo —que pena— es inconcebible.
Positivo
Qué bueno que la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila presentó el miércoles en el poblado de La Rumorosa el Plan Integral de Seguridad y Desarrollo para esa zona.
La intención es garantizar la seguridad e inyectar confianza a pobladores, visitantes y a las personas que atraviesan esa zona.
Severos acontecimientos violentos han mantenido aterrados a los habitantes de La Rumorosa y angustiados a quienes transitan por la carretera rumbo a Tijuana o Mexicali.
Con este nuevo plan, se buscará que regresen las actividades habituales a esa zona y que retornen los niveles de bienestar.
En hora buena, habitantes de La Rumorosa.
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