Cicuta
Jaime Flores Martínez
Descarado alcahuete del reciente escándalo político en el gobierno de Tijuana, el síndico procurador Rafael Leyva Pérez ingresó voluntariamente a la lista de funcionarios corruptos.
Y es que la impresión generalizada es que el síndico exoneró precipitadamente a José Gabriel Sánchez Farfán, secretario particular del actual secretario general de gobierno de Tijuana Jorge Salazar Miramontes.
Por si alguien no lo recuerda el sábado 29 Sánchez Farfán fue detenido por conducir un vehículo particular a gran velocidad y equipado con estrobos policiacos.
Dentro de la camioneta los uniformados localizaron más de 200 mil pesos y mil dólares.
Además, encontraron que en su celular, Sánchez Farfán escribió que tenía “20 kilos de mota”.
Cuatro días después la alcaldesa Monserrat Caballero salió a justificarlo al decir que cometió el error de ponerle lucecitas a su auto y se voló la barda al referir que el dinero que traía correspondía a su sueldo.
La alcaldesa remató al afirmar que Sánchez Farfán no sería despedido y que la Sindicatura Municipal investigaría el tema.
Ya Cicuta reveló que Sánchez Farfán es el lugarteniente (operador) de Salazar Miramontes y de la propia alcaldesa Monserrat Caballero.
El dinero que llevaba desde luego que no era suyo, sino de sus patrones.
La tarde del jueves 2 de diciembre el síndico municipal Rafael Leyva Pérez anunció “que se investigaría” y al día siguiente ¡lo exoneró!
Nadie puede decir que Leyva trabaja rápido y con eficiencia, sino que se convirtió en zalamero de la alcaldesa.
Qué confianza puede tenérsele a un funcionario que aparentemente opera de forma independiente en las investigaciones donde funcionarios municipales cometan eventuales anomalías.
Queda muy claro que Rafael Leyva es un alcahuete de Monserrat Caballero y de Jorge Salazar Miramontes.
Hay quien dice que “son del mismo equipo”, pues ambos le rinden pleitesía al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez.
Sin embargo, Leyva debe saber que en su papel de síndico, perdió credibilidad y más allá de eso generó desconfianza.
Leyva debe saber que la imagen del actual gobierno de Tijuana (MORENA) está por los suelos y decidió integrarse.
También debe saber que la complicidad es corrupción.
Ah
Por cierto, Rafael Leyva cobija desde hace unos días al abogado Iván de la Selva, un tapete de Fernando Castro Trenti ex priista y ex embajador de México en Argentina y en Suiza.
De la Selva es flamante director de Responsabilidades de la Sindicatura y compadre del roedor subdirector de Inspección y Verificación del gobierno de Tijuana Manuel Purdom Maldonado.
Este último se dedica a negociar todo lo chueco que detecta el ejército de inspectores de Reglamentos.
Eso sí, entra a la oficina de su compadre y director Adolfo García Dworak y sale con su “cangurera” verde (donde carga los billetes) más flaca que una adolescente bulímica.
Ah
A propósito, el crucero de la 5 y 10 de Tijuana está en este momento saturado de vendedores ambulantes.
Uno de ellos confió a Cicuta que su espacio lo consiguió un líder conocido como el Oaxaco, quien es operador del actual director de Reglamentos Adolfo García Dworak.
Este vendedor aclara que cada semana le da 300 pesos a un tal Payán, quien aparentemente es el titular de Reglamentos de la Delegación de la Mesa.
Deben ser tres centenares de ambulantes en esa zona.
Catedral
El periodista Hugo Isaac Rea trasmitió la noche del sábado 11 desde el exterior de la catedral de Tijuana, cómo opera un grupo de choque del director de Reglamentos Adolfo García Dworak.
Este grupo agrede a los ambulantes que no dan “moches”.
El más agresivo contra el periodista que trasmitía en vivo era el mentado Oaxaco, monigote de García Dworak.
Positivo
Qué bueno que el gobierno de Baja California implementó una estrategia para contener los derrames de aguas negras a la playa.
Durante la última década el gobierno de Estados Unidos protestó indignado por la altísima contaminación que genera la irresponsabilidad de sus vecinos.
Serge Dedina, alcalde de Imperial Beach fue siempre el portavoz de la indignación.
Ahora, el asunto está prácticamente arreglado.
Y no se trata de satisfacer al gobierno del vecino país, sino de la responsabilidad de defender al medio ambiente, porque de esa manera mantiene sana a la comunidad de ambos lados de la
frontera.
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