Comienzo escribiendo y exigiendo una eficaz condena en las mazmorras de las prisiones de la República para todos aquellos servidores públicos infiltrados en el medio de justicia, quienes sólo se aprovecharon —sin recato alguno— de denigrar y prostituir a la Diosa Themis.
El pueblo ha venido a confirmar la autenticidad de lo expuesto en líneas a retro. Son incalculables las quejas que prueban tales asertos, a Contrario Sensu de lo que afirman muchos funcionarios del medio de procuración, administración e impartición de justicia para defender su incorrecto criterio y su patrimonio mal habido.
Es por ésta razón y no por otra, que debo decir que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la letra y espíritu del artículo 17 señala de manera imperativa que la justicia que se imparte en ésta época y en las pasadas, debe y debió ser gratuita.
Con la sola aplicación de tan claro objetivo jurídico, los mexicanos que aquí habitamos, no tendríamos razón en elevar el tono de voz en señal de protesta, no tendríamos porque quejarnos de la corrupción que ahoga de inmundicia a la justicia. El síndrome del poder absoluto, la prepotencia e ignorancia de los que tras la corrupción se esconden en ésta Cuarta Transformación de la Nación, la perfidia y la inexacta aplicación de la ley de muchos de nuestros Siervos de la Nación que portan togas de corrupción e injusticia han hecho nugatoria la aplicación de los sabios preceptos constitucionales de referencia.
En el gobierno de Carlos Salinas De Gortari y los que le siguieron, con el pretexto de una lucha frontal en contra del narcotráfico –se permitió una vinculación de índole político, que aún persiste y que arroja graves consecuencias para nuestro México–.
Con éste tema y por desde luego con el apoyo de varios Procuradores Generales de la República, nuestra Representación Social Federal, no sólo toleró, auspició, consintió y no investigó a una caterva de indecentes togados que hicieron lo que quisieron, lucrando con la justicia, ya que lo importante era satisfacer su auri sacra fames.
Baste recordar los hechos ocurridos en cierto noviembre en Veracruz que han recibido no sólo el apoyo ilegal más desmedido, sino la complicidad total de la antes Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la Nación.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., exhorta y exige llegar al fondo de la narcopolítica, si de verdad se quiere respetar a nuestra Carta Magna, si de verdad se quiere demostrar amor a México, si de verdad ésta Cuarta Transformación quiere demostrar un combate a la corrupción.
Era tradición de la justicia en nuestra República no recibir remuneración alguna del pueblo, de los justiciables, de los litigantes, para obsequiar justicia; la caridad a favor de los necesitados era uno de los principales deberes de jueces, magistrados, agentes del ministerio público, fiscales, etc., era una noble prerrogativa de la justicia tender la mano al pueblo, al oprimido, rechazando todo emolumento. Lo único que se permitía recibir era la gratitud del justiciable, el aplauso de quien había servido; por eso nuestra Ley Suprema contiene el 17.
En nuestros recintos de justicia ya no hay pundonor. ¿Será posible que Andrés Manuel logre recuperar la dignidad perdida?..
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de
Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.
