* En 2016 fue inaugurada en el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, una planta de tratamiento de residuos sólidos a la que se le inyectaron recursos del gobierno del fallecido, Rafael Moreno Valle y del gobierno federal, a través de la SEMARNAT donde era entonces subsecretario el ahora candidato a diputado federal de Morena por Tula; de forma sospechosa, operadores del político hidalguense aparecieron dirigiendo la empresa PRO-FAJ que en una irregular licitación, obtuvo un contrato por 30 años con 23 ayuntamientos poblanos, algunos de los que ahora denuncian el contenido leonino de los acuerdos y piden se cancelen por múltiples irregularidades
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez/@ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
En 2016 y siendo Subsecretario de Fomento de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el político hidalguense del Verde Ecologista, Cuauhtémoc Ochoa, apareció de pronto en el ámbito oficial de Puebla, al lado del entonces gobernador panista, Rafael Moreno Valle, inaugurando una planta de tratamiento de desechos en San Pedro, Cholula, que a la distancia configuran uno de los tantos fraudes cometidos al amparo de las supuestas políticas ecológicas.
La firma PRO-FAJ Hidro Limpieza S.A de C.V, fue la ganadora de una concesión por 30 años otorgada por el gobierno poblano, para instalar y operar una planta de tratamiento de residuos, a través de una licitación pública que hasta la fecha es considerada como una encubierta adjudicación directa pues tanto autoridades locales como federales, acomodaron los requisitos de tal manera que la empresa favorecida no tuviera competidor que le hiciera sombra. Al frente de la flamante compañía aparecieron como directivos, operadores del entonces funcionario federal y hoy candidato de Morena a diputado federal por Tula.
CON LA MESA PUESTA
En lo que puede considerarse un fraude perfecto, PRO-FAJ tuvo todos los recursos a su alcance sin desembolsar un peso. Por ejemplo, el terreno de cinco hectáreas fue donado por el gobierno de Moreno Valle lo mismo que parte de la maquinaria. Y de hecho la SEMARNAT destinó 80 millones de pesos de recursos federales para completar su equipamiento.
El negocio no pudo ser más redondo porque la concesión a 30 años incluyó contratos pactados, por lo menos, con 23 municipios del estado que fueron obligados a firmar por el gobernador con la nueva empresa, mismos que pagan hasta la fecha una determinada cantidad por cada tonelada de basura que es descargada en la planta, cuya capacidad de procesamiento es 500 toneladas de desechos, lo que da una idea de lo rentable de uno de sus tantos ingresos.
No pocos alcaldes entendieron que detrás de la rentable compañía estaba el propio Moreno Valle, en acuerdo con el Subsecretario de la SEMARNAT.
Por todos lados había ganancias: en el reciclamiento del PET, del cartón, vidrio, metal y otros rubros. Todo caía, y sigue cayendo en esta planta de reciclamiento, donde en un principio apareció como apoderado legal Alberto Saucedo Loza, encargado de firmar los convenios con los municipios y quien todo indica, salió distanciado con el aspirante a diputado federal. De hecho, para los trabajadores es todavía un misterio saber quién dirige realmente la empresa pues hace un par de años se ostentaba como Directora, Isabel Sánchez, una cercana colaboradora de Cuauhtémoc Ochoa, originaria de Guadalajara y a la que el político hidalguense prometió una regiduría del PVEM en ése municipio.
Muchos solo se enteraron de su existencia y cargo a través de los medios de Puebla, pero físicamente nunca la conocieron; esto, como parte de la infinidad de misterios que han protegido la identidad de los verdaderos dueños, pues como esta investigación pudo constatar, en el acta constitutiva de PRO-FAJ, el escurridizo Cuauhtémoc Ochoa no figura, pese a haber sido visto en incontables ocasiones en Cholula, dando instrucciones a sus subalternos.
