El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión por la firma de más de un centenar de contratos petroleros sin la aprobación del Congreso.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Supremo de Justicia tras un largo proceso judicial que se remonta a 2005, conocido como el caso de los “Petrocontratos”.
Delitos Cometidos
Sánchez de Lozada, quien gobernó Bolivia en dos períodos (1993-1997 y 2002-2003), fue hallado culpable de «conducta antieconómica» e «incumplimiento de deberes».
Según el Ministerio de Justicia, estos delitos se cometieron al suscribir 107 contratos relacionados con la comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos sin la autorización del entonces Poder Legislativo, lo que constituyó una violación clara de la normativa constitucional vigente.
El ministro de Justicia, César Siles, destacó que “con estos contratos las petroleras tenían una ganancia del 82%, mientras que el Estado solo se quedaba con el 18%”.
La decisión del tribunal se tomó tras siete horas de deliberación y también incluyó penas para los exministros de Hidrocarburos Jorge Berindoague y Carlos Alberto Contreras, así como para el exviceministro Carlos Alberto López, quienes fueron condenados a cinco años de cárcel.
Contexto del Juicio
Sánchez de Lozada, que actualmente reside en Estados Unidos desde su renuncia en 2003, fue juzgado en rebeldía y defendido por abogados públicos. El gobierno boliviano ha solicitado su extradición, pero hasta ahora no ha sido aprobada por Washington.
“Este fallo marca un precedente y habilita la posibilidad no solo de extradición, sino también de iniciar acciones reparatorias por el daño económico causado”, afirmó Siles.El caso ha estado en la mira pública durante casi dos décadas, comenzando con una denuncia presentada en 2005 por el entonces diputado Evo Morales.
En 2006, Morales nacionalizó los hidrocarburos en Bolivia, lo que llevó a la anulación de los contratos firmados durante la administración de Sánchez de Lozada.
Consecuencias y Reacciones
La condena ha sido recibida como un acto histórico por parte del gobierno actual. “Es una sentencia que aguardaban el pueblo boliviano y las víctimas de la ‘guerra del gas’”, subrayó Siles.
Durante este conflicto social en 2003, más de 60 personas perdieron la vida en protestas contra las políticas del exmandatario.
Además, Sánchez de Lozada enfrenta acusaciones adicionales relacionadas con genocidio debido a su papel en las protestas que resultaron en numerosas muertes. En septiembre pasado, llegó a un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas fallecidos durante esos disturbios.
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