Guillermo Portugal Vela
Los resultados de la pasada consulta del 23 y 24 de febrero pasado convocada por la administración de la Cuarta Transformación fueron de “un 59.5 por ciento” en favor del Proyecto Integral de Morelos (PIM) y en oposición el restante porcentaje; sin embargo, el Estado mexicano “no respeto” la Declaración vinculante de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales del 28 de septiembre de 2018 donde se destaca:
“Antes de aprobar y aplicar políticas y otros procesos de adopción de decisiones que puedan afectar a los campesinos y otras personas rurales, los estados celebraran consultas y cooperaran de buena fe con estos actores, por conducto de sus representantes, dialogando con los afectados de las decisiones, antes de ser adoptadas, y obteniendo su apoyo y sus contribuciones, tomando en cuenta los desequilibrios de poder entre las partes y asegurando una participación activa, libre e informada de las personas y los grupos en los procesos conexos de adopción de decisiones”.
En este contexto sobre el pueblo de Miguel Anenecuilco en su “larga lucha callada y terca en defensa de la propiedad de sus tierras” como dice Sotelo Inclán y el paralelismo del avasallante megaproyecto del PIM que incluye la termoeléctrica de Huexca, el gasoducto interestatal de Morelos, Puebla y Tlaxcala y el acueducto entre Cuautla y la citada planta; es pertinente señalar, más allá del adjetivo de “radicales de izquierda” que denostó el presidente López Obrador hacia los opositores del megaproyecto; que los pueblos exijan el cumplimiento de esta declaración y otras como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
