José Alberto Sánchez Nava
1.-En la arena política de México, los actos simulados de campaña anticipada se han convertido en una preocupante tendencia que amenaza la imparcialidad y transparencia del proceso electoral. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece claramente las regulaciones en los artículos 226 al 231 para controlar la propaganda y promoción durante los periodos de precampaña y campaña electoral. Sin embargo, el estado de derecho mexicano se enfrenta a un escenario en el que el actual presidente de México, desde la tribuna de comunicación social de la nación, ha llevado a cabo actos anticipados de campaña utilizando recursos públicos y exhortando a votar por su partido en detrimento de la oposición. Además, las corcholatas, bajo la instrucción del presidente, se encuentran en el dorso de la más cruda e ilegal simulación electoral.
2.-La intervención del Tribunal Federal Electoral para resolver las controversias por simulaciones de actos anticipados de campaña de todos los entes y sujetos obligados en el proceso electoral de 2024 es inminente. Sin embargo, esta situación plantea dudas sobre la efectividad y celeridad del tribunal en garantizar la justicia electoral. La presunción de sometimiento del INE al presidente y el simulado proceso interno de Morena generan incertidumbre sobre la imparcialidad con la que el tribunal tomará sus decisiones, lo cual pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral y, en consecuencia, el costo político y económico por dilapidación de recursos públicos sería enorme en caso de que se anulen candidaturas y/o elecciones.
3.-Ante ese escenario de ilegalidad en materia electoral en México, surge una alarmante interrogante que detona la actitud aparentemente contradictoria del presidente, ¿Qué objeto tiene, el hecho de dinamitar el proceso electoral en perjuicio de hasta su propio candidato o candidata con actos al margen de la ley electoral, si éste se jacta de que el pueblo bueno avala su proyecto de transformación afirmando que incluso, va por la mayoría en ambas cámaras para reformar la Constitución a modo de su proyecto?
4.-No existe ninguna respuesta lógica que no esté relacionada con la enorme preocupación presidencial ante lo corto de las expectativas por fracasos de casi todos los rubros de gobierno, lo cual, ya de frente a una contienda electoral, le es de urgente prioridad desviar la atención de la ingobernabilidad que se proyecta ante la falta de medicamentos e insumos en el sector salud, un desastre el cual se está tornando peligroso, la desigualdad lacerante que vulnera el poder adquisitivo de los mas pobres no obstante los apoyos sociales que resultan artificiales ante aspectos inflacionarios, así como la desaparición de escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, refugios para mujeres violentadas etc. En materia de seguridad pública, el desastre resulta insostenible con los homicidios dolosos, las masacres con tintes de terrorismo, secuestros, desapariciones forzadas etc., además del desastre con los actos de corrupción sin precedentes en manos de este gobierno es inobjetable y no es solo el de Segalmex. Es decir, el reclamo podría venir de la sociedad y no de los partidos políticos, la expresión del presidente en el zócalo el sábado 1 de julio de 2023, “Se avanza hacia la erradicación de la violencia, lo vamos a lograr entre todos, ¡me canso ganso!” es lapidaria ante el fracaso inducido por la expresión “abrazos, no balazos”.
5.-Lo grave, es que todo se agudiza ante lo grisáceo de las mal llamadas “corcholatas”, las cuales llegarán con un enorme desgaste a la contienda, porque independientemente de la fuerza del voto duro con el que cuentan, ni siquiera han dimensionado el alcance de sus burlas hacia los destinatarios de los postulados de la austeridad republicana y la pobreza franciscana, con actos simples y ociosos como la exhibición de sus atuendos que incluyen relojes de alta gama, viajes de particulares en aviones oficiales, y actitudes desesperadas como imitaciones para parecerse al presidente y un enorme dispendio de recursos públicos etc., el espejismo de convocar al zócalo a los 22 gobernadores del partido oficial, para asegurar la presidencia de la republica están dejando de tener relevancia, la realidad se presentará puntual en las próximas elecciones de 2024, respecto de la conformación de ambas cámaras.
5.- A pesar de la incertidumbre sobre el objetivo final del presidente para dinamitar el proceso electoral de 2024, es de suma importancia que el Tribunal Federal en Materia Electoral, asuma su rol de manera independiente y transparente para resolver estas ilegalidades. Por tanto, el tribunal debe garantizar que se realice una exhaustiva revisión de los actos denunciados como anticipados de campaña y tomar decisiones imparciales y justas basadas en el estricto cumplimiento de la ley. El tribunal tiene la responsabilidad de proteger la integridad del proceso electoral y salvaguardar los principios democráticos, sin importar la presión o influencia que pueda ejercer el poder ejecutivo.
6.- Las tesis de jurisprudencia en materia electoral han establecido que las autoridades electorales deben analizar si se actualizan actos anticipados de precampaña o campaña, teniendo en cuenta las variables del contexto en el que se emiten los actos o expresiones objeto de denuncia. Estas variables incluyen: 1) el público al que se dirige el mensaje, ya sea la ciudadanía en general o la militancia, y el número de receptores para determinar si se emitió a un público relevante en una proporción trascendente; 2) el tipo de lugar o recinto donde se lleva a cabo el acto, si es público o privado, de acceso libre o restringido; y 3) las modalidades de difusión de los mensajes, como un discurso en un centro de reunión, un mitin, un promocional en radio o televisión, una publicación o cualquier otro medio masivo de información.
7.- En esencia, el proceso electoral diseñado por el presidente en favor de su movimiento se ve afectado por actos nulos de pleno derecho en materia electoral, y el presidente lo sabe perfectamente. En el ambiente político se percibe una intención malsana y ociosa de restar legitimidad no solo a sus oponentes, sino incluso a su posible sucesor, que actualmente es una corcholata inmersa en actos anticipados de campaña con la intención convertirse en candidato. Sería deseable que el Ejecutivo desistiera de ese papel protagónico en el ocaso de su mandato para evitar una posible hecatombe inducida por todos estos actos ilegales, que podrían generar caos entre los partidos, las coaliciones, el INE, el Tribunal Federal Electoral y la sociedad, que hoy se encuentra polarizada en su conjunto. El verdadero y oficial propósito de todo esto se revelará en el corto plazo.
8.- Por su parte, la ciudadanía debe tener presente que el derecho al voto y a ser votado es un derecho humano reconocido en la Constitución, el cual todos los mexicanos debemos defender y denunciar ante cualquier acto que lo vulnere. En lo que respecta al presidente, debe ser consciente de la tipificación del delito imprescriptible y humanitario de apartheid, que se refiere a un régimen de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales con la intención de mantener ese régimen mediante la vulneración del sentido del voto y/o los procedimientos electorales como un derecho. Por último, si el ejército tuviese ante sí, un posible escenario de confrontación y dominación hacia la sociedad, para sostener ilegalidades desde el poder en materia electoral, y ante ello, le surgiera la más mínima duda sobre si obedecer al presidente o a la Constitución, tendría que privilegiar lo que el espíritu del Constituyente determinó respecto de la esencia del ejército, por ello, ante la más mínima duda, ese mismo espíritu del constituyente lo perseguiría por el resto de sus días, porque traicionar a la constitución bajo esa perspectiva generarían acciones condenables e imprescriptibles para los responsables quienes podrían enfrentar consecuencias legales internacionales, inclusive post mortem.
