Lilia Arellano
“Cuando fracasan, incluso los mejores proyectos parecen estúpidos”: Fiodor Dostoievski
● Crecen masacres e impunidad
● Luis Cresencio Salazar se aplica autogoliza
● Aeropuerto Cancún con centro de espionaje
● R. Monreal afirma: “soy el mejor candidato”
Ciudad de México, 1 de marzo de 2023.- La madrugada del 26 de febrero de este año, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, efectivos del Ejército mexicano masacraron a un puñado de jóvenes indefensos, cuyo único pecado fue haber salido de fiesta. Así, el gobierno federal acumula más de 143 mil 500 ejecutados en sus primeros cuatro años, sin incluir los 29 muertos (10 militares y 9 delincuentes) del “culiacanazo” el 5 de enero de 2023, cuando en Sinaloa detuvieron a Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, del Cártel de Sinaloa. La muerte de mexicanos ha caracterizado al régimen de la autodenominada Cuarta Transformación; a los homicidios dolosos se suman las más de 750 mil víctimas mortales derivadas del mal manejo de la pandemia del Covid-19.
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México, prometió disminuir los índices de violencia e inseguridad mediante una estrategia conocida como “abrazos, no balazos”. Pero, a cuatro años de su gobierno, se han registrado infinidad de ataques armados en diversas regiones del país, con saldos de decenas miles de víctimas mortales, lo cual contradice el compromiso del actual inquilino de Palacio Nacional. Entidades como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, han sido el escenario de terribles masacres y atrocidades revelandose la realidad de México, un país en donde los grupos del crimen organizado se apoderaron de buena parte del territorio a base de sangre y fuego.
Los riesgos de asignar a elementos de las fuerzas armadas en tareas de seguridad están a la vista. La formación de los militares es su principal talón de Aquiles, caminar en las calles de las ciudades mexicanas azotadas por la violencia es como caminar en un campo minado: en cualquier momento hay un estallido, como en Nuevo Laredo, el domingo pasado. La Sedena confirmó el martes: “el personal militar accionó sus armas de fuego” contra un vehículo que viajaba con exceso de velocidad, sin placas, sin luces, acelerando cuando vieron la presencia de tropas. El saldo fue cinco personas sin vida, una herida y una ilesa. Horas más tarde, los soldados tuvieron un enfrentamiento con civiles cuando regresaron al lugar con el fin de llevarse el vehículo baleado.
Los militares dispararon al suelo y al aire contra habitantes desarmados. Como se acostumbra, las primeras declaraciones hablaron de una investigación a cargo de la FGR, sin embargo esta dependencia no ha informado nada y el titular de la Sedena, general Luis Cresencio Salazar, en el templete mañanero, habló de castigar a los soldados cuando, su actuación, responde a no contar con la capacitación para transformarlos de mílites a policías. Policías federales, estatales, municipales, argumentaron el temor de actuar en contra de delincuentes al ver a sus compañeros ser encarcelados por supuestos abusos.
De ahí “colgaron los guantes” y los ciudadanos los vimos darse la media vuelta antes de enfrentar a los malosos. Al error de militarizar la seguridad ciudadana se une la aceptación de la existencia de miembros del Ejército en el caso Ayotzinapa. El general secretario señaló en la mañanera de ayer: “lo mejor es dejar las cosas en claro, pensemos en dos cosas: primero, lo que lamentablemente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, ¿para qué ocultar las cosas?, fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión”, al parecer olvidó eran los tiempos en los cuales el cuestionado general Salvador Cienfuegos, su exjefe, era el titular de Sedena o sea ¿contribuyó o fue el autor de la célebre verdad histórica? Con esas cifras de homicidios, con la delincuencia desatada, con severas condenas para detener, por ejemplo, feminicidios cuyo registro habla de la inutilidad, con masacres y dominio de cárteles en el territorio ¿quién protege a los mexicanos? ¿a quién nos encomendamos?
