México por desventura atraviesa por una gravísima crisis en el ámbito de procuración e impartición de justicia, que nadie se atreve a resolver; ni el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menos el Fiscal General de la República se deciden a afrontar tan severo problema. A los abogados del foro independiente de la República, les incumbe un quehacer jurídico trascendental, que consiste en denunciar a los funcionarios de procuración e impartición de justicia que se encuentran ligados a la narco-política y/o a los cárteles inmobiliarios para evitar una crisis más ominosa y más peligrosa para nuestra República; la de la justicia.
Si perdurara su quebrantamiento conllevaría a un genocidio moral que conduciría a México al abismo de la abyección y sería repetitiva aquella indignidad como la vivida en la época del neoliberalismo con las desgracias que se vivieron, producto y responsabilidad de la narco-política.
En las togas de los impartidores de justicia y abogados penalistas que se atrevan a combatir ese fenómeno está la conservación y el perfeccionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, cuando se debata en nuestros recintos tan execrable fenómeno ipso facto se propiciaría la justicia que hoy Mexico requiere.
La irresponsabilidad, la falta de virilidad, complicidad, permisibilidad o ceguera jurídica de Alejandro Gertz Manero y otros más de recientes décadas, han convertido a nuestros santuarios de justicia en casas de asignación o mala nota, les corresponde a esos ignorantes, serviles y cobardes la responsabilidad penal de la crisis derivada de esa narco-política.
Aquellos del neoliberalismo y el actual Fiscal General de la República, no honraron con su misión la toga que con dignidad deberían de haber portado, ahora son por ello, los principales enemigos de la justicia, propiciadores de los aprietos a los que se alude.
México sin justicia no puede vivir y menos encubriendo a ese narco-político aún impune. La justicia debe de preservarse con el apoyo de esa ministra tan injustamente denostada, desde ya debe de actuarse contra todos aquellos que violaron y vejaron los mandamientos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y alteraron con su inercia la índole normativa esencial que señala el Código Penal Federal. El cumplimiento de esa encomienda ahora lo exige nuestro suelo patrio para evitar esa abyección, que sería su ruina; y tal cumplimiento solo sería factible si se omiten temores por parte de litigantes y funcionarios del entorno de justicia para actuar conforme a estricto derecho en contra de todos aquellos indignos.
Ninguna toga del neoliberalismo que en su momento fue servil y cómplice de la narco-política, sometida a consignas para evitar las indispensables investigaciones, pueden considerarse dignas de México, gracias a esa indignidad y servilismo, en nuestro País reina la injusticia propiciadora de esa crisis.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal
Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.
