La situación política en Corea del Sur se ha vuelto crítica tras la reciente solicitud de la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC) para imputar al presidente suspendido Yoon Suk Yeol. Los cargos incluyen insurrección, abuso de poder y obstrucción al Parlamento, relacionados con su breve imposición de ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Contexto de la Ley Marcial
Yoon Suk Yeol justificó la declaración de ley marcial argumentando que era necesaria para alertar al público sobre el peligro que representaba una Asamblea Nacional controlada por la oposición. En una audiencia judicial, afirmó: “La razón para la declaración de la ley marcial no era una advertencia a la oposición. Estaba tratando de apelar al pueblo para que ejerciera su estricta supervisión y crítica a la oposición”.
Sin embargo, la ley marcial solo estuvo en vigor durante seis horas, tiempo en el que se enviaron tropas a la Asamblea Nacional. La medida fue rápidamente derogada por los legisladores, quienes votaron en contra del decreto.
Yoon ha defendido sus acciones en varias ocasiones, insistiendo en que su objetivo era proteger a Corea del Sur de “elementos antiestatales”. En su defensa, el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien también está detenido, respaldó al presidente y afirmó que había redactado el decreto bajo instrucciones de Yoon.
A pesar de estas defensas, los críticos sostienen que las acciones del presidente constituyen un grave abuso de poder. La OIC ha solicitado formalmente su imputación, lo que podría llevar a consecuencias legales significativas para Yoon.
Desde su asunción en 2022, Yoon ha enfrentado constantes fricciones con el principal partido opositor, el Partido Democrático, que ha obstaculizado su agenda política. La declaración de la ley marcial ha reavivado temores sobre el autoritarismo en Corea del Sur y ha generado protestas tanto a favor como en contra del presidente.
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