Pocas cosas desmoralizan más a México que las injusticias que propician los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. No debemos olvidar los mexicanos que esos impartidores de justicia actúan siempre en nombre del Estado y de la Carta de Carranza.
Desde la época del neoliberalismo y la Cuarta Transformación de la Nación, los mexicanos hemos asistido perplejos a los circos del Estado de Derecho montados por el propio Estado, esas ceremonias de enaltecimiento a la corrupción, han denigrado a la justicia y la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., no comprende porqué el Poder Ejecutivo Federal no realizó las acciones políticas indispensables para evitar tan deprimentes espectáculos.
En la actualidad la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y su segundo piso de la Cuarta Transformación de la República, corren el riesgo de que los nacionales nos abstengamos de creer en la impartición de justicia y por sobre todo en la independencia e imparcialidad de quienes dicen otorgarla.
La abogacía independiente es certera cuando afirma que el voto popular para seleccionar a los impartidores de justicia no terminará con esa desmoralización de la cuál se habla.
Los más selectos togados de ésta Nación, se encuentran convencidos que nuestro Poder Judicial Federal requiere como soporte principal la independencia judicial, para que ésta se convierta en una verdadera y absoluta salvaguarda de la imparcialidad, ya que la misma resulta ser la misión constitucional de todo aquél impartidor de justicia y es exactamente aquí donde surge, con la Reforma Judicial, el mayor obstáculo para esa independencia e imparcialidad.
El Poder Ejecutivo Federal, quiérase o no, quiere ejercer una autoridad sobre el Poder Judicial Federal, aspirando, con ello, a obtener un juicio social favorable para esa Cuarta Transformación de la Nación, la cual representa con su segundo piso.
Ese juicio social al que se refieren las líneas que anteceden, no podrá concretarse, ni podrá ser utilizado políticamente en razón a que la Reforma de mérito contiene aspectos protervos.
Por principio de cuentas, los estudiosos del Derecho encuentran que, con la misma, se pretende que la responsabilidad de la situación actual de inseguridad de la República pase a estar de sede política a sede judicial. En efecto, se hará creer a la Nación y a los justiciables que el poder político se encuentra comprometido en la lucha contra la delincuencia y por ende, el fracaso de la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador va a recaer ahora sobre los jueces que sean votados y no sobre el verdaderamente responsable de ese fracaso.
De esta forma el único beneficiado será ese mal gobernante y el poder de su Cuarta Transformación de la Nación, representado por el voto popular dada esa retorcida e inmoral Reforma Judicial.
México lo que hoy requiere es un respeto a nuestro Estado de Derecho y no necesita que nuestros impartidores de justicia resulten ser los adecuados para mantener la esencia de ese mal gobernante que propició tan infausta Reforma Judicial.
Es indispensable que se sepa que la base de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial Federal se encuentra en su origen, no en la Reforma que conlleva al voto.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
