Una jueza federal ordenó que la audiencia en la que se definirá la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, se lleve a cabo a puerta cerrada, sin acceso a medios de comunicación ni público, en el marco de una investigación por presunto huachicol fiscal.
La decisión fue tomada por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien programó la diligencia para este martes a las 17:00 horas. En esta sesión, se determinará si Ruffo y otros siete imputados son vinculados a proceso por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.
El caso ha destacado por el nivel de restricción informativa. La audiencia inicial, realizada el fin de semana pasado mediante videoconferencia y con una duración de más de 32 horas, también se desarrolló de forma privada, sin que fuera publicada en la agenda oficial del Órgano de Administración Judicial.
De acuerdo con informes judiciales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó que el proceso se mantuviera bajo reserva, al considerar que se trata de un asunto de seguridad nacional y que involucra datos que deben permanecer bajo sigilo.
Entre los imputados se encuentran Ricardo Thompson Navarro, empresario vinculado a Servicios Portuarios; José Merino Valdés Cuervo, representante de empresas accionistas de Ingemar; así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su colaborador Luis Antonio Barrientos Juárez.
También figuran Adriana Magali Bárcenas Guillén, representante de Logística Ferroviaria Fargo; y José María de la Peña Ramos junto con Guillermo de la Peña Rosales, empresarios de una firma con sede en Saltillo, Coahuila.
Actualmente, Ruffo y otros cuatro imputados permanecen en el Penal del Altiplano, mientras que Bárcenas está en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur. Los hermanos de la Peña son los únicos a quienes se les concedió prisión domiciliaria.
Al inicio de la audiencia de este martes, el procedimiento registró retrasos debido a que no todos los abogados se encontraban conectados por videoconferencia.
