Diario de un Reportero
Ramsés Ancira
El desvío de fondos públicos para realizar campañas de candidatos del PRI ha sido una constante histórica, pero es la primera vez que le pega tan fuerte al PRI-Gobierno que no le queda otra que pedir la extradición de un ex gobernador, César Duarte, presunto responsable de esta operación.
En el mes de enero de 2012 a un trabajador del Gobierno de Veracruz le decomisaron, en el aeropuerto de Toluca 25 millones de pesos que había transportado en una avioneta oficial. Todos los partidos de oposición consideraron que si no era lavado de dinero la única explicación es que tenía como destino a integrantes del grupo Atlacomulco para la campaña de Enrique Peña Nieto. Otro Duarte, ahora preso pero por causas diferentes al desvío de recursos al PRI era el gobernador de Veracruz.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se simpatice o no con él, logró desbaratar la estrategia de desprestigio iniciada por Peña Nieto. El presidente dijo sobre la captura de un ex funcionario implicado en el desvío de fondos al PRI que se trataba de un acto político y partidario. El gobernador anunció caravana a la Ciudad de México y de inmediato la Procuraduría General de la República contrarrestó anunciando que si se pediría la extradición de César Duarte.
Antes con una ligereza increíble José Antonio Meade acusó a Corral de torturador.
El PRI esta tan desprestigiado que evalúo que postulando a la presidencia a un candidato que se supone no es priista como Antonio Meade, salvaría un poco la elección. El problema es que el ex secretario de Hacienda es la cara de los últimos gasolinazos, así como de los incrementos del gas LP, de más de 51%, en 2017. ¿Para eso sirvió la reforma energética?
¿Cuál sería la primera razón de un votante para seleccionar a un candidato? Si fuera su estabilidad económica y este votante fuera una persona bien informada, seguramente Meade sería su última elección.
Mientras tanto la Secretaría de Hacienda al anunciar que no mandaría 700 millones de pesos que estaban comprometidos con Chihuahua manda una señal de que está más interesada en destruir políticamente al gobernador que en combatir la violencia en el estado.
Por eso es muy pertinente lo asentado por la columnista Blanca Heredia en una reciente columna de El Financiero.
“La violencia en Chihuahua, en efecto, ha aumentado durante los últimos tiempos. Uno se pregunta, sin embargo, ¿con qué cara el gobierno federal le lanza piedras a alguien en materia de violencia cuando, de seguir la tendencia, esta administración terminará con una tasa de homicidio doloso peor (lo cual ya es decir mucho) que la registrada durante el gobierno de Felipe Calderón? Más importante, para lo que aquí nos ocupa: ¿qué tiene que ver el que haya aumentado la violencia en Chihuahua con lo denunciado por Corral? ¿No será, más bien, que la idea es convertir al denunciante en acusado de otro tema y ‘desaparecer’, en el camino, el asunto reclamado al gobierno federal por el gobernador de Chihuahua?”
Miguel Ángel Mancera y su fábrica de culpables
Sólo el hecho de haber estado en el extranjero, y poder comprobarlo con pasaporte, boletos de avión, videos y el testimonio de su novia y cuñado, además de un buen y costoso equipo de abogados, salvó al actor Axel Salas de pasar el resto de su vida en prisión. Seis días y 12 horas, permaneció en el Reclusorio Oriente, acusado de un crimen que no cometió.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera ofreció una conferencia de prensa exculpando a su procuraduría con el argumento de que un juez había encontrado suficientes elementos en la acusación para detener al inocente. No se disculpó con él, mucho menos con la sociedad a la que dice gobernar.
Pero no es la primera vez que esto ocurre, hay una atroz falta de ética al querer silenciar los crímenes de alto impacto mediático deteniendo a inocentes.
Este es el Caso Narvarte, de 2015, un cuádruple feminicidio, junto al crimen del reportero Rubén Espinosa Becerril que ya no se investiga porque ya tienen a tres chivos expiatorios confesos bajo tortura.
Uno de los responsabilizados es Abraham Torres Tranquilino, quien había sido novio de una de las víctimas y tenía antecedentes penales. La única prueba que existe contra él es que su número de teléfono móvil aparecía en el de Mile Virginia Martín.
En esa ocasión el jefe de prensa de Mancera filtró datos falsos a un periódico.
En otra la Procuraduría emitió tuits donde criminalizaba a la joven Lesvi Rivera antes de esclarecer su muerte en Ciudad Universitaria, lo que provocó la reacción de la comunidad estudiantil que inició la etiqueta cibernética “Si me matan que dirán de mí”.
En la capital de la República, donde Mancera llegó a tener una aprobación histórica del 80 por ciento cuando cumplió 100 días de mandato, la gente ya no está a gusto con él. Tan es así que si PRD y PAN sumaran su intención de voto en este momento todavía quedarían cinco puntos debajo de lo que registra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
