La postura antijurídica, ilegal y delictiva de la Procuraduría General de la República durante los sexenios del neoliberalismo y la adoptada por la Fiscalía General de la Federación en este sexenio de la Cuarta Transformación de la Nación que se oponen a efectuar una investigación claramente progresista en contra de los eventos vinculados con la narco-delincuencia política, carecen de sustento al referir que ello se debe a una Razón de Estado derivado de la Seguridad Nacional.
En el punto opuesto, el cual sostiene de manera firme, enérgica y terminante, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, la no realización de dicha averiguatoria, por supuestamente no encontrarse integrados los problemáticos delitos tipificados plenamente en el Código Penal Federal, además del grado de ineptitud, incapacidad, torpeza, impericia y complicidad que se asume por la actitud negativa y antijurídica de brindar impunidad al delincuente del poder en los hechos a los que se refiere la actividad delictiva concreta realizada por ese funcionario público que traicionó a México.
Respecto a ésta confronta de opiniones, el ateneo de estudios jurídicos penales precisa efectuar dos brevísimas puntualizaciones.
I.- Nuestro Código Penal Federal tipifica las conductas delictivas que en su articulado se citan, en ninguno de sus preceptos se alude que no son de aplicación al caso de la narco-política por cuanto excluyen el supuesto de que tales investigaciones puedan afectar la Seguridad Nacional, por ser esos eventos delictivos una “Razón de Estado”.
En el sentido expuesto en líneas que anteceden, la abogacía independiente de la República con la expresión de sus razonamientos jurídicos es contundente: En un México con un Estado Social, Democrático y de Derecho jamás puede o debe operar la delincuencia de sus funcionarios públicos con la complacencia de sus instituciones de procuración e impartición de justicia, esas entidades deben de actuar siempre con objetividad y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, por lo que es obligado encarcelar y sentenciar a los infractores del Código Penal (no con abrazos y besos) los cuales sean funcionarios públicos. En definitiva y siguiendo la opinión del Lic. Ricardo Franco Guzmán; “El Estado de Derecho tiene como finalidad esencial el poner un basta ya a los mal llamadas –inmunidades del poder político”.
Como consecuencia expresa el ateneo de estudios jurídicos criminales, opina que el no indagar a la narco-delincuencia política no supone vulnerar la Seguridad Nacional, ni mucho menos interferir en una Razón de Estado.
II.- No puede calificarse como secreto oficial la narco-política.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
