Vecinos de Juan C. Bonilla, en Puebla, denunciaron que Miguel López Vega, Alejandro Torres Chocolatl, Alberto Cirne e Israel Mendoza Tepale están detrás de la toma ilegal de instalaciones de una planta en el estado, con la finalidad de extorsionar y obtener dinero.
Desde el 8 de agosto, varios sujetos irrumpieron en las instalaciones de una empresa realizando actos violentos de vandalismo, golpearon al personal de seguridad de la planta y saquearon oficinas, además de dañar instalaciones de la planta de producción, bajo el argumento de que dicha empresa estaba dejando sin agua a los habitantes de la comunidad.
No obstante, los locatarios reconocieron a los tipos que organizaron las protestas a quienes señalaron de dedicarse a crear conflictos sociales, desinformar a la población y oponerse a cualquier proyecto con el fin de extorsionar y obtener dinero.
Tal es el caso, de Miguel López Vega, uno de los sujetos señalados que cuenta con una carpeta de investigación iniciada en su contra por ataques a vías de comunicación y daños en propiedad ajena.
Mientras que Israel Mendoza Tepale también es acusado de haber desarrollado esquemas de choque contra los gobiernos Municipal y Estatal, así como con empresas. Existen diligencias en su contra por supuestamente difundir desinformación y mantiene oposición a cualquier megaproyecto en la zona con la finalidad de extorsionar y obtener beneficios económicos personales.
Por su parte, Alejandro Torres Chocolate, otro de los supuestos organizadores cuenta con antecedentes penales, puesto que fue detenido por privación ilegal de la libertad con violencia agravada contra funcionarios públicos y pandillerismo.
A pesar de que los sujetos ya fueron identificados por varias personas y que se han difundido sus rostros en redes sociales, las autoridades, tanto locales como Federales no han intervenido para liberar los accesos a la planta.
Incluso, se ha negado a las autoridades y personal de la empresa el paso para poder liberar las entradas y por ende, no han entregado consignas claras y han dinamitado los puntos de diálogo con autoridades estatales y federales.
Hay que mencionar que la toma de instalaciones representa pérdidas de 10 millones de pesos cada mes y ha tenido que utilizar otro tipo de estrategias para distribuir sus productos en la zona, por lo que trabajadores y locatarios han exigido la intervención de las autoridades.
Incluso, por estos hechos el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, aseguró que la Federación “debe salir a dar la cara y no evadir su responsabilidad para solucionar el conflicto que pobladores de San Mateo Cuanalá”.
