Desde Filomeno Mata 8
Mouris Salloum George*
1 de julio: Para el caso, no acudimos a simulaciones digitales, sino a escenarios reales: En el primero vemos que la PGR confiscó toda información relacionada con Odebrecht y sus actos facinerosos en México.
Es un asunto electoral, toda vez que es del dominio público que el corporativo brasileño habría trasegado más de 12 millones de dólares para financiar la campaña presidencial del PRI en 2012.
Segundo escenario: Según estadísticas de la Fepade (PGR), los estados con mayor incidencia de delincuencia electoral, son los de México y Veracruz.
Con la CDMX, esos estados tienen el más alto potencial de votos en la República.
Tercer escenario: El fiscal electoral (PGR) encontró recientemente que el uso de firmas falsas en operaciones de proselitismo, no tiene tipificación penal.
Los magistrados electorales -sin referirse expresamente al delito de falsificación- dictaminaron sin embargo que firmas obtenidas de copias de credencial electoral atentan contra la certeza del proceso comicial. (Certeza es evidencia y seguridad: Sólo las brinda la credencial original.)
Mayúsculas transgresiones a la certeza democrática se documentaron en los casos de tres candidatos presidenciales independiente. No obstante, dos de ellos aparecerán en la boleta electoral el 1 de julio.
Cuarto escenario: Iniciadas las campañas presidenciales, el fiscal electoral (PGR) se lanzó a los estados a firmar convenios con los gobernadores a fin elaborar un mapa de riesgos y comprometerlos a la prevención de la criminalidad electoral.
La reforma constitucional por la que se creó el INE -con facultad de regular las elecciones estatales- se explicó bajo el imperativo de impedir que los gobernadores metan las manos en los procesos en sus estados.
Quinto escenario: Esta semana, la consejera del INE, Pamela San Martín, al criticar un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias, sostuvo que violenta disposiciones constitucionales y legales en la materia.
La causa o Litis se refiere a la prohibición de que intereses empresariales se inmiscuyan en la contienda presidencial.
Secretismo administrativo en asuntos de interés público, impunidad a la delincuencia electoral, manos libres a gobernadores, tolerancia a facticos poderes económicos. A eso le llaman “normalidad democrática”. Con ese equipaje vamos hacia el 1 de julio.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
