Estado de los ESTADOS
“Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz”: Irene Khan
- Crisis humanitaria inocultable
- Diferencias no diplomáticas entre CS y Petro
- Gro: normalistas atacan instalaciones militares
- Mentiras e impunidades sellan régimen de la 4T
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2025.- La profunda crisis de derechos humanos resentida en México, con más de 133 mil desaparecidos, tiene ya repercusiones internacionales. La desaparición en la Ciudad de México y luego confirmación de la ejecución de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, cuyos cadáveres fueron encontrados el lunes en el Estado de México, llevo a la canciller de Colombia, Yolanda Villavicencio, a exigir en Nueva York a las autoridades mexicanas, representadas por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, “celeridad en las investigaciones y el esclarecimiento” de esos homicidios. De la Fuente asumió el compromiso de colaborar a través de las autoridades judiciales en el esclarecimiento del doble crimen. La mandataria federal ordenó las pesquisas, con lo cual le dio la vuelta al asunto, aunque tratándose de lo dicho por Gustavo Petro, ligándola con la lucha del M-19, fue suficientemente explicita señalando hasta la diferencia de edades y negando su participación en cualquier grupo armado o guerrillero.
Los cadáveres de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera Lemos, cuyo nombre artístico es Regio Clown, fueron localizados en un paraje cercano a una carretera en Cocotitlán, Estado de México, con signos de violencia y un mensaje del grupo criminal la Familia Michoacana, la cual opera en esa zona. Tras enterarse de las ejecuciones, Petro señaló en X: “mafia internacional” está fortalecida “por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina”. No pudo ser más claro con relación a la participación de estos grupos criminales. No debería tardar mucho la investigación pues, en la zona en donde se les vio por última vez, el 16 de septiembre en la 5ª. Avenida mexicana, Presidente Masaryk, en Polanco, está saturada de cámaras y no solo las conectadas al C-5 sino las de la cadena de negocios en toda esa colonia
La crisis de desapariciones en México tiene ya repercusiones internacionales. El fin de semana, familiares de personas desaparecidas y 127 organizaciones de la sociedad civil urgieron al gobierno federal a colaborar con el Comité contra las desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, luego de que este órgano activó el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para atender la situación de México. De acuerdo con el comunicado del CED, el jueves 18 de septiembre México debía remitir el informe solicitado sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en su territorio. Desde 2012, el CED recordó ha emitido 773 acciones urgentes, la cifra más alta para cualquier Estado parte. Existen más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en instalaciones del gobierno y cientos de miles de fragmentos óseos. Además, las desapariciones continúan. En el año de 2024 ocurrían a un ritmo de 26 al día, en el primer semestre de 2025 han aumentado a más de 45 personas desaparecidas diariamente.
Sin embargo, el gobierno mexicano reiteró su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable. En respuesta al Comité de la ONU, el régimen dijo está trabajando con colectivos y familiares de desaparecidos en el marco de nuevas iniciativas de ley para atender integralmente este flagelo; incluidas las víctimas indirectas. La realidad, las manifestaciones de los miles de familias exigiendo la aparición de sus hijos, esposos, hermanos, tíos, padres, etcétera, choca contra ese discurso presente en las declaraciones de la escalera barrida de arriba para abajo.
ENTRE MENTIRAS E IMPUNIDAD
La mañana de ayer dio muestras de la capacidad de mentirle a la titular del Ejecutivo Federal y, por ende, la cadena hasta llegar a la ciudadanía. No conformes se comportan de manera insensible, como si no fueran seres humanos a quienes se pretende gobernar. Las afirmaciones del subsecretario de Salud, Eduardo Clark, señalando tiene cubierto hasta en un 93 y 96 por ciento la demanda de medicamentos en el IMSS, el IMSS-Bienestar y las clínicas del gobierno, es una abierta mentira. “Casualmente” la empresa a la cual le asignaron la entrega de gasas no cumplió con el 100 por ciento del contrato y, por ende, las denuncias de la falta de este material en los nosocomios en donde se encontraron las víctimas de la explosión de la pipa en el puente La Concordia, no marcan responsabilidad para el gobierno, sino para la empresa contratante.
