CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2020 se cometieron en el país, por lo menos, 5,380 hechos de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, informó Causa en Común en su informe anual “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos”.
El reporte define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
En el estudio se consigna que, durante el año, sobresalieron los alarmantes asesinatos de niños, niñas y adolescentes, con al menos 410, siendo Guanajuato la entidad que encabezó la lista, con al menos 46 casos. En diciembre, destacó el caso de una niña de once años que fue asesinada a balazos por su padre, en Chihuahua. También el mes pasado fue asesinado, por un grupo armado, en Baja California, un adolescente de 15 años. Es inadmisible que, ante cientos de eventos como los mencionados, el presidente haya afirmado que su gobierno es el “que más protege a las niñas y a los niños”.
En el año se registraron, al menos, 672 masacres, siendo Guanajuato la entidad que encabezó la lista, con al menos 176. A pesar de que el presidente afirma que ya no existe la tortura en el país, medios periodísticos dieron cuenta de al menos 944 actos de tortura; Chihuahua encabezó la lista, con al menos 105 casos.
También destacan los 1,350 cuerpos hallados en fosas clandestinas, siendo Jalisco, la entidad con más casos registrados (499). En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se encontró la fosa más grande, con 171 cuerpos.
En el año se registraron, al menos, 911 hechos atroces en contra de mujeres, niñas y adolescentes. Sobresalió el caso de una mujer que fue hallada desmembrada dentro de una maleta, en Jalisco, o el caso de una niña de nueve años que fue violada y asesinada, en Guerrero. A pesar de estos hechos, persiste una gran indiferencia por parte de las autoridades en torno a la violencia en contra de las mujeres.
El estudio incluye el asesinato de 13 periodistas.
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En las diversas categorías de atrocidades, se registraron 6,365 víctimas durante el año. Algunas categorías que aumentaron sus registros durante diciembre fueron el asesinato de funcionarios públicos, con 19 casos, contra seis del mes de noviembre; así como los casos de linchamiento, mutilación y terrorismo, que sumaron siete casos cada uno en el último mes, contra dos, uno y tres en el mes anterior, respectivamente.
En el informe se advierte que habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por los medios, y que permanecen aún sin ser conocidas.
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Los estados con más víctimas de atrocidades registradas fueron Guanajuato (con 1,002), Jalisco (con 816), Chihuahua (con 419); Michoacán (con 409), y Guerrero (con 379). Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Aguascalientes (con 15), Nayarit y Campeche (con 11 cada uno), Baja California Sur (con 10) y Yucatán (con dos).
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Ante estos hechos atroces, es imperativo exigir una estrategia clara por parte de los gobiernos federal y estatales, en materia de seguridad y combate al crimen organizado, mediante la construcción de planes y programas encaminados a la disminución de los índices delictivos. María Elena Morera, presidenta de la organización, subrayó que “es imperativo emprender el rescate de nuestras policías y revertir una militarización que pone en riesgo nuestra democracia, y que además no sirve para atender problemas de seguridad pública.”
Para comentar el informe, Margarita López Pérez, Defensora de Derechos Humanos de Buscando Cuerpos en México, narró su experiencia sobre las atrocidades que ha detectado después de diez años que lleva buscando a su hija, en donde la constante “es el poco compromiso que tienen los gobiernos por atender los casos de los desaparecidos”.
También lamentó la desaparición de la Ley General de Víctimas, promovida por el actual gobierno, “ya que eran fondos claros, auditables, y representaban un paliativo para los familiares de los desaparecidos”, ya que cuando a una persona enfrenta la desaparición de un ser querido, se le terminan los recursos para su búsqueda, y más si el familiar era cabeza de familia, explicó.
Por último, María Elena Medina Mora, Directora de Psicología de la UNAM, comentó que México vive una situación de violencia especial que “requiere un esquema que nos ayude a reducir el impacto de la violencia y atender a personas en riesgo”. También propuso el desarrollo de programas de salud mental vinculados a programas de desarrollo que puedan dar acompañamiento a las personas que los necesitan y sufren por la violencia extrema del país.
El análisis completo puede ser consultado en:
AM.MX/fm
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