El mandatario neolonés podría ser juzgado por los delitos de desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.
Redacción MX Político.- Luego de que el pasado 21 de agosto fue presentada en el Congreso del Estado de Nuevo León, una iniciativa para su discusión y aprobación, para reformar el artículo 106 de la constitución local, hoy se aprobó por mayoría y deja abierta la posibilidad de que Jaime Rodríguez Calderón sea juzgado por cualquier tipo de delito en los próximos días.
Con esto, se estaría ante la eventual destitución del primer mandatario de Nuevo León, al retirarle la llamada “impunidad de investidura”; tan añeja como la propia Carta Magna de ese estado.
El diputado Jorge León, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, manifestó que se debe “quitar esta protección” debido a que no existe un sentido de fondo para mantenerla.
La propuesta fue presentada el pasado 21 de agosto por el diputado del PAN, Juan Carlos Ruiz García, en la que se modificaría el párrafo que dice: “El gobernador del Estado sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo”.
Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ha sido insistentemente señalado por diversas organizaciones civiles por los probables delitos de malversación de recursos propiedad de la entidad y por la utilización de recursos humanos para fines distintos de la administración pública (ejercicio indebido del servicio público).
Y ante esta modificación a la redacción del artículo 106 de la constitución local, que señala que el Gobernador del Estado podría ser acusado y juzgado por cualquier tipo de delito, “El Bronco” pronto podría enfrentar un proceso judicial.
Cabe señalar que adicional a los dos anteriores delitos probables, el pasado 25 de julio, la Sala Regional Especializada del TEPJF envió al Congreso local un incidente de incumplimiento de sentencia “promovido por Samuel García (senador del MC por Nuevo León)”, en el que le recuerda que está obligado a sancionar al mandatario estatal por las llamadas “broncofirmas”, mediante las cuales legalizó su registro a la contienda presidencial en 2018.
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