Por Aurelio Contreras Moreno
Una de las “modalidades” que los grupos delincuenciales han usado desde hace varios años para obtener millonarias ganancias, es la del robo de combustible a través de tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos que atraviesan el país.
Entre 2009 y 2016, las pérdidas estimadas por la hoy llamada Empresa Productiva del Estado a causa de esta actividad ascienden a 159 mil 957 millones de pesos, de los cuales, 100 mil millones corresponden al actual sexenio federal.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la potenciación de este delito se debió a que de ser cometido en un principio solamente por bandas locales, pasó a ser una actividad preponderante del crimen organizado, que también le imprimió su sello de violencia desmedida.
Ello ha quedado totalmente de manifiesto en los hechos de violencia suscitados en los últimos días en la frontera entre los estados de Puebla y Veracruz, donde los ladrones de combustible, conocidos en la vecina entidad como “huachicoleros”, se enfrentaron a elementos del Ejército, siendo las fuerzas castrenses las que sufrieron la mayor parte de las bajas.
Esto fue así porque, como sucede también con el tráfico de drogas, el crimen organizado ha involucrado a comunidades enteras en su actividad ilícita, al grado de que mujeres y niños fueron usados como escudos humanos para inhibir la acción de los militares, mientras los delincuentes arremetían en su contra.
Y ésta es quizá la clave del problema. Ante la ausencia de oportunidades para sobrevivir, estas comunidades aceptan cobijar a los grupos criminales y hasta participar en sus actividades porque de lo contrario, se mueren de hambre. Esa “base social”, por llamarla de algún modo, le permite a las bandas delincuenciales moverse con libertad por los territorios en los que actúan y que controlan, colocando en franca desventaja a las fuerzas de seguridad a la hora de ir por ellos.
También hay que señalar que no se trata de algo nuevo. Desde hace décadas, en Veracruz es conocida la operación de los “chupaductos” en prácticamente todo el territorio estatal, por el que atraviesan ductos de Pemex de norte a sur. Incluso, se han registrado múltiples accidentes por esta causa, que le han costado la vida a varios ladrones de combustible, pero también a muchos inocentes que ni la debían.
El problema es que este fenómeno, como todos los demás de la esfera criminal, se dejó crecer. Nunca se tomaron acciones contundentes para frenar esta actividad delincuencial, por diferentes motivos. Entre otros, porque el robo de combustible no sólo le deja ganancias a quienes lo venden, sino también a quienes lo compran a un precio mucho menor que el del mercado.
Esto incluye a los empresarios transportistas, a dueños de taxis y a todos los que de una u otra manera forman parte de ese sector y han aprovechado la oportunidad de obtener ganancias, sin importar que sean ilícitas, a los ojos de las autoridades de todos los niveles, que han preferido voltear la vista a otro lado, cuando no también le entraron al “negocio”.
Como siempre ocurre en México, no fue sino hasta que estalló una crisis como la de los “huachicoleros” que la autoridad, más por obligación que por convicción, decidió tomar cartas en el asunto. Y como en el caso del narcotráfico, los resultados de esa iniciativa se antojan inciertos, si no es que con amplias posibilidades de ir directo al fracaso.
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