Estado de los ESTADOS
“Sería un gobierno duro el que gravara a su pueblo con la décima parte de sus ingresos”: Benjamín Franklin
- ¿Crisis fiscal?
- Déficit público a nivel histórico: $1.10 billones en agosto
- La deuda pública alcanzó a agosto pasado $16.5 billones
- Exigen en marcha renuncia de gobernadora Evelyn Salgado
Ciudad de México, 13 de octubre de 2024.- Ante una desaceleración de la economía mexicana cada vez más evidente, entre los grandes retos de la administración de la presidentA Claudia Sheinbaum se encuentra el económico-financiero-fiscal. El jueves, la mandataria descartó una crisis fiscal y dijo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejo “finanzas sanas y presupuesto” para financiar sus obras públicas. También afirmó que el déficit fiscal de México será menor a un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año, y adelantó que para el 2025 el objetivo es reducirlo a alrededor del 3.5%, meta sumamente difícil de alcanzar. La Secretaría de Hacienda estima que dicho déficit cerrará este año en alrededor de 5.9% , el mayor en varios lustros, que ha estado asociado al gasto público destinado a grandes obras de infraestructura emprendidas por la gestión del macuspano.
Unas horas antes de esas declaraciones, el Banco Mundial (BM) confirmó la desaceleración de la economía mexicana y redujo en seis décimas sus perspectivas de crecimiento para México este año, hasta el 1.7%, como consecuencia de las altas tasas de interés y de la disminución de la fortaleza del peso. Al actualizar sus perspectivas de crecimiento con respecto a los datos publicados en junio, bajó también seis décimas el crecimiento prevista para 2025, hasta el 1.5%, datos por debajo de la media de la región. Esto como consecuencia, explicó William Maloney, economista jefe para la región de América Latina y el Caribe del BM, de “las tasas de interés más altas, la disminución del fortalecimiento del peso y a cierta disminución de la inversión”.
La SHCP reportó que el déficit público, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se ubicó en niveles no vistos desde que se tiene registró: entre enero y agosto pasados, fueron de 1.10 billones de pesos, un crecimiento de 53% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El nivel de endeudamiento es el mayor que se reporta para un periodo similar desde 2008, cuando se empezó a llevar registro de este indicador. La promesa de AMLO de no endeudar al país no se cumplió, los RFSP muestran un nivel incluso mayor a años donde hubo crisis económica, resaltó la organización México Evalúa, quien destacó: frente al 2018, es tres veces superior: 203% en términos reales. El gobierno no se había endeudado tanto como en este año, ni en la crisis económica y sanitaria por el Covid-10, ni en la crisis financiera de 2008. Este endeudamiento se dio para que el gobierno anterior de la 4T lograra terminar con las obras prioritarias en infraestructura, como el ecocida proyecto del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, que aún no refina gasolina.
Frente al elevado déficit, el Saldo Histórico de los RFSP –la deuda en su medida más amplia- mostró un incremento en comparación con el año pasado. A agosto pasado, la deuda se ubicó en un nivel de 16.5 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 11.5% en comparación con el mismo mes del año pasado. De este monto, 12.33 billones de pesos correspondieron a deuda contratada en moneda nacional, mientras que 4.2 billones de pesos correspondieron a deuda contratada en el extranjero. Este año, el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión es de 1.9 billones de pesos en el mercado interno, mientras que para el endeudamiento externo lo autorizado fue por 18,000 millones de dólares.
En materia económica, el reto inmediato de la administración de Sheinbaum es disminuir, el siguiente año, los RFSP a un nivel estable, entre 3 y 3.5% del PIB mediante una “consolidación fiscal”, ya sea aumentando los ingresos presupuestarios, reduciendo el gasto público o mediante una combinación de ambas medidas, considera el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), quien destaca la necesidad de una reforma fiscal integral que mejore la efectividad recaudatoria y promueva la equidad fiscal. Medidas alternativas pueden incluir aumentar impuestos específicos y/o reducir la informalidad, pero tal vez no sea suficiente. Los especialistas coinciden en que CSP no implementará una reforma fiscal a pesar de las grandes presiones en el gasto público e incluso con recortes en éste será difícil disminuir el déficit a 3% del PIB como se busca para el siguiente año. Los analistas advierten: “si el gobierno federal recorta el presupuesto entre 700 mil millones de pesos y un billón de pesos, lo que se requiere para bajar a la mitad el déficit, la economía desacelerará aún más de lo proyectado hasta caer en un probable decrecimiento”.
El CIEP estima que con la conclusión de las obras emblemáticas, así como un recorte en las tasas de interés promedio, podrán reducir el déficit público en 1.1% y combinado con un incremento en la recaudación en 0.8% del PIB por un combate a la informalidad, así como menor costo financiero, no sería suficiente para llegar a 3% del PIB. “Para una consolidación fiscal efectiva y sostenible, es necesario llevar a cabo un reforma fiscal integral, con discusiones sobre la base tributaria y sobre mejoras en la eficiencia del gasto”, insistió el CIEP.
DE LOS PASILLOS
En calles de Chilpancingo, el jueves se replicó a gritos y con pancartas la exigencia de justicia por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalá, quien fue decapitado el 6 de octubre, pero también que la gobernadora de Guerero, Evelyn Salgado, presente su renuncia al cargo al que llegó hace tres años. Vestidos de blanco, alrededor de 3 mil manifestantes realizaron la caminata desde el Parque Margarita Maza de Juárez, pasaron las avenidas Insurgentes y Juárez, y finalmente llegaron al Zócalo, exigiendo “¡Justicia, justicia! Fuera la Gobernadora”.
La suspensión de labores en todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal el jueves cumplió 50 días, desde que se decretó, y ya ha frenado la apertura de más de 175 mil casos nuevos de todas las materias y ha paralizado más de un millón que se encontraban en curso. Los daños significativos incluyen cambios de medidas cautelares no ejecutadas, víctimas que no han podido recibir sus apoyos, profesionistas que ya perdieron un examen por una suspensión no dictada, extradiciones en el limbo y procesos congelados de grandes y posibles casos de corrupción.
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