Redacción, Noticias MX. – El Gobierno del Estado de México autorizó un aumento de 20 por ciento a las tarifas del transporte público, con lo que el pasaje mínimo pasará de 10 a 12 pesos a partir del primero de enero de 2020.
Este es el segundo aumento a las tarifas del transporte público en poco menos de dos años, siendo el 8 de septiembre de 2017 -apenas una semana antes del inicio del gobierno de Alfredo del Mazo- cuando el pasaje pasó de 8 a 10 pesos como mínimo.
La Secretaría de Movilidad (Semov) asume el alza – equivalente a cuatro o cinco veces mayor al índice inflacionario esperado para el año próximo- como un logro, pues “convino reducir a menos de la mitad la propuesta de los concesionarios, con el objetivo de atenuar el impacto a la economía de los usuarios”.
El aval al alza, justificó la dependencia, también “evitó el cobro anárquico en el servicio e incluso paros y movilizaciones por parte de los transportistas, que hubieran perjudicado a alrededor de 6 millones de usuarios” en la entidad.
Como cada que se autorizan ajustes tarifarios, los transportistas se comprometieron a prestar un mejor servicio, capacitar a 200 mil operadores anualmente, continuar el proceso de regularización, renovar unidades, colocar cámaras de videovigilancia, botones de pánico y GPS, e implementar nuevas medidas -no especificadas- para que los usuarios puedan tener un servicio seguro, cómodo y de calidad.
La determinación fue publicada este jueves en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, tras “varios días de diálogo en el marco de la Comisión Revisora, donde los concesionarios presentaron casi un centenar de estudios de costos, en los que solicitaron un ajuste de hasta 4.50 pesos, al tomar en cuenta un incremento en el precio de los insumos para la operación de las unidades entre 38 y 45 por ciento, desde de septiembre de 2017 a la fecha”.
De esta manera, el pasaje costará 12 pesos los primeros cinco kilómetros y 25 centavos por kilómetro adicional.
Raymundo Martínez, titular de la Semov, negó que el ajuste sea un “cheque en blanco” para los transportistas, pues los compromete a certificar a 100 mil operadores anualmente, concluir al 100 por ciento el proceso de renovación de sus unidades y continuar el proceso de ofrecer un servicio de calidad, cómodo y seguro para los usuarios.
De acuerdo con Apro, también se avanzará en la implementación de una plataforma tecnológica que aglutinará a todas las unidades, se establecerá un sistema de prepago en el que tanto operadores como usuarios estarán plenamente identificados, a efecto de inhibir la comisión de delitos en el transporte público.
Los transportistas, dijo, firmaron compromisos que los obligan a renovar todas las unidades con más de 10 años de antigüedad, equiparlas al 100 por ciento con kits de seguridad y a cumplir con la cromática respectiva.
Además, deben capacitar y certificar a los trabajadores del volante bajo los estándares de competencia EC0246 que imparte el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) para garantizar la seguridad de los usuarios.
El funcionario afirmó que serán sancionados los operadores que no acaten las disposiciones y excedan el cobro de manera deliberada.
Martínez Carbajal excusó que, en el Estado de México, a diferencia de otras entidades, no hay subsidios al transporte de mediana capacidad, por lo que todos los gastos para mejorar el servicio corren a cargo de los concesionarios, mientras diariamente utilizan el transporte público alrededor de 6 millones de personas.
Finalmente, aseguró que a la fecha se han renovado más de 43 mil unidades y se instalaron 13 mil sistemas de seguridad con cámaras de video, botones de pánico y sistemas de geolocalización.
Apenas hace unos días, por mayoría de votos, pero con la abstención del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la pesedista María de Lourdes Garay, la Legislatura mexiquense solicitó al Gobierno estatal no autorizar el incremento.
La morenista Berenice Medrano señaló que en la entidad se tiene un transporte público deficiente e inseguro que no garantiza una movilidad adecuada a la población, de tal manera que trimestralmente se presentan más de 4 mil quejas en el portal de la Semov.
Medrano Rosas refirió que la mala planeación de rutas ya obliga a los usuarios a requerir de dos a tres unidades de transporte para llegar a su destino, y en ocasiones cinco o más, lo que implica un gasto mínimo diario de entre 70 y 80 pesos.
Dijo que los compromisos para autorizar en 2017 un alza de 8 a 10 pesos en la tarifa mínima no se han cumplido, pues muchas unidades aún carecen de dispositivos de seguridad, GPS, cámaras de video vigilancia y botones de pánico.
El Estado de México, recordó entonces, es uno de los lugares en que se cometen más delitos a bordo del transporte público, y es una constante el mal comportamiento de los operadores.
“Para las usuarias y usuarios es un suplicio cotidiano porque deben tolerar el maltrato de operadores, que no respetan el reglamento e invaden carriles confinados, provocando accidentes viales, mientras las personas que sufren lesiones o pierden la vida no son indemnizadas porque las unidades no cuentan con seguro de pasajeros”, añadió la diputada.
JAM
