Javier Peñalosa Castro
Otro de los grandes fracasos del régimen peñista es el de la llamada reforma estructural en el ámbito laboral, que no ha hecho sino llevar hasta sus últimas consecuencias la depredación iniciada hace alrededor de 30 años en contra de los trabajadores de este país.
Desde mediados del sexenio de Miguel de la Madrid, y coincidentemente con el ascenso de Carlos Salinas de Gortari a la antesala de la Presidencia hasta el remedo de gobierno que hoy padecemos, el salario de los trabajadores ha perdido más del 90% del poder adquisitivo, en tanto que la seguridad en el empleo es una ilusión a la que sólo unos cuantos tienen acceso.
A lo largo de las tres últimas décadas se ha conculcado el derecho constitucional de las personas “al trabajo digno y socialmente útil”, establecido en el artículo 123, el cual, por cierto, ha sido manoseado hasta la náusea para ajustarlo a los caprichos de los gobernantes que hemos padecido, y si bien exactamente hace 30 años se estipuló en la Carta Magna que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, en los hechos, el mandato es letra muerta.
Durante todo este tiempo se han perfeccionado la simulación y la adopción de parches legales retardatarios para arrebatar —literalmente— el sustento a quienes con su trabajo diario sacan adelante a este país, a pesar de los despropósitos sin fin de sus sedicentes gobernantes.
Es sobrecogedor ver cómo, en el supermercado, los albañiles que construyen las grandes torres de oficinas corporativas, y que dejan los mejores años de su vida en esta labor, compran entre varios un kilo de tortillas, frijoles, chiles enlatados y algún refresco para poder aplacar el hambre y seguir contribuyendo —involuntariamente, por supuesto— a que la burbuja inmobiliaria continúe creciendo.
Por todas partes están edificándose rascacielos de 20, 30 y más pisos, centros comerciuales, departamentos y “lofts” de ínfimas dimensiones y a precios de oro, sin que quede claro qué nuevas empresas o qué nuevos ricos tendrán los millones de pesos que cuestan estos “espacios inmobiliarios”.
¿Quién se llevó las pensiones?
Quienes han llegado a la edad del retiro se topan —con harta frecuencia— con que, pese a haber trabajado 30, 40 o más años, no pueden aspirar a una pensión digna, pues las contribuciones al ISSSTE gubernamental y las del Seguro Social no pueden unificarse en beneficio de quien dedicó décadas de su vida al trabajo. Por supuesto, los años trabajados “por honorarios” son inexistentes para fines de jubilación.
Pese a todo, quienes hoy están en posibilidades de jubilarse (porque tuvieron la suerte de empezar a trabajar antes de que se empezara a desmantelar el Estado benefactor) esperan a recibir una pensión, en tanto que quienes hoy son jóvenes tendrán que ahorrar mucho más dinero durante más tiempo, y ponerlo en manos de las Afores, que manejan sus aportaciones con la mayor discrecionalidad, y además cobran jugosas comisiones por ello.
En pocas palabras, los trabajadores están peor ahora que a mediados del siglo pasado, con salarios que no remuneran su esfuerzo ni cubren sus necesidades elementales y sin garantía de tipo alguno.
La maldición del outsourcing
Tal vez la mayor de las trapacerías cometidas en perjuicio de los trabajadores sea la llamada tercerización u outsourcing, a la que acuden tanto la iniciativa privada como el gobierno para eludir obligaciones como el reparto de utilidades, los pagos por antigüedad y otras.
Uno de los casos más sonados en los últimos años fue el de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde a los mineros que perdieron la vida a consecuencia de una explosión ocurrida mientras estaban trabajando, y probablemente por negligencia criminal atribuible a la Compañía Minera México, se buscó escamotear a sus deudos las indemnizaciones y el pago de pensiones con el argumento de que “legalmente” no trabajaban para esa empresa.
Por supuesto, además de este caso, que llamó la atención por la tragedia, diariamente se dan abusos similares por parte de patrones que, mediante el retorcimiento de la ley y las modificaciones legales a modo, sacan el bulto a las obligaciones más elementales que les señala la Constitución.
En suma, hoy los trabajadores mexicanos se enfrentan a un entorno de abuso —en ocasiones rayano en la trata—, y lo que se espera de la famosa “Reforma Estructural en materia Laboral” es que este estado de indefensión a que han sido sometidos los trabajadores se agudice ante la complacencia y complicidad del desgobierno que padecemos.
El atraco al salario mínimo
A iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, recientemente se desvinculó al sdalario mínimo como referencia para el pago de multas, derechos y otros conceptos. Sin embargo, ello no se tradujo en una mejoría de este vergonzoso instrumento de explotación.
El freno aplicado al minisalario durante los llamados gobiernos neoliberales ha provocado que éste pierda el 90% de su poder adquisitivo en términos reales y, dado que se ha mantenido como referencia para fijar otros estipendios, ha provocado una estrepitosa caída en la calidad de vida de las clases baja y media y, de manera muy especial, entre los jóvenes.
En suma, esta otra reforma, que forma parte de la panacea peñista a los males nacionales, no ha hecho sino dar al traste con lo poco que habían dejado Salinas, Zedillo, Fox y Calderón de garantías para los trabajadores.
Pierden de vista estos esbirros del Fondo Monetario Internacional que, precisamente cuando nada hay que perder es cuando se dan las explosiones y aun las revoluciones.
