El Ágora
Octavio Campos Ortiz
Una de las falacias con la que engañó a 35 millones de ciudadanos el tlatoani tabasqueño fue su promesa de barrer las escaleras de arriba hacia abajo para acabar con la corrupción en México. Todos los días les imputaba al PRI y a los gobiernos neoliberales la autoría de todos nuestros males, los tildaba de ladrones y expoliadores de los pobres.
Ello le permitió llegar al poder. Obnubilado ese pueblo bueno y sabio le creyó sus mentiras y en más de una ocasión sacó su pañuelo blanco para decir que había erradicado la corrupción en su sexenio. Nada más alejado de la realidad. Durante su mandato se dio el escandaloso caso de SEGALMEX, sin que hasta la fecha se haya recuperado lo robado y en la cárcel solo están funcionarios menores; el director general, el ex priista Ignacio Ovalle fue premiado con un cargo en la Secretaría de Gobernación.
Las administraciones de la 4T han sido muy corruptas, donde más se han encubierto los latrocinios y dado impunidad a los criminales. Criticaban a los regímenes priistas por sus fechorías; sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a diez mandatarios estatales de su propio partido. ¿Cuántos gobernadores han procesado los de la 4T? Hay ingobernabilidad en varias entidades del país y no son pocos los ejecutivos locales señalados por sus nexos con el crimen organizado, incluso políticos de primer nivel fueron financiados durante sus campañas con dinero del lavado de dinero o del huachicol fiscal.
Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, entre otros, han estado en el ojo del huracán. Son reiterados los señalamientos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de los hijos del Peje. Las revelaciones del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, hablan de un desvío de miles de millones de pesos destinados a financiar campañas y fondear programas sociales con fines electoreros, cantidad muy superior a lo demandado por la Estafa Maestra, motivo por el que fue encarcelada injustamente Rosario Robles. El despido poco explicado de Marx Arriaga también ha destapado irregularidades en la SEP. La 4T claro que no es igual que los gobiernos neoliberales son peores y más cínicos.
Transparencia Internacional publicó su informe 2025, donde ubica a México en el lugar 141 de 182 de percepción de corrupción. Tenemos el último lugar en corrupción entre las 38 economías evaluadas en la OCDE y en grupo del G-20 estamos en el penúltimo lugar, solo arriba de Rusia. En América Latina nos ubican por debajo de Brasil y Chile. Organismos internacionales consideran que el costo de la corrupción representa entre el 5 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto.
La corrupción no solo representa un costo económico, también va acompañada de otros efectos negativos como la opacidad en los actos de gobierno, la no rendición de cuentas, la justicia a modo, la impunidad para correligionarios y el uso político y vengativo de la ley con los adversarios. La connivencia con el crimen organizado y el huachicol fiscal evidenció el financiamiento ilegal de las campañas políticas y propició una violencia generalizada.
La corrupción no solo frenó el desarrollo nacional, también nos ha hecho un país inseguro, donde la impunidad genera la repetición de los delitos y acrecienta la criminalidad. Tenemos 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo, y si bien perdimos el primer lugar -hoy en manos de Puerto Príncipe, Haití-, si tenemos la sexta y novena posición con Culiacán y Ciudad Obregón; México tiene otras 15 poblaciones en la media centena.
En lugar de mentir con la ondeada del pañuelito, el tabasqueño debió establecer verdaderas políticas públicas para combatir la corrupción y no fingir su batalla con estigmatizante nombre del elefante blanco llamado “Instituto para devolverle al pueblo lo robado”. Nadie ha deshonrado tanto el lema de “no mentir, no robar y no traicionar” como los propios miembros de la 4T, que con sus actos fomentan los antivalores. Si realmente atacaran la corrupción y metieran a prisión a los nada probos cuatro teístas habría que preguntarse ¿quién apagaría la luz en la sede de Morena y en muchas áreas del gobierno?
