Joel Hernández Santiago
Los Senadores de la República han mostrado que luchar en contra de la corrupción en el país de la corrupción institucional no es parte de su agenda prioritaria y, de forma que es asimismo corrupta, decidieron no nombrar al Fiscal como tampoco a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que investigarán y sancionarán los delitos de la materia.
Todo a la manera de ese mismo estilo putrefacto con el que han participado los legisladores y representantes de partido –por ejemplo- en el nombramiento de Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o los Tribunales de lo Electoral, pues cada uno, en éstas instituciones carísimas para todos los mexicanos, responde a los intereses del partido que los puso ahí y no a favor de la democracia y, mucho menos, de la sociedad que les paga por ser y estar ahí…
Así que el 19 de julio, cuando se vencía la fecha para el nombramiento del famosísimo Fiscal Anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no hubo nada, ni magistrados. Y a los senadores no parece preocuparles mucho. Aunque, eso sí, unos a otros se acusan y se señalan como culpables por la falta de esos nombramientos, y unos y otros saben que cada parte quiere decidir los nombres que convengan a sus intereses partidarios y particulares: “si no, no”.
Y así la rueda del molino. Así la vuelta a la noria. Nada importa. Y no es sólo asunto de legisladores, también interviene el gran poder nacional, desde la presidencia de México, que ha decidido que si no va quien le sea afín, entonces mejor esperar a mejor oportunidad…
Así que ese 19 de julio, legisladores del PRD, PT y Morena, responsabilizaron al PRI y al PAN ‘de anteponer intereses políticos-electorales en lugar de buscar los consensos para aprobar los nombramientos pendientes’, a esto Enrique Burgos, representante del PRI dijo que “es responsabilidad de los 128 senadores de todos los partidos el no haber alcanzado los acuerdos para completar el SNA”…
Y todo esto a un año de que el presidente Enrique Peña Nieto (18-VII-16) firmara los decretos que expedían las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, un mecanismo en el que también participaría la sociedad civil “para combatir las redes de corrupción de los servidores públicos y particulares”. Esto es, que fue concebido ‘como un cambio institucional que tiene como objetivo ir en contra de los delitos que generan impunidad en el quehacer público y privado del país’. Bonito discurso.
Y en este sistema estarían involucrados la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y el Tribunal de Justicia Administrativa.
Se creó asimismo un Comité de Participación Ciudadana del SNA que preside de forma impecable Jacqueline Peschard con personalidades que buscan ser parte de esa lucha anticorrupción y de esa lucha anti inercias institucionales, de gobierno y privadas.
Por lo pronto ya quedó dicho que el SNA contará con un presupuesto de 222 millones de pesos y una estructura orgánica para su Secretaría Ejecutiva de 117 plazas, divididas en dos unidades administrativas y tres direcciones generales.
Pues nada, que hasta el momento nace el famoso Sistema Nacional Anticorrupción sin fuerzas, sin un Fiscal probo, transparente, autónomo y volcado a una tarea que merece toda la fortaleza, inteligencia, autonomía y justicia, propias de quien en verdad quiere que las cosas cambien en el país en el que “la corrupción se corta con la mano en el aire” según dijera un político europeo a su llegada a México…
Mientras tanto seguimos siendo testigos de cómo políticos, funcionarios públicos y legisladores de todos los niveles y de todos los colores, se sirven con la cuchara del abuso de autoridad –que es corrupción-; del tráfico de influencias –que es corrupción; de los sueldos y prestaciones estratosféricas en un país con el sueldo mínimo más mínimo del mundo –lo cual es corrupción–; del robo de los bienes nacionales –que es corrupción–…
… Y en donde en nombre de su partido y en nombre de su disciplina institucional –que en este caso es corrupción- los legisladores de partido deciden no decidir el nombramiento de quien podría cortarles los dientes y las garras interminables, con lo que terminaría eso: la corrupción.
