Diario de un Reportero
Ramsés Ancira
Una colega comunicadora, Michel Kinnery, me dijo que la ironía no es saludable en los medios de comunicación. Me platicó que un día estaba en un programa enseñando la forma correcta de bañar a un niño de brazos y utilizaba un muñeco como instrumento didáctico. Entonces el productor le hizo la señal de ir a corte y ella dijo al aire que ahí dejaban al maniquí remojando hasta el siguiente programa, cuando continuarían la lección. Varias personas llamaron para preguntar si tenían que dejar a sus hijos en la tina.
Así que cuando el Tribunal Electoral da luz verde al uso de tarjetas de regalo en las elecciones, podría parecer una ironía, pero en la práctica no es ninguna broma.
Con seis meses de anticipación el Tribunal Federal Electoral ya le puso el piso disparejo a los contendientes a la presidencia al pedirle al Instituto Nacional Electoral que no se ponga de metiche si algún partido se pone generoso y se le da la gana regalar tarjetas canjeables por dinero o mercancía. Lo que en palabras simples significa avalar las prácticas del PRI y del Partido Verde. ¡Felicidades a José Antonio Meade! En caso de que alguien dude de la limpieza de su triunfo ya no tendrá que someterse a molestas indagatorias como las que en su momento provocaron las tarjetas Monex y Soriana.
El paso siguiente debería ser legalizar el desvío de recursos públicos de los estados a campañas del PRI, tal como acusa Javier Corral que hizo César Duarte como gobernador de Chihuahua.
Si alguien se opone, que lo piense dos veces porque el gobierno mexicano acaba de gastarse 100 millones de dólares en torpedos y misiles comprados a Estados Unidos, sin dar muchas explicaciones. Hay por supuesto otras prácticas disuasivas menos agresivas.
Se pueden por ejemplo comprar primeras planas de periódicos insultando a los gobernadores que vayan de chismosos diciendo que la federación no les quiere dar los recursos que les corresponden para combatir la violencia. También, como genialmente los nombra el colega Francisco Rodríguez, sobran textoservidores a quienes no les importará publicar cuanta cosa les convenga para denostar a quien se oponga a la continuidad del sistema
La decisión del Tribunal Electoral no puede verse como otra cosa que la legalización de la compra de votos, si no con dinero en efectivo, por lo menos a través de plásticos.
Una de las primeras y más notorias reacciones fue la del ex procurador General de la República, Diego Valadez, quien señaló en su cuenta de twitter “Este tipo de resoluciones no contribuye a que en 2018 haya pulcritud y equidad en el proceso electoral”
Bueno, bueno ¿por quién vota?
Así decían los locutores en las estaciones de radio cuando se ponían a concurso las canciones para decidir cómo se programaban.
Mientras Antonio Meade fue secretario de Hacienda, el gas LP aumentó hasta un máximo de 53 por ciento en el país, un promedio de 34 por ciento, esto es 5 veces más que la inflación de 2017 que según el banco de México estuvo en 6.77 por ciento.
Por otra parte Andrés Manuel López Obrador asegura que en su gobierno, a partir del 2018, el sector energético será la base del crecimiento de México, que se construirán refinerías y eso permitirá abaratar el precio del combustible y el dísel. Esto beneficiará, entre otros, a los pueblos pesqueros a lo largo de los 11 mil kilómetros de litorales que hay en el país, Mejorarán las condiciones para la pesca y con ello alimentarse de proteína animal será más fácil en el país.
¿Populismo o realismo? Usted es el que vota.
Miguel Ángel Mancera, fabricante de culpables
Resolver a como dé lugar los crímenes de alto impacto mediático debería tener siempre un alto costo político.
Cuando la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México presentó al presunto responsable del crimen de una modelo argentina, mostró una motocicleta, a un hombre con casco y aseguró que por las placas se pudo identificar al responsable.
Pero luego resultó que la defensa del inculpado mostró fotos, pasaportes, videos y boletos de avión que demostraron que no estaba en México cuando ocurrió el feminicidio.
Miguel Ángel Mancera se limitó a decir que el juez que recibió al inculpado encontró elementos de prueba para retenerlo. Lo que no dijo es qué medidas adoptará para ver que responsabilidades tiene su procuraduría por presentar falsas pruebas que condujeran al error del juez y que no pudieron ser subsanadas hasta que un juez de control revisó los nuevos documentos. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio?
La buena posición económica del inculpado permitió su liberación en un tiempo relativamente corto, pero ¿cuántos pasarán décadas de su vida en prisión por falsos indicios?
Por lo pronto ahí está, además, el llamado Caso Narvarte y 120 páginas de la Comisión de Derechos Humanos que señalan que la Procuraduría dejó muchas pistas sin investigar, que entraron a la escena del crimen personas que no debían estar, que no hay móvil del crimen aclarado, que a la escena del crimen no se presentaron médicos peritos forenses; que no hay explicación de por qué torturaron a las víctimas; que el foto periodista Rubén Espinosa no era el único que había recibido amenazas de muerte, también fue el caso de la trabajadora doméstica , Alejandra Negrete Avilés, cuyo esposo también había sido asesinado. No se siguieron líneas de investigación específicas para defensores de derechos humanos, como era el caso de una de las víctimas, Nadia Vera y así una larga lista de omisiones.
Si en dos de los casos más sonados de la administración de Miguel Ángel Mancera, hay sospechas de fabricación de culpables ¿Cuántos más presuntos responsables pueden existir pagando condenas por delitos que no cometieron?
