Por Aurelio Contreras Moreno
Más que el hecho en sí de la destitución de Francisco Bravo Bravo como subdirector Administrativo del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) por presuntos desvíos de recursos, lo que llama la atención –aunque en realidad, no sorprende- es que haya sucedido hasta ahora.
Desde que tomó posesión de esa oficina, el ex jugador de los Tiburones Rojos del Veracruz se dedicó a hacer pingües negocios y a abusar de un poder que le permitía pasar por encima de quien fuese el titular formal de esa dependencia sectorizada en la Secretaría de Educación estatal, gracias a sus “influencias” en las altas esferas del poder en la entidad.
No era un secreto lo que hacía este neofuncionario de la autodenominada “cuarta transformación” en Veracruz. Tan solo en la entrega de la Rúbrica del 7 de abril pasado, se informó acerca de varias de las anomalías en las que este folklórico personaje incurría a ojos vistos de sus superiores jerárquicos, que preferían hacer como que no se daban cuenta.
“Entre otras cosas, este sujeto ha sido señalado por retener los recursos para el pago de becas para atletas que desde mediados del pasado mes de enero fueron transferidos al Instituto Veracruzano del Deporte por la Secretaría de Finanzas y Planeación, colocando a los beneficiarios en una situación de indefensión. A pesar de las protestas, no hubo explicación alguna por parte del organismo para justificar esta omisión.
“La más reciente jugarreta de Bravo Bravo sucedió durante la Olimpiada y Paralimpiada Estatal Juvenil Veracruz 2019. De acuerdo con información hecha llegar a quien esto escribe por los afectados, dos días antes de su inauguración, el pasado 15 de marzo, la empresa que se encargaría de la organización y producción del evento fue despojada del mismo, el cual le fue asignado directamente por el subdirector administrativo y por el titular del órgano interno de control del IVD, Luis Antonio Hernández Reyes, a una compañía de Fortín de las Flores, denominada ‘Multiservicios’ que, según esto, no mencionó a nadie como representante legal ni firmó el contrato entregado al Instituto Veracruzano del Deporte.
“La razón del cambio fue que la empresa escogida originalmente por el director del IVD, David Fernando Pérez Medellín, se negó a pagarle a Francisco Bravo un presunto ‘moche’ del 30 por ciento del total del monto a facturar, por lo cual el ex futbolista prefirió buscar a alguien más ‘razonable’.
“‘Ése es el pase de autorización de los servicios para entrar a la corrupción que sigue generando Paco Bravo y su grupo’, afirman los afectados, que se quedaron al garete, sin que el IVD les pague lo que ya habían invertido en la producción del evento inaugural”, se publicó en este mismo espacio en el mes de abril. Hace seis meses.
Quién sabe qué haya tenido que suceder para que en el gobierno de Cuitláhuac García al fin hayan decidido proceder a la destitución de Francisco Bravo, a quien se le habrían detectado presupuestos “inflados” –y obviamente, rasurados- para los viáticos de los atletas veracruzanos que en estos días compiten en la Paralimpiada Nacional Colima 2019. Solo una más entre las tantas transas que hizo, junto con la ostentación de ropa y vehículos de alto costo y, valga decirlo, pésimo gusto que lo caracterizan.
Porque indudablemente no se trata de combatir la corrupción en el gobierno veracruzano. Al trascender la salida de Bravo Bravo del IVD este mismo martes, el propio secretario de Educación, Zenyazen Escobar, intentó matizarla al asegurar que se trataba de una “renuncia” por un “ofrecimiento que ha tenido para laborar en otros lugares”, negando al mismo tiempo que hubiese desvíos de recursos.
Así los “honestos” de la “4T” en Veracruz.
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