Lo mismo pasa con las medicinas contra el cáncer. Se justifican con los incumplimientos como si no estuviera en sus manos cancelar estos contratos por las faltas a los renglones de los contratos, pero además, no se trata de tabiques, de costales de cemento, de varillas, de papel sanitario, de plumas, lápices, computadoras, papel de impresión o coches blindados, sino de productos con los cuales se preservan las vidas, se recupera la salud, se evita sigan cargando con tanto cadáver debido a las negligencias iniciadas con el célebre “doctor Muerte”, a quien se le deben adjudicar las muertes de los menores a causa de sarampión, al negarse a adquirir las vacunas suficientes y necesarias. La insensibilidad y el desorden aparecen en este sector, y no se repara en mantener con engaños a la mandataria federal, sino pretenden hacerle creer a la población, a quienes sufren día con día la desatención médica y la falta de medicamentos, son los amos de la eficiencia.
La realidad enfrenta cara a cara a estos discursos y afirmaciones. En Baja California, en Mexicali, los habitantes pusieron una manta en la entrada del hospital regional solicitándole medicamentos a las organizaciones criminales operando en la entidad. Esta es la muestra más clara de la forma en la cual ya ve la ciudadanía a estos grupos a quienes les considera mayor poder de acción y reacción, así como de atención que los gobiernos: municipal, estatal y, obviamente, al federal. Como antecedente a esta acción se tiene la solicitud a estos criminales para permitirles entrar a las zonas por ellos dominadas para buscar a sus familiares en las fosas clandestinas detectadas. Ni que decir de agradecer las ayudas en despensas gigantes y suficientes durante la pandemia de Covid. Todo esto lo ha perdido el gobierno ¿y ahora? Ni en los tiempos de mayor éxito en la entrega de medicinas, se alcanzaron esos porcentajes y ahora sin contar con cadenas de distribución tales cifras son una perversa burla.
No fue esa, por desgracia, la única mentira. Arturo Zaldívar se encargó, de nuevo, de defender la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo y su posición más criticable rodea la afirmación de estar pensada para “beneficio del pueblo”, cuando la realidad demuestra la eliminación de la defensa más seria de los ciudadanos contra los abusos del gobierno. Con esta iniciativa busca el gobierno blindarse de todas sus decisiones, afectase a quien se afecte, gústele a quien le guste. Este impresentable funcionario no parece conocer sobre las grabaciones de sus intervenciones, de las realizadas cuando, su defensa del Amparo era amplia y, en efecto, servía a la ciudadanía. Morena cumplió: transformó a los priistas en morenistas, a quienes mantenían una conducta aceptable en enriquecidos mentirosos, a los jodidos en millonarios, a los ignorantes en magnates y gobernantes y habrá de investigarse si así se concibió la transformación.
La impunidad se reflejó en su totalidad y fuerza dentro de la 4T al determinar no sean revelados los bienes de Hernán Bermúdez Requena. La orden provino de los juzgados tabasqueños y seguramente le serán incautados y puestos a la disposición del grupo. Su silencio, se cree, será un salvoconducto, tanto personal como familiar. Se pueden añadir cientos de nombres, de gobernadores, alcaldes, funcionarios municipales, estatales federales, líderes de sus organizaciones, entre muchos otros.
DE LOS PASILLOS
Normalistas de Ayotzinapa atacaron las instalaciones de la 35 Zona Militar de la capital de Guerrero, como parte de sus movilizaciones a unos días de que se cumplan 11 años de la desaparición de sus 43 compañeros en Iguala. Un grupo de jóvenes llegó hasta el frente de la zona militar y realizó pintas en la fachada de las instalaciones. Otro grupo encapuchado comenzó a arrojar petardos y bombas molotov en el interior del recinto; en respuesta, los militares arrojaron bombas de gas lacrimógeno hacia el exterior donde se encontraban los normalistas, lo cual provocó se dispersará el grupo de manifestantes… En Quintana Roo, ligaron al líder nacional de la CROC, Isaías González Cuevas, al crimen cometido en contra del estatal Mario Machuca, aparecen también involucrados el líder de esa organización en Solidaridad y el chofer de la víctima. El fiscal quintanarroense Raciel López, posición de los del Verde, deberá responder en tiempo y forma.
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