Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Los siete consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ya tienen las maletas listas y hasta entre broma y en serio dicen que son como la “semana santa”, que no se sabe si caerá en marzo o en abril, por aquello de la inminente desaparición de los OPLES.
A diferencia de los mil 200 trabajadores que serían echados a la calle al desaparecer el IECM, los siete consejeros confían en que les serán retribuidos los favores que han hecho al régimen vigente, en especial los siete diputados locales que la oposición ha señalado regalaron los consejeros a la 4T para que alcanzara la mayoría constitucional en el Congreso de la Ciudad de México. Esperan algún hueso a cambio. En el paquete va el secretario del Consejo General, Bernardo Núñez Yedra, el más “quedabien” con el oficialismo.
Todos los consejeros saben que con la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum van a desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), uno para cada entidad federativa cuya responsabilidad es organizar los procesos electorales para gobernador (jefe de Gobierno en CDMX), presidentes municipales, alcaldes, diputados locales, jueces y magistrados.
Para la presidenta Sheinbaum esto representa una “duplicidad de funciones” y burocracia innecesaria, por lo que en su reforma plantea la eliminación de todos los OPLES, en el caso de la CDMX el IECM, que mandaría a la calle a mil 200 trabajadores y no volvería a contratar a los casi 10 mil eventuales en años electorales.
El planteamiento es que el INE se haga cargo de los procesos electorales locales, aunque esto pudiera representar un ataque a la autonomía de las entidades federativas, pues centralizaría el proceso de elección de sus autoridades, que incluye el financiamiento público a los partidos políticos.
En vez de los OPLES, el INE se haría cargo de los procesos electorales desde sus Juntas Locales, una por cada entidad federativa, y sus Juntas Distritales, que son 300, una por cada Distrito Electoral. Esto podría cambiar si es que en la reforma hacen una redistritación nacional, y se aumentan, lo que es poco probable, o disminuye el número, lo que tiene más posibilidades.
El INE también sería responsable de la entrega de los recursos públicos a los partidos políticos nacionales y locales, que en estricto sentido no deberían desaparecer otra vez por el tema de la autonomía de las entidades federativas. El tema de la fiscalización de los gastos de campaña lo hace actualmente el INE y seguiría quedando a su cargo, sin menoscabo de otras instituciones que coadyuven.
La reforma electoral de Sheinbaum tendrá que ser aprobada y entrar en vigor a más tardar 90 días antes del inicio del “año electoral” –programado para el 1 de septiembre– para que se pueda aplicar en las elecciones de 2027. Es decir, el día límite es el 31 de mayo.
Es por eso que los consejeros ya saben cuándo se van y adelantaron la celebración de las votaciones para el Presupuesto Participativo 2026-2027, que normalmente se realizarían en agosto, pero ahora serán del 20 al 30 de abril vía digital, y de forma presencial el domingo 3 de mayo.
Además de los regalitos que han dado al régimen, con la anticipación de la Consulta de Presupuesto Participativo los consejeros buscan otra acción para quedar bien con el régimen de la 4T, y eso juegue a su favor por aquello de alguna nueva chamba. Lo veremos.
