Algunas entidades del norte del país están enfrentando una actividad ilícita altamente lucrativa para algunos. Se trata del contrabando de combustibles, una práctica que está dejando pérdidas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de unos 500 millones de pesos al día.
Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango y Sinaloa son los estados mencionados en una denuncia anónima que llegó hasta la Cámara de Diputados, y que el legislador Ricardo Exsome Zapata integrante de la Comisión de Energía hizo pública.
Dicha denuncia involucra a empresas y gasolineras de esa zona, y que a través de documentos apócrifos, introducen combustibles desde Texas a México, declarándolos como aceites y lubricantes, con lo que están evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La puerta de entrada de este combustible es a través de las aduanas que están en Tamaulipas; luego con empresas transportistas, que no cuentan con los permisos correspondientes, para que llegue a Sinaloa y Chihuahua y luego a los expendios donde se ofrece hasta tres pesos más barato que el precio del mercado.
Este esquema les permite ganar 8 pesos por cada litro de combustible, con lo que el SAT no estaría percibiendo 15 mil millones de pesos al mes, unos 20 millones de pesos cada hora. Asimismo, las gasolineras cobran IVA por algo que no pagaron y además de burlas a las autoridades fiscales, se aprovechan de los consumidores finales.
Entre las empresas señaladas en la denuncia está el grupo importador Nexoil, dirigido por Guillermo Pazarán, Karina Melissa Guerrero Rodríguez, así como Energética Carvel, ubicada en Chihuahua.
En Sinaloa están Diesel Max Internacional, así como los expendedores Marissa del Carmen Heras López , Faja de Oro Abastos que tiene las gasolineras: Servicios y Gasolinera La Costerita, El Rayo Servicios, Kail Servicios, Servicios y Combustibles Tepuche y Centro Trailero ‘El Pueblito’.
También se incluye a Servicios Express Paje, SA de CV y a Petrosina, SA de CV, ambas con permiso de comercialización.
Asimismo, están involucrados los expendios de Rendimas y Sugaso, entre ellos la razón social Servicios Revolución, Servicios Auxiliares de Sinaloa. De Platinum, la razón social son Servicios y Gasolinera La Costerita y Servicios Express de Bachigualato.
Ante la denuncia, el SAT, a través de su titular, Raquel Buennostro ha reconocido al contrabando y robo de combustible como una forma de evasión fiscal, que en sus palabras, son alrededor de 23 mil millones de pesos, es decir, el 40 por ciento del total recaudado en este rubro durante 2020.
Incluso ante diputados de la Comisión de Energía, reconoció que no hay un control de los permisos de importación.
“Tenemos un descontrol en todos los permisos de importación y además hay una serie de complicaciones, que si el permiso es para importar gasolina o biodiesel; es muy complejo y aparte no hay herramientas para revocar estos permisos”, dijo.
Por ello, mencionó que el huachicol no sólo es un tema de recaudación sino de seguridad nacional y de ahí que se requiere de un marco legal más fuerte para combatirlo.
