Claudia Rodríguez
Meter miedo, socavar la integridad e intimidar y hasta criminalizar, es el gran objetivo de la presente Administración y de sus gobiernos locales a modo, así como de las supuestas instituciones de procuración de justicia.
Ahora que centenas de clientes de las cajas de seguridad de la empresa First National Security en Cancún, Quintana Roo, se advierten la mayoría violentados por la misma autoridad judicial –que a todas luces en términos legales así es porque no existió de por medio ninguna orden de un juez–, es indicativo que al Gobierno en México no le importan los llamados “daños colaterales” como enunció el ex presidente Felipe Calderón en campaña contra el narcotráfico y ahora, el mandatario Peña Nieto, con argumentos no clarificados por la autoridad para buscar en cajas de seguridad legales, algo más que patrimonio ilegal.
Pero entre tanto, como en el sexenio calderonista, ahora uno de los objetivos oscuros del presente Gobierno federal, es intimidarnos hasta lo más privado de nuestra vida.
Queda claro con estas actuaciones criminales de la autoridad, que de quienes nos tenemos que cuidar es de la delincuencia organizada en donde perfectamente se advierte la participación institucionalizada de los distintos órganos de procuración de justicia y de Gobierno.
Otro ejemplo de esta forma de inventarnos cargos y debilitarnos para no movernos, no advertir nuestros pensamientos, no opinar y no defender lo nuestro, es la poca enunciada Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada por la Suprema Corte de Justicia y vigente desde el 8 de agosto del presente, pese a que algunos legisladores de oposición al gobierno priista local, trataron de detenerla.
Esta es una norma direccionada prospectivamente para evitar que pobladores de Atenco o de otros poblados cercanos al terreno donde se edifica el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) –que en realidad se edifica en terreno mexiquense–, inhiban la construcción del mismo; para lo que se autoriza a los cuerpos policiacos mexiquenses a usar armas letales, en contra de manifestaciones, concentraciones y multitudes.
La SCJN señaló que cada caso es particular en su tratamiento por la autoridad, pero queda claro que ésta tiene ya permiso para tirar.
Así nos van quebrando con intromisiones ilegales a nuestra propiedad o nulificando nuestra capacidad de libre expresión y manifestación.
Acta Divina… Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México en vigor desde el 8 de agosto de 2017.
Para advertir… La manifestación y la libre expresión son derechos constitucionales. Regularlos es una maña del poder.
actapublica@gmail.com
