Estado de los ESTADOS
“La obediencia ciega es tan peligrosa como la desobediencia”: Efraín Gutiérrez Zambrano
- Crisis constitucional
- Lluvia de amparos vs la reforma al Poder Judicial
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2024.- Al concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador deja profundas crisis al país, las cuales deberá de resolver con urgencia su sucesora, Claudia Sheinbaum. Entre las más peligrosas, junto a la amplia inseguridad pública y los pactos rotos con los cárteles del narcotráfico, los cuales tiñen de sangre el territorio y llevan las ejecuciones a 200 mil durante el obradorato, está la crisis constitucional y democrática por los constantes desacatos del Poder Legislativo y el Ejecutivo a las suspensiones contra la discusión y la implementación de la reforma al Poder Judicial. El afán de venganza del tabasqueño contra el Poder Judicial tiene en grave riesgo a México.
Legisladores del PAN denunciaron irregularidades en la aprobación de esta reforma, por lo cual interpusieron una demanda de amparo directo en contra de la enmienda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Acusaron: “el proceso legislativo se vio manchado por la falta de legalidad y la decisión apresurada de Morena de regalar esta reforma al presidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato”. También diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron cinco amparos en contra del proceso legislativo que tuvo la reforma judicial en la Cámara de Diputados, cuando se votó en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, el pasado 4 de septiembre. Estos amparos también proponen cuestionar la capacidad de los legisladores federales de modificar la Constitución Política, al grado de trastocar la división de Poderes de la Unión.
Los diputados de MC enlistaron seis irregularidades: la primera: había tres órdenes judiciales que suspendían el proceso legislativo. Aun así, ambas cámaras del Congreso desacataron dichas resoluciones, haciendo que todo lo aprobado sea ilegal desde el inició”, subrayó la diputada Laura Ballesteros (MC); segunda: la votación se realizó en un gimnasio, sin verificar el quórum legal y con más de 10 irregularidades en el proceso, incluidas múltiples solicitudes ignoradas para validar la asistencia de legisladores”; tercero: en el proceso de votar la reforma judicial en el Senado, los senadores Daniel Barreda y Luis Donaldo Colosio estuvieron “en situaciones de riesgo”; cuarto: la votación se llevó a cabo con amenazas a varios legisladores de oposición; quinto: “en varios congresos locales, la reforma se aprobó de manera fast-track, violando los procedimientos legislativos al no seguir los tiempos y procesos adecuados para una reforma constitucional”; sexto: la reforma al Poder Judicial “también viola tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos”. “Ninguna reforma puede anular las garantías judiciales que nuestra Constitución y los acuerdos internacionales protegen”, resaltaron.
Por su parte, los diputados panistas denunciaron: “hubo grandes vicios de origen en la aprobación de la reforma judicial, vicios que pueden incluso acarrear la nulidad de la propia reforma, y ya existen precedentes de la Suprema Corte en donde sí da a lugar a la entrada el estudio de este tipo de solicitudes”, precisó Héctor Téllez Hernández. Entre las irregularidades enlistaron: la falta de un comunicado oficial para informar a los 500 diputados sobre el cambio de sede; no se corroboró el quórum en el gimnasio de la Magdalena Mixhuca; la reforma vulnera los derechos humanos en la Constitución Política y pone en riesgo la independencia del Poder Judicial; y desmejoramiento de los derechos laborales de jueces y magistrados, entre otros.
“No podemos permitir que se destruya la división de poderes, pilar fundamental de nuestra República”, insistieron. También los legisladores priístas adelantaron presentarán controversia constitucional en contra de la reforma. “Es un atraco, no es legítimo lo que están haciendo, es inoperante y hay una serie de irregularidades en el proceso”, dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Los líderes tricolores llegan tarde, pero sin sueño porque con su entrega al morenismo duermen tranquilos.
Una juez federal ordenó al director del Diario Oficial de la Federación (DOF) y al presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminar la publicación de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre. Nancy Juárez, juez Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, concedió una suspensión definitiva en la que, al considerar que la publicación de la reforma judicial y su entrada en vigor puede ocasionar daños irreparables para los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la sociedad en su conjunto, ordenó “regresar” las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la publicación de dicha modificación constitucional. La medida, indicó, permanecerá vigente hasta que la juzgadora dicte su sentencia de amparo y la misma quede completamente firme.
Y el martes pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional en la cual ordenó al INE abstenerse de implementar el proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como establece la reforma al Poder Judicial promulgada por el presidente. La medida se da luego de que el Consejo General del INE arrancó un día antes el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación, en la cual estableció la ruta para llegar a la elección del domingo 1 de junio de 2025.
También jueces y trabajadores del Poder Judicial mexicano solicitaron al INE respetar las resoluciones de dos jueces de distrito que otorgaron amparos contra la reforma judicial que obliga a la elección de juzgadores por voto popular. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) subrayó: el INE no puede ignorar estas medidas cautelares hasta que exista una determinación jurisdiccional que las modifique o una sentencia de amparo definitiva que resuelva la impugnación constitucional. Y sostuvo que debe suspenderse la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 realizada por el INE.
CUMPLIR LAS ÓRDENES JUDICIALES
Para tener un Estado de Derecho se deben cumplir todas las órdenes judiciales, y no sólo en las que se está de acuerdo, coinciden expertos, académicos, constitucionalistas, jueces, magistrados y barras de abogados. En este contexto, la magistrada María Emilia Molina de la Fuente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores (AMJ), cuestionó la actitud de los legisladores federales y locales y funcionarios del Ejecutivo y estatales adictos a Morena, quienes han hecho caso omiso a los mandatos judiciales contra la discusión, promulgación e implementación de la reforma, que nos está llevando a la ley de la selva, donde el más fuerte decide. “No podemos generar una suerte de ley de la selva, o que cada quien tome justicia por propia mano. Las personas juzgadoras tienen la facultad de determinar estas medidas, y hay, también en la ley, recursos para impugnar, que no los ejercieron”,
Por su parte, Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró grave que las autoridades ignoren las decisiones judiciales. “No es normal que los poderes públicos se pasen por el arco del triunfo las suspensiones, que el INE, le gusten o no las suspensiones, vayan a no a acatar”, observó y concluyó: “si entramos en una era en la que las decisiones judiciales son opcionales, entonces ya transitamos a un modelo donde el poder político decide qué se puede y qué no hacer”.
DE LOS PASILLOS
El viernes pasado terminaron las conferencias mañaneras del presidente, donde, de acuerdo con mediciones científicas de expertos, el inquilino de Palacio Nacional saliente pronunció en promedio 103 mentiras diarias, acumulando más de 200 mil falsedades, inexactitudes, a lo largo de su administración… El macuspano también deja muchos cabos sueltos en relación con sus nexos con organizaciones criminales, los cuales están siendo investigados por autoridades judiciales estadounidenses en el marco del juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, y de Ismael “El Mayo” Zambada, capo del Cártel de Sinaloa, quien está relacionado directamente con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con dirigentes de Morena a nivel nacional.
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