En este gobierno, está claro, nada ha cambiado en el país en materia de seguridad. La mayoría de las corporaciones policiacas en los estados han sido relegadas a tener una actuación meramente testimonial, mientras aumenta la presencia de efectivos militares en las calles, ya sea vestidos con su uniforme oficial o, perteneciendo a las fuerzas armadas, portando el de la Guardia Nacional. El presidente aseguró ayer desde el templete: las autoridades de Sedena están coadyuvando en la investigación y si resultan responsables militares serán castigados. ¿Investigación con dos cadáveres presentando el tiro de gracia?
¿Investigación cuando se tienen casquillos de bala de uso exclusivo del Ejército? ¿Investigación con los videos de la escena del crimen? La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el colmo de la burla al estar a cargo de una incondicional de la 4T, Rosario Piedra Ibarra, quien abonará para hacer prevalecer la impunidad.
Los pobladores de Nuevo Laredo tuvieron una reacción esperada: agredieron a los soldados y no es el primer ataque. El tono utilizado y el lenguaje corporal del general Salazar, revelan el empoderamiento alcanzado por el Ejército. Los tamaulipecos hicieron presente el grado de ira existente al soportar durante años la presencia de los cárteles, los enfrentamientos entre ellos con decenas de muertos considerados “daños colaterales”. De patrullajes y discursos tal parece ambos bandos estan cansados, hartos. Los soldados reciben órdenes encontradas y los ciudadanos sufren, padecen las consecuencias
Organismos de la sociedad civil y de la iniciativa privada han destacado: el camino para construir un México en paz no es la militarización. Por ello, llaman a la sociedad mexicana a participar y señalar las decisiones de nuestros representantes. A las instituciones les pidieron actuar respetando la Constitución, los derechos y el bien común. Ante el escenario próximo, es necesario elaborar un plan para retirar al Ejército de las calles el siguiente sexenio. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le pidieron interceder para hacer cumplir la Constitución y revertir esta militarización porque nada ni nadie debe estar por encima de la Carta Magna.
Entre las peores masacres cometidas en México durante el régimen actual destacan: en el poblado de Totolapan, Guerrero, un grupo armado acribilló a 20 personas, incluyendo al alcalde del municipio, Conrado Mendoza Almeda, así como a su padre, Juan Mendoza Acosta, quien también se desempeñó como presidente municipal de esa comunidad. La tragedia ocurrió cuando los pistoleros atacaron dos puntos distintos casi al mismo tiempo. En un principio, la masacre se le atribuyó a un grupo criminal conocido como Los Tequileros, pero una nueva versión apunta a una presunta venganza por parte del líder de la Familia Michoacana, Alfredo Hurtado, alias “El Fresa”. A la fecha no hay ningún responsable.
La madrugada del 28 de marzo de 2022 se reportó el homicidio de 20 personas durante un palenque clandestino en Zinapécuaro, Michoacán. Las víctimas, 17 hombres y tres mujeres, ejecutadas a balazos por presuntos sicarios durante una pelea de gallos.¿Y los responsables? El 28 de febrero de 2022, un comando armado asesinó a 17 personas en Michoacán, durante un funeral en la comunidad de San José de Gracia. Miembros del grupo criminal “Pájaros de la Sierra”, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, irrumpió un velorio y sacaron a los asistentes a la calle. Los formaron contra un muro y abrieron fuego contra ellos. Los cuerpos fueron retirados de la escena del crimen por los propios criminales y las autoridades llegaron casi tres horas después de ocurrida la masacre.
¿Y los responsables? Un enfrentamiento, el 25 de junio de 2021, entre grupos criminales dejó como saldo 18 personas muertas. Los hechos ocurrieron en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, zona limítrofe con los estados de Durango y Jalisco. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía de Justicia estatal, en el lugar se localizaron dos camionetas incendiadas y en el interior encontraron los 18 cuerpos calcinados. ¿Y los responsables?
