Por Aurelio Contreras Moreno
El pasado 5 de julio, el activista, profesor y fotógrafo Oliver Coronado Paz fue detenido de manera arbitraria por la policía municipal de Orizaba, cuyos abusos en contra de la población se han vuelto una recurrente en esa ciudad del centro del estado de Veracruz.
Coronado Paz acusó a los elementos policiacos de haberlo hecho víctima de actos de intimidación, detención arbitraria, desaparición forzada, amenazas y tortura psicológica por el simple hecho de tomar fotografías en la vía pública, lo cual, según los uniformados, fue “denunciado” por supuestos comerciantes de la zona donde el aludido efectivamente había levantado imágenes días antes, y en ese momento abordaba el transporte público para dirigirse a su trabajo.
En su narración de los hechos, hecha pública por la asociación civil de defensa de la libertad de expresión y prensa Artículo 19, Coronado Paz asegura que tras ser detenido por los policías, fue llevado ante el director de Gobernación del Ayuntamiento de Orizaba, un siniestro personaje que lleva varios años enquistado en esa área, de nombre Juan Ramón Herebia.
De acuerdo con la versión de Coronado, el funcionario municipal la emprendió a insultos en su contra: “eres de esos cabrones que se hacen una paginita y se dicen periodistas para delinquir. Pero tú haz de ser de los otros. Pero, ¿qué crees? Aquí tú ya valiste verga”, le habría amenazado.
La razón de la detención de Coronado y de la virulencia de Herebia, según esta narración, es que el funcionario municipal suponía que se habían tomado fotografías de un gimnasio de su propiedad: “¿quién chingados te mandó a vigilarme? Ya cabrón, habla. ¿Conoces a estas pinches viejas? Seguro que sí las conoces, seguro que una de estas cabronas te mandó. Pero no me conoces. Yo vengo de donde no se conoce el miedo y tus leyes me valen verga. Conmigo ya te chingaste y si no te comportas como te digo, te van a ir a recoger en lote baldío, y serás uno más de esos periodistas muertos”, afirmó el activista, quien también está ligado al Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, que encabeza Araceli Salcedo.
Finalmente, Oliver Coronado fue puesto en libertad unas horas después, no sin antes ser amenazado de nuevo: “si aun así con esta advertencia le pasa algo a mi negocio o a mi familia, yo mismo te voy a ir a sacar de cualquier pinche lugar donde estés, y yo, con mis propias manos, te voy a abrir para sacarte todas las tripas, y te van a ir a encontrar en un lote baldío”, sostuvo el fotorreportero y catedrático universitario.
Juan Ramón Herebia es parte de los acuerdos de “continuidad” entre el actual presidente municipal orizabeño, Igor Rojí, y su antecesor, Juan Manuel Diez Francos, en cuyas dos administraciones al frente del gobierno de la Pluviosilla participó este sujeto, distinguiéndose siempre por su prepotencia y propensión a la represión y la violencia como “método” para la “solución” de todo tipo de conflictos.
Durante todos los años que Herebia ha tenido a su cargo a la policía municipal de Orizaba, se han presentado incontables hechos de abuso en contra de ciudadanos a los que, bajo el pretexto de que les parecen “sospechosos”, se les aplican detenciones arbitrarias para despojarlos de dinero y pertenencias.
Un episodio reciente y público de los “métodos” a los que recurren fue la detención injustificada y violenta de un joven que grabó con su teléfono celular un operativo de la policía orizabeña en contra de una “peligrosísima” vendedora de gelatinas en el centro de la ciudad, hecho que mereció la apertura oficiosa de una investigación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Asimismo, en el mismo periodo en el que Herebia ha controlado a la corporación policiaca, la violencia ha aumentado exponencialmente en la región, así como la presencia de bandas del crimen organizado que de unos años a la fecha, mantienen asolado a todo el Valle de Orizaba.
El pasado 7 de julio, se cumplieron dos años de que el activista Jairo Guarneros Sosa fue baleado un día después de encabezar una protesta frente a la Fiscalía Regional de Orizaba para exigir al Ayuntamiento, entonces encabezado por Juan Manuel Diez, la presentación de los elementos de la policía municipal que una noche antes impactaron un taxi, matando a una mujer y dejando malherida a otra. Herebia pidió a los activistas una “salida digna” para sus subalternos. Horas más tarde, atentaron contra Jairo Guarneros, quien salvó la vida de milagro.
Antes y ahora, la respuesta de las autoridades municipales ha sido la descalificación de las víctimas y la protección e impunidad para los abusadores. Residuos de la continuidad criminal de un régimen caduco.
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