* Por muchos años, los gobiernos priístas alentaron la renta de inmuebles no aptos para oficinas, con el fin de instalar las diversas dependencias, permitiendo que los dueños, muchos ex políticos junto con sus socios y amigos empresarios, impusieran altos cobros de rentas para obtener ganancias millonarias, pero el fin del jugoso negocio se acerca pues el Congreso del Estado, autorizó al gobernador Julio Menchaca, recursos por 2 mil 900 millones de pesos a ser ejercidos este 2025 y en el 2026, para construir dos torres de lo que será el Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), en terrenos propiedad del gobierno del Estado, y donde se asentarán todas las dependencias públicas
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Tras la autorización del Congreso Local para modificar el Presupuesto de Egresos 2025, con el fin de asignar recursos durante el presente y siguiente ejercicio por dos mil 900 millones de pesos con el fin de construir dos torres donde se asentará el llamado Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), en una superficie de 6,58 hectáreas ubicadas detrás de la Alberca Olímpica de la Universidad Politécnica, en el polígono de la Zona Plateada, muchos intereses del pasado pegarán el grito al cielo al ver afectados sus intereses.
Y mire que lo estamos comentando con mucha antelación porque el negocio autorizado por gobiernos priístas, le venía costando a la actual administración de la 4T, algo así como más de 80 millones de pesos al año por pago de renta en diversos inmuebles donde se asentaron diversas oficinas y dependencias públicas sin contar con la infraestructura necesaria para un adecuado funcionamiento y la prestación de un servicio eficaz a los usuarios.
Tan solo del 2024 y 2025, el pago de los arrendamientos le costará a las finanzas estatales 172 millones de pesos, razón por la que el gobernador Julio Menchaca Salazar decidió tomar el toro por los cuernos y dar el necesario paso para que el Gobierno del Estado concentre en un solo lugar todas las dependencias públicas lo que ahorrará tiempo a los usuarios, pero también le permitirá contar con un patrimonio propio dotado de una infraestructura moderna y funcional, sin dejar de mencionar que Pachuca se librará de problemas de vialidades congestionadas por la falta de estacionamientos en los alrededores de estos inmuebles que, como ya comentamos, fueron habilitados como oficinas gubernamentales sin tomar en consideración que no reunían las características para tal función.
No deberá extrañar a los hidalguenses que entre los directamente afectados que seguramente pegarán el grito al cielo, aparecerán los nombres de varios políticos resentidos junto con algunos de sus amigos empresarios y hasta prestanombres, quienes van a decir que el gasto es innecesario y excesivo.
A lo cual valdrá la pena comentarles que en primer lugar, la obra no representará endeudamiento alguno y, además, el predio donde se edificará tampoco implicará una erogación extra pues es propiedad del gobierno del Estado, sin dejar de mencionar que parte de los recursos provendrán de los ahorros en el gasto público.
Contra lo que muchos piensan, el costo de la obra no representará afectación alguna a los programas sociales ni apoyo a los municipios del Estado. Cabe mencionar que las dos torres donde se ubicarán todas las dependencias públicas, albergarán alrededor de 3 mil 400 trabajadores, y uno de sus efectos positivos en la economía local, es que durante su construcción se generarán dos mil 500 empleos directos e indirectos.
Así que para quienes hicieron del arrendamiento de inmuebles de mala calidad a los gobiernos estatales un negocio redondo por muchos años, la piñata se les va a acabar. ¡Lástima, margaritos¡
