Joel Hernández Santiago
No habían pasado ni 24 horas, luego de que el 18 de agosto el director de la Agencia para el Control de Drogas de EUA (DEA) Terry C. Cole anunciara con un comunicado el “Proyecto Portero”, para que la presidente de México, Claudia Sheinbaum descalificara cualquier acuerdo o proyecto del gobierno mexicano con esta agencia del gobierno estadounidense.
El documento presentado por Cole -dice él mismo- busca fortalecer la colaboración con sus socios mexicanos en “la lucha contra los cárteles” para cortar las redes de contrabando que inundan con “mortales drogas sintéticas” a las comunidades estadounidenses.
Cole dijo: “Considero que, debido a los esfuerzos del presidente (Donald Trump) con México, estamos viendo una disposición sin precedentes de ese país a cooperar con Estados Unidos y nuestro personal. Pienso que juntos podemos seguir salvando la mayor cantidad de vidas estadounidenses posible”, en entrevista con la cadena Fox News.
La presidente mexicana reviró: “Emiten el comunicado, no sabemos con base en qué; nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo”, enfatizó en su mañanera del 19 de agosto.
“Al mismo tiempo que lo conocieron ustedes, en ese mismo momento me enteré yo del comunicado; igual que el secretario de Seguridad, igual que el fiscal, igual que el secretario de la Defensa, de Marina”, explicó Sheinbaum, que comentó que nada más leerlo habló con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para preguntarle si se había firmado algún acuerdo con la agencia antidrogas que ella no conocía. La respuesta fue “no”.
El repudio a la DEA por el gobierno mexicano de López Obrador tiene varias versiones en su origen. Ya desde su gestión (2018-2024), no escatimó adjetivos para exigir la no intervención de la Agencia estadounidense en asuntos mexicanos. De hecho prohibió el acceso de sus agentes en territorio mexicano. De plano le tenía ojeriza.
Algunos atribuyen estas desavenencias en trabajos que había hecho la DEA relativos a la aportación de recursos provenientes del narcotráfico para apoyar campañas de gobierno.
Tim Golden, el prestigiado periodista estadounidense, ganador de dos Premios Pulitzer por sus trabajos de información, lo publicó así el 19 de julio de 2024:
“En el verano del 2010, mientras agentes estadounidenses investigaban acusaciones de que una poderosa mafia de la droga había inyectado dinero en la política mexicana, los investigadores apuntaron directamente hacia un hombre conocido.
“Según documentos confidenciales la Administración para el Control de Drogas (DEA) arriesgó a sabiendas causar un furor político al intentar penetrar la organización de la campaña de López Obrador antes de que los mexicanos pudieran elegir un gobierno que podría estar en deuda con los traficantes.”
Luego, todo esto fue negado por el gobierno mexicano. Y por supuesto descalificó al reportero y a su medio ProPublica. Y fue más allá, en 2020 envió una serie de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que acotaron las actividades que los agentes extranjeros pueden hacer en México.
Otra versión del conflicto entre el gobierno de AMLO con la DEA la da el periodista Joaquín López Dóriga. Dice:
“En realidad, el conflicto surgió por la diferencia de criterios: mientras López Obrador repetía que en México no se producía fentanilo, Cole y los suyos [DEA] localizaban y destruían narco laboratorios en territorio nacional; mientras el presidente repetía el eslogan oficial de “abrazos y no balazos”, Cole detectaba cómo se extendía y diversificaba el crimen organizado y aumentaba la producción de ese opioide letal y su traslado a Estados Unidos…
“Cole llegó a decir públicamente que aquí los cárteles de la droga trabajaban de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en altos niveles, lo que López Obrador negó siempre, exigiendo pruebas.”
Pero ya estaba digerida la jalea y durante todo el gobierno de AMLO la agencia tuvo que mantenerse a raya, aunque es difícil de pensar que dejaron de hacer su trabajo de investigación en territorio mexicano, seguramente de forma subrepticia y oculta.
Ya se sabe que México es muy importante para el gobierno estadounidense por razones de seguridad nacional y por la frecuente acusación de que el gobierno mexicano hace poco para detener la fabricación y traslado de fentanilo hacia EUA.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum, replica esa animadversión de su gobierno hacia la DEA. Muy probablemente por el impacto de las decisiones de AMLO entonces y ahora. Y también porque el gobierno mexicano presupone que la DEA tiene información que no le conviene ya que podría involucrar a políticos de Morena-4T. Y si tienen esa información la van a utilizar tarde o temprano.
Sin embargo se está a punto de firmar un Acuerdo México-EUA sobre seguridad y muy probablemente el gobierno de aquel país introducirá una cláusula de colaboración en donde acepte a la DEA y a otras agencias como representantes de Estados Unidos para cuidar a aquel su país.
Nadie en México quiere la intromisión de agencias de inteligencia y policiacas o militares en territorio mexicano. Nadie con dos dedos de frente.
Pero también es cierto que el trabajo que pretende hacer la DEA lo debe hacer el gobierno mexicano, y que garantice la seguridad de los mexicanos, hoy bajo terror por la violencia creciente y la impunidad reinante. Mientras esto siga, el gobierno mexicano será muy vulnerable a las recriminaciones e intromisiones del gobierno de Trump.