El 18 de marzo de 2021, un grupo de 13 policías y agentes de la Fiscalía del Estado de México fueron asesinados en una emboscada por parte de miembros de la Familia Michoacana bajo el mando de Alfredo Hurtado, alias “La Fresa”. Durante las horas previas a la ejecución, hombres armados se presentaron a la comunidad de Llano el Grande en el municipio de Coatepec para avisarle a la gente no salir de sus casas porque “iba a haber algo”. ¿Y los responsables? La masacre de la familia LeBaron ocurrió el 4 de noviembre de 2019 cuando presuntos miembros del crimen organizado atacaron y dieron muerte a un grupo de mujeres y menores de edad pertenecientes a la familia México-estadounidense de credo mormón, en una intrincada zona de la Sierra Madre Occidental, en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, en el extremo noreste del estado de Sonora y muy cercano a sus límites con el de Chihuahua. La Fiscalía General de la República informó se ha detenido a 27 personas integrantes de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez el cual domina en esa zona. Sin embargo los LeBaron se muestran inconformes con la investigación y sus resultados porque no se muestra la autoría intelectual y en este hecho, aseguran, existe otro fondo. ¿Y el o los verdaderamente responsables?
Y la cuenta sigue…y se crea un ambiente aún más incierto al cuestionar el propio presidente el actuar de los jueces e inclusive de los ministros de la Corte señalando se estaba mejor cuando su cuate Arturo Saldivar la presidía y, la llegada de Lucía Piña ha fortalecido la corrupción. (¿¿??)
DE LOS PASILLOS
Como bomba cayó el nombramiento de Antonio del Valle como asesor del fiscal Gertz Manero, o sea de la Fiscalía General de la República pese a tener en su haber 25 carpetas de investigación abiertas por un desfalco de 15 mil millones de pesos llevado a cabo en Segalmex, en donde se desempeñó como gerente. En ese nombramiento no tuvo ningún efecto su participación como coordinador de una empresa catalogada por el SAT como “fantasma”. ¿Es este el perfil exigido y diseñado por morenistas para el nombramiento de quienes ocupan cargos públicos de alto nivel?…
Otro bombazo se dejó caer con las declaraciones del presidente asegurando era con cámaras tipo C-5 con las cuales la delincuencia vigilaba el aeropuerto de Cancún. Con sofisticada tecnología y un sofisticado sistema, los del crimen organizado observaban todos los movimientos de la terminal aeroportuaria. Lo rápido y sencillo será sentar a Alberto Capella, ex titular de Seguridad de Quintana Roo quien tuvo, por órdenes del hoy embajador en Canadá Carlos Manuel Joaquín González, la responsabilidad de montar el C-5 estatal. Como no mandarán por el ex gobernador a dar todas las explicaciones, con Capella podría caer Juan de la Luz y al apodado “topo” intermediario publirrelacionista, se le vendría la farsa encima. Lo escondido podría ser el retiro de la concesión a ASUR porque en la terminal, en el área de descarga están los motivos del espionaje… ¿qué pasará?… tal vez nada porque los Aluxes también protegen…
En reciente entrevista, Ricardo Monreal declaró: “soy un apasionado por México, y sí quiero ser presidente de México, porque estoy capacitado y porque me siento el mejor de todos, el de mejor proyecto, el de propuesta, el de ideas”. Se considera como el más insertado en los problemas nacionales, y quién puede generarle al país una propuesta para alcanzar en el futuro mejores niveles de desarrollo económico, político y social. Ha reiterado luchará dentro y con Morena porque pese a los ataques en su contra va creciendo en las preferencias de sus militantes. Aunque podría haber algún cambio ante una situación en la cual “sea perseguido, hostilizado o truqueado”. Las dos últimas ya las vivió y ¿la persecución? Esa le falta…¿y después?…
Al admitirse a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral contra la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral, el ministro Alberto Pérez Dayán concedió un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de ser notificados, para que las cámaras de Diputados y Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo y la Segob presenten su contestación. El ministro dio visto bueno a la primera fase en donde se incluyen reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales se encuentran suspendidas en Coahuila y Estado de México, por determinación del togado.
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