Tras la llega del nuevo gobernador, el morenista Miguel Barbosa, el contenido de los contratos leoninos de la empresa con diversos ayuntamientos han comenzado a aparecer. Nuevos alcaldes como el de San Andrés Cholula, en voz de secretario municipal, Sergio Mirón Terrón, exigieron en julio del 2019 a la empresa el retorno de 75 millones de pesos que cobró de manera ilegal en el tiempo que prestó sus servicios.
La nueva alcaldía detectó que el ex edil, Leoncio Paisano firmó un contrato con la empresa incluso antes de que el Congreso Local aprobara la concesión. El asunto es tan grave que el ex Presidente Municipal fue detenido hace un par de semanas por el delito de fraude. Y todo apunta que esto será la punta de la madeja que permitirá conocer las innumerables irregularidades del planeado fraude.
TODOS FELICES Y CONTENTOS
La fotografías y videos tomados el 23 de febrero del 2016 no pueden ser más elocuentes: felices cortando el listo inaugural de la planta, recorriendo las instalaciones y dando mensajes desde un vistoso y montado escenario, aparecieron el gobernador Rafael Moreno Valle (q.e.p.d), el entonces titular de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano y el Subsecretario de esa dependencia, Cuauhtémoc Ochoa.
Presentado por el entonces gobernador como un “proyecto de gran innovación a nivel nacional con las más avanzadas tecnologías”, Pacchiano agregó que para el gobierno federal era motivo de orgullo “entregar obras de infraestructura que garantizan estas condiciones básicas indispensables” para evitar contaminación.
Ochoa, en su calidad de Subsecretario, aseguró que en el país es alto el porcentaje de desechos no procesados, “ese 67 por ciento que no se recicla en muchas ocasiones –dijo–, se maneja de manera inadecuada y genera problemas al medio ambiente”. Empero, la dotación de retórica ambientalista ocultó el por qué una empresa privada había obtenido tal ventajosa concesión por 30 años y financiamiento estatal y municipal.
Pero la empresa manejada por los operadores del verde ecologista ahora transformado en morenista, no solo tiene negocios en Puebla, como hábil traficante de poder, el entonces Subsecretario logró acomodarle contratos en municipios como Durango, capital; en Naucalpan, Estado de México.
Y en fecha más reciente, con el gobierno de la CDMX, propiamente con la Dirección de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, dependencia con la que el nuevo representante legal de PRO-FAJ, Andrey Nitgard Cruz Hernández, firmó un convenio de prestación de servicios por 5 millones 911 mil pesos, el pasado 21 de agosto del 2020. Se sabe que incluso la firma buscó acercamientos con el nuevo alcalde de Pachuca, el priísta Sergio Baños, quién desechó cualquier trato.
El reciclado candidato que ya buscó el mismo cargo al que ahora aspira, en 2018 por el V
Distrito de Tula, cuando contendió entonces bajo las siglas de la alianza “Todos por México”, por el PRI, el PVEM y el PANAL. Hábil, trató entonces de jugar a dos bandas pues mientras prometía políticas asistenciales a los discapacitados, sus operadores de PRO-FAJ Hidro Limpieza, llevaban de tour a su planta de Puebla a los regidores del ayuntamiento Tuleño, para ir acondicionando el terreno y convencerlos de destinar 300 millones para instalar una planta similar, cercana a la Refinería de Pemex. Nadie se imaginaba que el político quería cerrar la pinza de sus negocios al amparo del cargo legislativo. Entonces, y ante el embate morenista, perdió y sus planes quedaron detenidos.
Ahora se entiende por qué el ex verde ecologista busca denodadamente ser diputado federal por Morena para continuar traficando con el poder en su beneficio y el de sus socios, pues lo que menos le importa es ayudar a resolver los problemas de los habitantes de Tula y sus alrededores, a quienes trata de sorprender pidiendo su voto, apareciendo como un hombre honesto y de convicciones de izquierda. Nada más alejado de la realidad.
